A partir de esa decisión y auto limitándose en sus propias facultades para proponer los candidatos, Néstor Kirchner construyó una Corte Suprema de Justicia que fue catalogada por propios y ajenos como una Corte ejemplar.

Hombres y Mujeres a quienes el Presidente no conocía siquiera personalmente, dictaron fallos memorables como el de la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, que ubicaron a la Argentina en el escalón más alto del podio de Derechos Humanos a nivel global.

Sin embargo, a fines del año 2015, poco quedaba de aquella Corte ejemplar: la muerte de algunos de sus miembros más connotados, la renuncia de otro jurista de prestigio internacional al haber cumplido los 75 años que marca como límite la Constitución y la negativa de la oposición a votar a los candidatos propuestos para ocupar las vacantes, dejaron al alto Tribunal con apenas tres miembros.

La decadencia

El 10 de diciembre de 2015 asumió como Presidente de la Nación Mauricio Macri. Apenas 4 días después tuvo lugar un hecho de extrema gravedad institucional: en abierta y flagrante violación de la Constitución Nacional, Macri firmó un decreto designando en comisión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como miembros de la Corte Suprema, quienes, a su vez, aceptaron ser designados de esa forma, violentando la misma Constitución que ellos debían respetar y hacer respetar a todos los ciudadanos.

Este episodio constituyó, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en la historia del Poder Judicial argentino y la antesala del proceso de persecución política, judicial y mediática, que se desató en toda la región con ejes muy claros en Brasil, Argentina y Ecuador.

De ello da cuenta el emblemático testimonio fotográfico del entonces presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, junto a Bonadío, el juez sicario, y Sergio Moro, el Juez que encarcelo durante casi dos años al ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, abortando su candidatura presidencial y permitiendo la llegada de la extrema derecha al gobierno del Brasil.

Paralelamente, en los Tribunales de Comodoro Py se inventaba un nuevo método de privación de la libertad que se conoció como la “Doctrina Irurzun”. La misma consideraba que los funcionarios del gobierno peronista finalizado el 10 de diciembre de 2015 conservaban un “poder residual” y por lo tanto debían ser privados de su libertad para no “obstruir” las investigaciones que se hicieran sobre cada uno de ellos. Así, se encarceló a mansalva a dirigentes políticos, sindicales y hasta empresarios de medios no afines con el Gobierno de Mauricio Macri.

Esa “nueva” Corte, no sólo convalidó la persecución que aún continúa, sino que además se transformó en un lugar de permanentes intrigas palaciegas y disputas de poder por la presidencia del cuerpo y los recursos del Poder Judicial.

Esa lucha culminó el 22 de septiembre de 2021, en un verdadero y auténtico escándalo: una Corte fracturada eligió a Rosatti y Rosenkrantz como presidente y vice. La decisión se tomó con la ausencia de los otros dos miembros y Rosatti tuvo que autovotarse para poder ser presidente; igual que en la época de la mayoría automática con Nazareno, el mismo que había amenazado al presidente Néstor Kirchner con la dolarización.

Así, en una Argentina circular, se retornaba a las épocas de desprestigio y decadencia del máximo Tribunal argentino.

La Corte de los cuatro

Luego de la renuncia de Helena Highton, la única mujer de ese cuerpo, la Corte quedó reducida a tan sólo cuatro miembros y comenzaron a salir a la luz otros escándalos.

El vaciamiento por cifras millonarias de la obra social del Poder Judicial, administrada por el médico personal y familiares de uno de los cuatro cortesanos.

Causas penales contra el nuevo presidente de la Corte por enriquecimiento ilícito y otra vinculada a su pasado como Intendente de la ciudad de Santa Fe, en la que recusó al Juez que lo investigaba y sospechosamente logró apartarlo.

Son sólo algunos de los hechos que tornan a esta Corte de apenas cuatro miembros en un órgano muy vulnerable frente a las presiones de los poderes fácticos y mediáticos.

Con tantos muertos en sus roperos, no les queda más remedio que hacer lo que les manden bajo pena de ejecución sumaria en titulares y noticieros.

Así es como en el año 2021 sucede algo realmente increíble: después de 15 años de vigencia ininterrumpida (lo que equivale a casi cuatro períodos de gobierno) la Corte de los cuatro declara inconstitucional la Ley del Consejo de la Magistratura sancionada en el año 2006; a la luz de la cual se designaron más de las dos terceras partes de los magistrados que conforman hoy el Poder Judicial de la Nación.

Peor aún. “Resucitan”, además, la ley anterior que establecía que el Presidente de la Corte Suprema presidía el Consejo de la Magistratura. Toda esa maniobra era una vieja cruzada del Grupo Clarín que siempre se opuso tenaz y públicamente a aquella reforma del 2006.

Queda claro entonces que el objetivo no sólo es la Presidencia de la Corte, sino intervenir directa y explícitamente sobre todos los magistrados, proteger a Bruglia y Bertuzzi (designados a dedo por Macri en la Cámara Federal), garantizar su propia impunidad y, fundamentalmente, continuar con la persecución.

La persecución continúa

En esa dirección es como los medios de comunicación hegemónicos comenzaron a anticipar -cual modernos Nostradamus-, como iba a fallar la Corte de los cuatro, en la causa fraguada y conocida mediáticamente como “vialidad” u “obra pública”. La misma en la que, con calendario electoral en mano, iniciaron el juicio oral el 21 de mayo del 2019, exactamente un mes antes de que cerraran las listas para las elecciones presidenciales.

