La falta de condiciones de posibilidad para una vivienda es un síntoma más del capitalismo como la relación social dominante que afecta a la clase trabajadora y la pequeña burguesía en Argentina y el mundo. En la provincia los bajos salarios, la fuerte presión tributaria y el feroz ajuste del gobierno ahogan a los trabajadores a quienes se les niega por omisión el derecho al acceso a tener una vivienda digna, más allá de que en 2008 se consagró en el artículo 25 de la Constitución provincial esta reivindicación de los expoliados.

El gobierno de Sergio Urribarri comenzó con un escándalo cuando se conoció públicamente que la quinta que se alquiló en el último tramo de la gestión de Jorge Busti implicaba gastos siderales mientras a una madre y sus hijos fueron desalojaban por la fuerza de Casa de Gobierno tras romper las cadenas a las que se habían sujetado para reclamar al Estado una ayuda para evitar un desalojo. La mujer quedó en la calle y su caso fue negado en la esfera pública por los medios hegemónicos.

De campaña proselitista, lejos de Entre Ríos, Urribarri sigue negando la realidad de sus ciudadanos quienes no pueden acceder a una vivienda digna mientras la Policía con el grupo GIA realiza violentos desalojos en la capital entrerriana. Así, el gobierno vulnera los derechos de muchos para proteger el de unos pocos; así la propiedad privada cercena la libertad de las mayorías desposeídas, principalmente de una fracción del proletariado, que más allá de su pugna diaria por la subsistencia está dispuesto a arriesgar su propia vida para extirparle al Estado de clase migajas para una vida digna.

Desalojos en Paraná

Un grupo de ciudadanos de Paraná marcharon este miércoles por la mañana a Casa de Gobierno donde realizaron una protesta para reclamar una medicación política del Ejecutivo ante desalojos que se concretarían este viernes a seis familias instaladas en un predio en la capital entrerriana, indicó a esta Agencia el responsable de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), Luís Jerez.

En ese sentido, Jerez recordó que fracasó la mesa de diálogo convocada por la Defensoría del Pueblo ya que concurrieron representantes de diferentes organismos pero no se presentó la parte privada por lo que a diez días de abrirse ese espacio se informó que se iba a desalojar a las seis familias que viven y trabajan en ese predio con sus hijos.

Para  Jerez “lo más loco de todo esto es que nadie se hace cargo desde el Estado en un gobierno que dice ser peronista donde se vulnera el derecho a una vivienda, lo que es una gran injusticia”.

El pronto desalojo de las familias es un síntoma extremo de la situación que padecen sus congéneres en toda la provincia, ya que bajo el régimen capitalista, que impera en el mundo y en Argentina, parece no haber cierto grado de reversión, es decir, cada vez es más complejo el problema de la vivienda porque se vive en peores condiciones, los obreros en las villas están más hacinados y es más difícil acceder a casa propia.