La Asamblea Ciudadana Concordia y la Asamblea Popular Ambiental Colón-Ruta 135 presentaron ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay una solicitud de investigación penal frente a las consecuencias de la inundación que sufren las poblaciones costeras del Río Uruguay. Quieren saber si hubo “negligencia” de la Comisión Técnica Mixta (CTM) en los estudios previos a la creciente. Así lo confirmó el integrante de la Asamblea de Colón, Horacio De Carli.

"Ya que se conocía con gran anticipación la gravedad"
La presentación se realizó “ante la inquietud de quienes se preguntaban si se hubieran podido atenuar esas consecuencias, ya que se conocía con gran anticipación la gravedad de lo que se avecinaba por la magnitud de las precipitaciones y la extensión del área afectada”, dijo el asambleísta.

“Analizando el comportamiento de los niveles de la represa, viendo los parámetros de generación de la represa y por lo menos viendo los caudales del río, interpretamos que la represa priorizó la generación de energía sobre las posibilidades de que con toda el agua que ya estaba prevista que viniera, las consecuencias ambientales que traerían los aguaceros río abajo”, contó.

Y recordó que la Comisión Técnica Mixta tiene información que incluye “parámetros de pronósticos largos, no son improvisados”. De Carli acotó a su vez que “retuvieron demasiada agua muy sobre las lluvias y tuvieron que inundar muy rápidamente la cuenca debajo de la represa, se podrían haber manejado de otra manera", indicó el integrante de la Asamblea, quien reveló que "a principios de diciembre hubo record de generación de energía”.

La denuncia está firmada por algunos integrantes de estas dos entidades, consignó APF, aunque De Carli afirmó que el tema fue muy debatido y la decisión es de ambas asambleas, más allá de las personas físicas que firmaron la denuncia.

"Privilegian sus propios intereses económicos"
“Consecuentes con la posición sustentada por las Asambleas referida a que los Estados y/o grupos de poder, en este caso Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (C.T.M.) con la producción de energía, privilegian sus propios intereses económicos antes que la salud o cuidado de las poblaciones ribereñas que terminan sufriendo los perjuicios”, fustigó.

También indicó que “luego de realizar consultas con damnificados directos, instituciones y ciudadanos encontrados en las diversas actividades solidarias realizadas, se decidió efectivizar la presentación mencionada a fin de que la Justicia determine si hubo negligencia de la C.T.M. en el accionar previo a la catástrofe”.

“Si así hubiera ocurrido, hechos de esta índole no deben repetirse ni tolerarse. Investigar y exigir los fundamentos de las decisiones tomadas durante el período crítico previo al pico registrado es urgente, máxime conociendo los pronósticos meteorológicos que anuncian la continuidad de un verano donde la corriente de El Niño se seguirá manifestando con fuerte intensidad”, finalizó De Carli.