Hay personas que tienen llaves de oficinas y dependencias internas a las que no se les permitió el ingreso. Algunos pudieron entrar, pero al llegar a sus escritorios, encendieron sus computadoras y se encontraron con que sus usuarios fueron deshabilitados.

Hoy, las oficinas del Enacom amanecieron todas cerradas y vaciadas. Las puertas de ingreso a la exESMA, el espacio de la memoria donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, son custodiadas por policías de infantería.

En el Polo Científico del barrio porteño de Palermo las fuerzas de seguridad federales que se movilizaron fueron Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. La intención es reprimir al más mínimo chispazo.

El nivel de tensión no fue el mismo en el Inadi, el instituto cuyo cierre fue anunciado hace un mes por el gobierno. La policía no dejó ni siquiera que los trabajadores pudieran realizar la asamblea en la puerta del organismo.

En el Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) también hubo fuerzas de seguridad y despidos contra 50 profesionales. Algunas de las personalidades que se acercó hasta allí a brindar su apoyo fueron el medallista olímpico de voley Jon Uriarte y Fernando Signorini, expreparador físico de Diego Maradona y otras estrellas del deporte nacional.

Signorini repudió los despidos y calificó de “brutales, insensibles y sanguinarios” a los funcionarios del Gobierno. En declaraciones a C5N denunció que “quieren convertir este lugar en un negocio inmobiliario” y advirtió que “el serrucho del poder sigue afilado y a ellos también les pueden cortar las piernas”.

Los gremios estatales tenían previsto para esta mañana asambleas adentro y afuera de los edificios públicos pero, debido a la ocupación policial estatal y privada, todo parece indicar que las convocatorias se realizarán bajo la lluvia.

La amenaza del Gobierno

El fin de semana de feriados relativos a la religiosidad que celebra el amor al prójimo y el patriotismo por Malvinas no inspiraron al Poder Ejecutivo para reflexionar sobre su política de vaciamiento y expulsión de trabajadorxs a la calle.

Desde la Casa Rosada, el Gobierno monitorea los movimientos de los trabajadores que se congregaron frente a los lugares donde hasta la semana pasada ocupaban un puesto de trabajo.

Según informó Noticias Argentina (NA), en Balcarce 50 anticiparon que, ante la toma de oficinas, la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, con jurisdicción para intervenir, no dudarán en reprimir y se realizarán denuncias penales.

"Si están despedidos ya no es más su lugar de trabajo. Que protesten en la vereda. Mientras se respete la ley, todos tienen derecho a protestar. Ahora, si alguien comete un delito, va a haber represión. Las protestas son válidas, lo que no es válido es el delito", dijo una fuente del Gobierno citada por esa agencia.

Uno de los que se expresó a cara descubierta fue el ministro de Defensa, Luis Petri, quien en declaraciones televisivas advirtió que “los que intenten tomar edificios públicos van a ser denunciados penalmente", y desafió a los gremios a “que se hagan responsables” de lo que ocurra.

Hasta el jueves pasado, la cantidad de despidos y rescisión de contratos golpeó a 7 mil trabajadores. Pero en solo seis días más, esa cifra ascendió a 11 mil, tal como lo confirmó ATE. Los empleados despedidos no solo fueron contratados durante la gestión anterior. Hay quienes estuvieron bajo esa condición hace 15 o 20 años prestando servicios, lo cual echa por tierra la argumentación oficial de que los despidos apuntan solo contra la supuesta “casta política” que esgrime el Presidente.

“Están llenando de policías las dependencias públicas”

El titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, denunció públicamente que “están llenando de policías las dependencias públicas”. “No hay plata para comprar comida, no hay plata para comprar remedios, pero si hay plata para reprimir“, cuestionó.

Ante la masividad de los trabajadores que exigieron ingresar a sus lugares de trabajo, en algunas dependencias, como la cartera laboral, hubo ingreso masivo de empleados. 

“Logramos ingresar a la mayoría de los ministerios y organismos. Pero tiene que quedar claro que hoy no termina nada, hoy empieza todo porque el Gobierno definitivamente va por la cabeza de los 70 mil contratados e intenta hacer desaparecer el Estado”, remarcó Aguiar en la puerta de ese lugar ubicado en Alem 650.

Desde allí, convocó a un plenario de delegados de todo el país a fin de “definir una nueva medida de fuerza general antes de que termine esta semana”.

El plenario se realizará a partir de las 16 en la sede de ATER (Belgrano 2527) y contará con la presencia de más de mil delegados de todo el país y de todos los organismos públicos.

“En el Estado es inevitable el acelerado crecimiento de la conflictividad en todo el país, y el único responsable es el Gobierno”, evaluó Aguiar.