Hace más de cinco años, en junio de 2011, Marcelo Pedro Hernán Martínez de Giorgi comenzó a intervenir en la investigación de los fondos del ministerio de Planificación de Julio De Vido destinados a los planes de viviendas de las Madres de Plaza de Mayo, la fundación que preside Hebe de Bonafini. Allí se cruzaron sus caminos por primera vez y eso le abrió las puertas para recibir el expediente de "Sueños Compartidos" de manos de la Cámara Federal.

Ayer le dijo al diario La Nación que ordenó la detención de la titular de la Fundación porque no puede hacer "una excepción". "Es lo que ocurriría en cualquier caso" similar, señaló y no descartó que luego de que preste declaración indagatoria la dirigente quede detenida. "Ella fue citada bajo apercibimiento de ser declarada rebelde y decretar su captura, y eso es lo que estamos haciendo", explicó.

MÁS DE TRES DÉCADAS EN LA JUSTICIA

Porteño, 50 años, cultiva un perfil bajo, al punto que se conocen pocas imágenes suyas pese a que lleva más de 30 años de carrera en el Poder Judicial, cinco antes de recibirse de abogado en la Universidad Kennedy, en 1990.

En 1991 ingresó como auxiliar a un Juzgado Criminal ordinario de la Capital Federal y pasó a trabajar en la Cámara Federal. En 2001 lo designaron secretario de la Sala II, que en ese momento integraban Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi.

Con un posgrado en Derecho Penal en la Universidad de Palermo, en 2001 comenzó a ejercer la docencia en la cátedra de Carlos Elbert en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Durante cuatro años fue subrogante a cargo de dos juzgados federales en lo Criminal y Correccional y en 2006, tras la renuncia del juez Jorge Urso, el Consejo de la Magistratura lo designó para que asumiera como juez subrogante en el Juzgado Federal N°8. Dos años después, Martínez de Giorgi comenzó a subrogar también el Juzgado Federal N° 2. En 2012 obtuvo por concurso la titularidad del Juzgado Federal N°8.

AQUELLOS DÍAS SENSIBLES CON EL KIRCHNERISMO

En la última década tuvo en sus manos causas sensibles aunque los resultados muestran que no se trató abiertamente de un enemigo del kirchnerismo. Aunque lejos del perfil de Norberto Oyarbide o del propio Rodolfo Canicoba Corral, en agosto de 2010 pasado sobreseyó a Cristina y Néstor Kirchner por la creación de la consultora privada El Chapel al entender que "no había incompatibilidad entre la Presidencia y la empresa familiar".

Al año siguiente, hizo lo propio con el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime en una causa en la que se investigaba si había favorecido a las empresas de colectivos para que pudieran seguir usando colectivos con antigüedad antirreglamentaria. Absolvió también al titular del ex Comfer,Gabriel Mariotto, por la compra de una presunta FM "trucha".

A fines de 2014 procesó al fiscal Carlos Gonella y citó a indagatoria al ministro de Justicia, Julio Alak, como sospechoso del delito de incumplimiento de sus funciones por su gestión cuando era director de Aerolíneas Argentinas, en 2008.

En 2011 citó por presunta administración fraudulenta en la venta de un frigorífico a la a ex ministra de Economía, Felisa Miceli, quien había dejado el Gobierno en 2007 por el escándalo de las bolsas con dinero en el baño de su despacho.

Otra de sus causas resonantes fue el procesamiento por peculado a Carlos Menem, Domingo Cavallo, María Julia Alsogaray y Raúl Granillo Ocampo, a quienes les trabó embargos millonarios

¿CON LA MISMA VARA?
 

La abogada Graciana Peñafort publicó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter que no tardó en viralizarse. Allí marcaba el contrapunto con la actuación de Martínez de Giorgi cuando investigó la causa por el Megacanje, la maniobra que terminó con un aumento de la deuda externa del país en 55 mil millones de dólares.

El ex secretario del tesoro de los Estados Unidos David Mulford era uno de los acusados y faltó a su declaración indagatoria cuatro veces seguidas. Recién en 2012, once años después de comenzada la causa, el juez pidió la captura internacional del ex funcionario. 

"La indagatoria es un acto de defensa; si la persona no quiere declarar, no lo hace y está en todo su derecho. Dada la edad y la circunstancia, bien puede el juzgado constituirse en donde se encuentre la persona, imponerla del derecho a defenderse y preguntarle si quiere declarar. Si la persona se niega a declarar, se hace un acta, se hace constar eso y se termina la cuestión", comentó Eugenio Raúl Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.