Así y con tres años de demora, la Corte de los cuatro falló exactamente como anticiparon esos medios: rechazando todos y cada uno de los recursos y las medidas de prueba que habíamos solicitado.

Fue un fallo totalmente atípico. A la falta de argumentación jurídica y el lenguaje ofensivo utilizado -llegando a citar como antecedente el del genocida Jorge Rafael Videla-, se le sumó el prejuzgamiento explícito y descarado de los cuatro cortesanos, como un aval anticipado para la condena que, tal como dije el 1 de diciembre de 2019 ante el Tribunal Oral, ya la tienen escrita y creo, a esta altura, hasta firmada.

Un periodista de investigación dio precisiones sobre el fallo: “la apariencia jurídica provino de penalistas colaboradores de Juan Carlos Maqueda y las frases mordaces y despectivas se originaron en la presidencia del tribunal, con aportes de pluma del periodista Silvio Robles”, mano derecha de Rosatti para todo tipo de funciones, quien además, ante algún interlocutor, llegó a afirmar que la “Doctrina Irurzun” en realidad fue escrita de puño y letra por el entonces Presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y no por el tan mentado camarista.

El plan canje

Al día siguiente que la Corte de los cuatro emitiera ese fallo, aparece en escena, cual Dartagnan judicial -uno para todos y todos para uno- el inefable Fiscal Stornelli, pidiendo el cierre de la causa penal que investiga el vaciamiento de la Obra Social del Poder Judicial y que involucraría a Juan Carlos Maqueda.

Sí, Stornelli. El mismo que pese a estar procesado hace más de dos años por distintos delitos -entre ellos perseguir al ex marido de su actual pareja para intentar plantarle droga-… aún continúa siendo fiscal. A cambio espera el voto favorable de Maqueda en todos los recursos que presentó ante la Corte y así lograr su impunidad en la causa en la que está procesado. Lo que se dice… un verdadero “plan canje”. Ya se sabe: en Comodoro Py una mano lava la otra y las dos juntas lavan la cara.

La Corte de los cuatro en la vida de los argentinos

Estos graves hechos reseñados pueden parecer ajenos a los problemas cotidianos de los argentinos. Sin embargo, a poco que se mire, se advierte que no es así.

Se trata de la misma Corte de los cuatro y el mismo Poder Judicial que le hicieron ganar multimillonarias sumas en dólares a grandes empresas de telecomunicaciones, al permitirles aumentar escandalosamente los precios de la telefonía celular y de internet suspendiendo la vigencia del Decreto 690, que declaraba servicio público a tales actividades.

Cómo dijo recientemente el cortesano Rosenkrantz, que fue abogado del Grupo Clarín: “decir que donde existe una necesidad, existe un derecho es una afirmación de fe pupulista” y, por lo tanto condenable… Salvo, claro que, como está demostrado, la necesidad sea la de sus patrones.

Es también el mismo Poder Judicial que permitió, a través de distintas medidas

cautelares, que se evaporaran de las reservas del Banco Central más de 2.000 millones de dólares, complicando aún más las finanzas del país luego del criminal endeudamiento tomado por Mauricio Macri, que alcanzó extremos inimaginables con el increíble préstamo de 45.000 millones de dólares del FMI. Endeudamiento criminal que ningún Fiscal ni Juez ha decidido investigar aún.

Y por si algo faltaba como prueba, el pasado viernes Bruglia y Bertuzzi (los puestos a dedo por Macri en la Cámara Federal y ahora custodiados por Rosatti en el Consejo de la Magistratura) confirman, una vez más, su rol de guardianes de la impunidad macrista: junto a Llorens, el visitador de Olivos y la Rosada, salvan a Macri en la causa de espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, la tragedia más grande de la Armada Argentina en tiempos de paz.

La existencia abrumadora de pruebas sobre el espionaje (videos, fotos, grabaciones, testimonios) torna al fallo no sólo en algo verdaderamente escandaloso, sino que además marca un peligrosísimo antecedente: como no pueden ignorar las evidencias probatorias del delito terminan avalando tareas de inteligencia sobre familiares de las víctimas violando así, no sólo la Ley de seguridad interior sino todas y cada una de las garantías construidas en Derechos Humanos después de la dictadura.

De esta manera el Poder Judicial devenido en Partido Político protector del macrismo y perseguidor de los dirigentes de las distintas fuerzas que se le oponen, coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional.

Los argentinos y las argentinas deben saber que será muy difícil mejorar las condiciones de vida de todos y todas con esta Corte y con este modo de funcionamiento del Poder Judicial, en donde las condiciones de igualdad ante la Ley son letra muerta de la Constitución.

Nada puede funcionar en un país si carece de un Poder Judicial que tenga legitimidad. Legitimidad que sólo se logra a partir de la credibilidad y el respeto que sobre sus decisiones tenga la ciudadanía.

Pienso y creo, sinceramente, que todos los Partidos Políticos de la República Argentina; de izquierda a derecha y pasando por el centro, tienen un imperativo categórico y republicano: el de construir, como hizo Néstor Kirchner en el 2003, con apenas el 22% de los votos y en el marco de una crisis institucional sin precedentes en la historia contemporánea, una Corte de la que todos y todas podamos volver a sentir orgullo.