El Consejo tiene un plazo de 3 meses que finaliza el 18 de noviembre con posibilidad de extenderlo pero los juristas habrían llegado a un consenso para elevar las propuestas al presidente Fernández. Como se recordará el consejo consultivo está integrado por Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Cármen Battaini, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Carlos Arslanian y Enrique Bacigalupo.

Aquí la lista de las principales propuestas  que adelantó el director de El Cohete a la Luna:

• El incremento de 5 a 9 de sus miembros, sin división en salas.
• La paridad de género en sus integrantes, lo que implicaría la designación de 4 mujeres.
• La creación de un tribunal intermedio dividido en salas que trate los recursos por arbitrariedad (que desde 1909 atoran los despachos de la Corte Suprema) y deje al tribunal superior sólo los debates constitucionales. Esto implicaría desplazar el sistema difuso de control de constitucional por uno concentrado, para lo cual no sería necesario reformar la Constitución.
• La reformulación de la ley 48 que desde 1863 regula las causas que llegan al conocimiento de la Corte.
• La substitución del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que desde 1990 permite a la Corte rechazar un recurso extraordinario sin exponer los motivos, cuya constitucionalidad es discutible porque no cumple con la norma republicana de fundamentar los actos de gobierno.
• La transferencia al Consejo de la Magistratura del presupuesto de la administración de justicia, como marca desde 1994 el artículo 114 de la Constitución, que tanto la Corte de Nazareno como la de Lorenzetti se resistieron a cumplir porque es su principal fuente de poder. Sólo le quedaría la ejecución de su propio presupuesto.
• También debería desprenderse de las facultades disciplinarias sobre los magistrados y olvidarse de los reglamentos relacionados con la organización judicial.
• El traslado a otra ubicación institucional de todos los institutos que la Corte creó para concentrar un poder que constitucionalmente no le corresponde, como la dirección de escuchas telefónicas y el organismo de inteligencia paralelo que le permite el acceso a todas las bases de datos existentes en el país.