La jueza federal Sandra Arroyo Salgado dictó el procesamiento y prisión preventiva de los hermanos Claudio Raúl Tortul y Marcelo Javier Tortul como organizadores de una asociación ilícita, cohecho activo (pago de coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública. Además, les trabó embargos de 30.000 millones de pesos a cada uno.

La magistrada también procesó a funcionarios que integran o integraban cargos gerenciales en Enersa. En el caso del ingeniero Alejandro Cis, gerente del Sector Logística de la empresa provincial de energía, lo imputó los delitos de violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública y, en el caso de Cis, también por cohecho pasivo, es decir, haber recibido sobornos; y le trabó un embargo de 1.000 millones de pesos, aunque permanece en libertad.

También fueron procesados Marcelo Morales, gerente de Asuntos Legales de la empresa de energía e hijo del ex procurador general Héctor Daniel Morales; y Juan Carlos Pimentel, gerente del Área Generación e Innovación Tecnológica en representación del Sindicato de Luz y Fuerza. Los imputó por los delitos de violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública; y también trabó embargos por 100 millones de pesos sobre los bienes de cada uno.

Arroyo Salgado señaló que los hermanos Tortul habrían conformado una asociación ilícita a través de la cual se habrían pagado coimas por 7,6 millones de dólares, al menos entre 2013 y 2018, mediante la utilización de empresas fantasma.

En esa hipótesis, la magistrada sostuvo que Claudio Raúl Tortul y Daniel Eduardo Carbonell crearon la empresa Tornell SA –un acrónimo de sus apellidos– para disimular en la contabilidad de Securitas que las erogaciones por supuestos trabajos de consultoría tenían como finalidad el pago de sobornos a funcionarios públicos. “Tornell SA fue constituida y utilizada al solo efecto de justificar y permitir redirigir millonarias sumas de dinero de Securitas, que luego terminaban en manos de los funcionarios públicos venales. Ello, mediante la facturación de una supuesta provisión de servicios, en realidad, inexistente”, aseveró Arroyo Salgado.

La maniobra desplegada por la asociación ilícita que integraban los hermanos Tortul y otros ex gerentes de Securitas también habría ocasionado una posible evasión fiscal que oscilaría entre 12,2 y 36,7 millones de dólares entre 2013 y 2018.

Los roles

A lo largo de la investigación se pudo determinar que los hermanos Tortul y otros directivos de la filial argentina de Securitas habrían conformado una asociación ilícita que logró corromper a funcionarios públicos para obtener y/o mantener la adjudicación de contrataciones públicas –para lo cual, en muchos casos, se sobrefacturaban los servicios prestados–, como así también para conseguir irregularmente licencias de autorización estatal de los guardias y armamento al servicio de la compañía y lograr la colaboración de fuerzas policiales en la seguridad de clientes de la empresa.

Para ello, diseñaron un sistema contable marginal a través del cual registraron a proveedores fraudulentos que les reportaban el dinero que, a su vez, utilizaban para el pago de sobornos a funcionarios de organismos públicos y empresas privadas.

La jueza Arroyo Salgado consideró que los directivos de Securitas se aprovecharon de las posiciones institucionales que tenían dentro del grupo empresario para generar y/o mantuvieron ilícitamente una cartera de clientes que le reportaba a la multinacional sueca una importante facturación. Ello a través de un mecanismo de pago de sobornos que fueron pactados con distintos funcionarios públicos.

La magistrada hizo notar que Enersa, la empresa distribuidora de energía de la provincia, era el cliente más importante de la Región Litoral de Securitas Argentina, en la que Marcelo Tortul se desempeñaba como director y Claudio Tortul como gerente.

Los hermanos Tortul desembarcaron en Enersa en tiempos en que Jorge Busti era gobernador y siguieron vinculados a la prestación de seguridad durante las gestiones de Sergio Urribarri y Gustavo Bordet.

Inicialmente, Enersa había contratado el servicio de seguridad con El Guardián, la empresa de los hermanos Tortul; y desde 2008 a Securitas Seguridad Holding, cuando la multinacional sueca compró las acciones y la cartera de clientes de la empresa paranaense.

Ese contrato fue luego cedido por Securitas a una tercera empresa, Segar Seguridad SA, que también estaba vinculada a los hermanos Tortul y a la que además le pagaron 20.347.774 pesos en concepto de “cuota de contingencia” para compensar el riesgo que asumía por mantener a empleados de Securitas para seguir prestando el servicio a Enersa. Sin embargo, ese dinero habría sido desviado para el pago de sobornos. Arroyo Salgado hizo notar también que la cesión del contrato fue aprobada por el directorio de Enersa incluso antes de que Segar SA fuera habilitada para operar en la provincia.

La jueza Arroyo Salgado resaltó que “al menos desde 27 de septiembre del 2017 hasta el 31 de abril del 2019, la vinculación comercial entre Securitas Argentina con Enersa se intermedió, conservó y prorrogó a través del pago de sobornos realizados a distintos funcionarios públicos de la provincia de Entre Ríos” y agregó que “a través de millonarios desembolsos se obtuvo que se interesaran en la concesión y mantenimiento del contrato de locación de servicios”.

La magistrada señaló como “los principales destinatarios de los sobornos” a José Gervasio Laporte, ex titular de la Secretaría Legal y Técnica de la provincia e integrante de la comisión fiscalizadora de Enersa; y Alejandro Cis, gerente de la empresa. Laporte percibía una mensualidad que inicialmente era de 400 mil pesos y también un automóvil Toyota Ethios, como ya se contara en Página Judicial. En tanto, a Cis le tocaban 40 mil pesos por mes, según los registros contables que llevaban los hermanos Tortul.

Respecto del rol de los funcionarios de Enersa en el entramado, la magistrada explicó que Cis “fue quien emitió un dictamen técnico sobre la posibilidad de la transferencia de la posición contractual a favor de Segar SA”. En cuanto a Pimentel, sostuvo que “también habría sido ‘interesado’” en la cesión de ese contrato y fue quien hizo la redeterminación de los valores que se pagaba a Securitas por los servicios de seguridad y vigilancia. Por su parte, Morales fue quien propuso a los directivos de Securitas “que solicitaran la prórroga del contrato de locación de servicios que fenecía el 30 de marzo del 2019, emitió un dictamen legal acerca de la posibilidad de la cesión del contrato de Securitas con pleno conocimiento que Segar no se encontraba autorizada para operar”.