"La persecución judicial sobre la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente", apuntaron.

Cristina Kirchner se prepara para responder el pedido de su condena en la calle y con las urnas

En ese sentido, exteriorizaron -en representación de "Los Intendentes del Interior del país"- "la preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social".

El escrito contó con la firma de jefes comunales de Jujuy (8), Catamarca (17), Tucumán (38), Salta (4), Santiago del Estero (158), Corrientes (8), Chaco (47), Formosa (37), Misiones (1), Córdoba (55), Santa Fe (34), Entre Ríos (33), Mendoza (2), San Luis (1), San Juan (2), La Rioja (17), Chubut (9), La Pampa (7), Neuquén (4), Río Negro (8), Tierra del Fuego (3) y Santa Cruz (16).

Por último, el escrito concluyó: "Las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos".

Cristina Kirchner enfrenta este juicio oral por un supuesto redireccionamiento de la obra pública de Santa Cruz durante sus mandatos como presidenta (2007-2011 y 2011-2015) en favor de Lázaro Báez, el empresario y ex socio comercial de los gobiernos kirchneristas, y hoy condenado por otros casos de corrupción y bajo arresto domiciliario.

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Se trata del primer juicio contra la Vicepresidenta que llega hasta la etapa de los alegatos, la instancia previa a la sentencia donde el tribunal define la condena o la absolución. En el caso, se juzgan las irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015.

Los acusados son 13 y, además de Báez y Cristina, aparecen los ex funcionarios Julio De Vido (ex ministro de Obras Públicas), José López (ex secretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (ex titular de Vialidad Nacional), entre otros.

La Fiscalía ya adelantó que entiende que la acusación se probó durante el juicio y que pedirá condena.

En el último tiempo, sin embargo, se dieron a conocer imágenes del fiscal federal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu de la causa compartiendo equipo de fútbol en los torneos que el ex presidente Mauricio Macri organiza en su quinta "Los Abrojos", ubicada en la localidad de los Polvorines, provincia de Buenos Aires.

Al respecto, Cristina aportó más información a través de una serie de tweets en donde profundizó sobre la relación de ambos con Macri y los abogados defensores hicieron el pedido formal para recusar tanto a Luciano como a Giménez Uriburu por la "existencia de relación personal" entre las partes y por "falta de imparcialidad", lo que implicaba apartarlos del caso, algo que finalmente la Justicia denegó.