Concordia parece ser el epicentro entrerriano del escándalo de corrupción por la venta de medicamentos a personas fallecidas en el PAMI. Los allanamientos realizados el miércoles dejaron al descubierto que la red de complicidades involucra a los hospitales, médicos y farmacias de la ciudad. 

El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, realizó esta semana múltiples allanamientos en el marco de la causa que investiga una supuesta red que vendía medicamentos a afiliados fallecidos. 

Los procedimientos tuvieron lugar en dos hospitales públicos de Concordia (Felipe Heras y Ramón Carrillo), la oficina de gestión local del PAMI y el consultorio de un médico de cabecera de la ciudad, según indicaron fuentes judiciales. 

Por orden del magistrado, agentes de la Prefectura Naval Argentina se llevaron computadoras, expedientes y documentación, fundamentalmente aquellos expedientes sobre medicamentos por razones sociales y relacionados con el programa para la atención de diabéticos. También incautaron el padrón de afiliados diabéticos y de la respectiva alta de los afiliados involucrados que aparecían en el padrón del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. 

En el Hospital Felipe Heras, en tanto, llamó la atención el secuestro del legajo del médico involucrado, que atendía en el Hospital Felipe Heras, “un médico generalista que hacía guardias”, según dijo la titular del nosocomio, Blanca Graciela Chiappa, quien se negó a revelar la identidad del profesional en cuestión. 
 

MOTIVOS 

La investigación surgió a partir de una denuncia promovida por el nuevo gobierno. Después del cambio de administración en el PAMI, las nuevas autoridades dispusieron llevar a cabo una auditoría que arrojó un dato escandaloso: se descubrió que la institución daba recetas, desde el año 2013, a miles de jubilados ya fallecidos que hacían compras de los medicamentos más caros del mercado. Los más requeridos eran las tiras reactivas y la insulina, pero se han detectados casos de personas que aparecen con más de 20 recetas por mes de un mismo medicamento y que además fueron compradas en farmacias de cinco provincias diferentes. 

“Ya detectamos 7.500 personas fallecidas que aparecen con la compra de medicamentos con descuento parcial o total del PAMI. Y esto pasó porque no hubo controles internos, no se cruzaba el padrón de afiliados con el registro de fallecidos, había médicos que fraguaban las recetas o les fraguaban las recetas y en muchos casos había connivencia de las farmacias y hasta de la propia industria”, explicó el titular de la obra social, Carlos Regazzoni, quien apuntó que esos remedios eran luego revendidos en el “mercado negro” a clínicas y farmacias, en un circuito que se realimentaba y crecía mes a mes, generando un perjuicio millonario al PAMI. 

En el caso del expediente que tramita ante la Justicia Federal de Concepción del Uruguay, se investiga la prescripción espuria de recetas y la provisión ilegal de tiras reactivas costeadas por el PAMI en el período comprendido entre los meses de enero de 2014 a noviembre de 2015, que se habría perpetrado en el ámbito de la provincia de Entre Ríos a través de las farmacias “Mutual Mecánica Solidaria”, “Pasteur” y “Del Hípico”, todas ellas ubicadas en la ciudad de Concordia. 

La causa surgió a partir de una denuncia de la Unidad Fiscal de Investigación PAMI, bajo la órbita de la Procuración General de la Nación, luego de que se detectaran 1.133 casos de afiliados a lo largo del país que, a pesar de haber sido dados de baja por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por fallecimiento, registraban el consumo de 23.630 unidades de insumos (tiras reactivas). De hecho, dos secretarios de la unidad participaron de los allanamientos realizados en Concordia. 

En la denuncia presentada por la UFI PAMI se advierte además que “para llevar a cabo estas conductas, en las farmacias involucradas se habrían utilizado los troqueles que posee cada una de las cajas de tales accesorios, y se los insertó en los recetarios cuestionados, a los efectos de su posterior proceso de facturación”. 

EL DATO 
1.500 
millones de pesos es la estimación que hizo el PAMI sobre el perjuicio por el pago de medicamentos adquiridos a nombre de afiliados fallecidos.