Los marcos regulatorios del gas y de la electricidad estipulan que el ENRE y el Enargas, los entes reguladores que controlan a ambos sectores, deben fijar cada cinco años nuevas tarifas por idéntico período. En los dos casos, además, deben proveer a las empresas ingresos suficientes para satisfacer los costos operativos y una "rentabilidad razonable".

El subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, Andrés Chambouleyron, es el encargado de unificar la propuesta, pero varios funcionarios tienen voz con respecto al futuro manejo de las tarifas.

Parte del equipo de energía cree que hay que mantener la revisión integral cada cinco años, algo que consideran el ideal. Pero pondrán también "paradas intermedias", como lo definieron miembros del equipo de trabajo.

No está claro cuál será el nuevo mecanismo de ajuste. Hay funcionarios que esperan que esté a mitad de camino entre la revisión de costos locales y la evolución del dólar, para que las empresas puedan endeudarse con vistas a ampliar su infraestructura. Pero todos están de acuerdo en que no se tomará el Price Producer Index (PPI), que mide la inflación industrial de Estados Unidos y era la referencia para los ajustes que se estableció durante los 90.

Junto con los mecanismos para garantizarles mayores ingresos, el modelo en el que trabaja el Gobierno contempla también trasladar mayores responsabilidades a las empresas, en comparación con lo que ocurrió en las diferentes administraciones Kirchner. El argumento: cuando el Estado se encargaba del sostenimiento económico de las empresas porque no les daba tarifas, tampoco les exigía demasiado. El equipo energético quiere que cambien ambas cosas.

El futuro de las tarifas de la luz y el gas no será idéntico. Más allá de los ajustes que se aplicarán, algo que aún no fue informado oficialmente, está confirmado que las facturas de la luz comenzarán a llegar una vez por mes (en lugar de la actual frecuencia bimestral) para reducir el impacto de las subas sobre los bolsillos.

En el caso del gas, sin embargo, esa idea parece impracticable. Como el consumo de cada hogar aún se mide manualmente, las empresas no tienen la capacidad de tomar la medición una vez cada treinta días. Se analizan caminos intermedios. Por ejemplo, que la factura continúe llegando bimestralmente, pero con dos cupones, para pagar uno cada mes.

Dos fuentes oficiales consultadas sostuvieron, además, que una vez que estén recompuestos los ingresos de las empresas hasta garantizarles su sustentabilidad, el Gobierno deberá avanzar en alternativas de ajustes de tarifas que incluyan la realización de audiencias públicas, en las que diversos actores vinculados a los servicios públicos den su opinión.

Si bien no son vinculantes, esas convocatorias tienen varias razones de ser: por un lado, así lo estipula le ley. Pero además constituyen uno de los pocos documentos que el Gobierno puede tener para responder a posibles medidas cautelares contra los aumentos, un clásico de las organizaciones que defienden a los consumidores cada vez que hay ajustes en las facturas.