El difícil comienzo
El alcance de la suspensión de la ley de Movilidad Jubilatoria --como había sucedido en Diputados--, era uno de los principales escollos que desataban la resistencia opositora. La incorporación de jueces, diplomáticos y ex presidentes a los regímenes especiales que eran exceptuados de la suspensión --donde quedaban equiparados con el de maestros, docentes universitarios, científicos y las pensiones graciables a los hijos de víctimas de violencia de género-- no cayó bien entre los senadores oficialistas y mucho menos en los opositores. Estos últimos lo tomaron como bandera para cuestionar y criticar la iniciativa del Gobierno.
El tardío ingreso del texto de la media sanción aprobada durante la mañana en la Cámara Baja, tras 19 horas de debate, fue solo un pretexto disfrazado de argumento con el que los senadores de JpC reclamaran un cuarto intermedio para “analizar” el proyecto. Aunque, en realidad, su objetivo era resolver una postura común del interbloque opositor en medio de una difícil discusión interna y definir si aportaban a los dos tercios que se necesitaban para habilitar sobre tablas el debate sobre la ley de Solidaridad Social.
Cómo Alberto destrabó la discusión
Como sucedió en la previa en Diputados –-abriendo las negociaciones a la segmentación de las retenciones agropecuarias--, fue el propio presidente Alberto Fernández quien hizo la propuesta para destrabar el tratamiento de la ley. “Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)”, anunció Fernández a través de su cuenta de Twitter.
“Para poder salir de la emergencia económica y social en la que estamos, vamos a trabajar para construir una sociedad que iguale las oportunidades de todas y todos. Debemos esforzarnos para ayudar a poner de pie a esta Argentina que tanto amamos”, agregó el Presidente en la red social.
La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, fue la encargada de retransmitir la voluntad presidencial en el recinto del senado y destacó que de esa manera “se va a poder poner blanco sobre negro”. Sagasti también recordó que las jubilaciones de privilegio de diputados y senadores se eliminaron en 2002 “por una cuestión que tenía que ver también con una emergencia social y económica como la que hoy estamos viviendo”. Y consideró como “totalmente injusto” el régimen jubilatorio de privilegio de jueces y diplomáticos.
Fue entonces que el radical Julio Cobos anunció en el recinto que su bloque presentó un proyecto de ley aparte para que jueces y diplomáticos queden incluidos en el “congelamiento” de la fórmula de actualización jubilatoria y no cometer un acto “discriminatorio” para con el resto de los sectores. El intento de Cobos fue sentar postura conociendo que el oficialismo no iba a aceptar modificaciones al proyecto que postergue la sanción de la ley.
Cristina Fernández de Kirchner –en su debut como presidenta del Senado— accedió al pedido de cuarto intermedio solicitado por la oposición. Poco después de las 19, la hora fijada para retomar el debate, CFK apuró la identificación de los senadores que estaban en el recinto: a los oficialistas se sumaron la neuquina Lucila Crexell (MPN), el rionegrino Alberto Weretilneck y el santafesino Carlos Reutemann.
Los dos tercios
Con 39 senadores presentes (dos más de los necesarios para el quórum), CFK propuso votar la habilitación del debate sobre la ley de Solidaridad, que fue unánime y logró superar los dos tercios de los presentes requeridos. En tanto, JpC esperó fuera del recinto e ingresaron presurosos dar el debate con la suerte echada.
“La emergencia es el modo que tenemos para salir de este problema. Esta ley es para poner a la Argentina en movimiento y que no siga parada”, sostuvo el cordobés Carlos Caserio, como presidente de la comisión de Presupuesto y miembro informante del proyecto. Caserio repasó los índices macroeconómicos con los que el oficialismo justifica la emergencia en materia económica, financiera, administrativa, previsional, fiscal, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Los argumentos oficiales
“La pobreza llegó al 40,8 por ciento, prácticamente 17 millones de personas, una circunstancia que en un país como el nuestro no debería ser así”, precisó Caserio y agregó el “8,9 por ciento de indigencia, con más de 4 millones de personas” en ese estado, que “corren el enorme riesgo de no tener un plato de comida en su mesa”. Detalló el crecimiento de la desocupación en los tres últimos años y que en el tercer trimestre de 2019 trepó al 9,7 por ciento de la población económicamente activa, una cifra que podría aun ser mayor con los datos que revele el Indec hasta fin de año.
María de los Ángeles Sacnun, completó la defensa del proyecto oficial. La santafesina explicó que para que el Parlamento delegue facultades en el Poder Ejecutivo “debe tener un plazo”, que la ley fijó en “el 31 de diciembre de 2020”. En ese sentido, agregó que "deben incorporarse las bases de la delegación, que tienen que ver con retomar un rumbo de desarrollo con justicia social, crear las condiciones para asegurar la sustentabilidad y el sostén de la deuda pública y que sea compatible con la recuperación económica del país”, dijo.
Sacnun marcó como objetivo “la reestructuración tarifaria con criterios de equidad” ya que “estamos en una situación de pobreza energética”, porque “se destina más del 10 por ciento de los ingresos al pago de tarifas”. Además de “coadyuvar al fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa” y “crear las condiciones para la sostenibilidad fiscal”. También se refirió a las retenciones como un instrumento económico, que “ha sido usado ideológicamente”; al tiempo que se definió su procedencia provincias como “hijos y nietos del Grito de Alcorta” y sostuvo que “la segmentación para pequeños y medianos productores es un logro histórico”.
Los argumentos opositores
Esteban Bullrich (PRO) fue el primer opositor en hacer uso de la palabra. “Es un día triste para mí, para nuestro bloque y para la República”, arrancó el senador macrista. Sostuvo que la “esperanza” que le generó el “llamado al diálogo” del Presidente ante la Asamblea Legislativa “se diluye con este proyecto de ley. Se nubla, se aleja, se entristece. Porque esta ley ignora las instituciones”. Para Bullrich, el proyecto puesto a debatir “hace de este Congreso una herramienta inútil para la construcción de consensos”.
El ruralista Alfredo De Angeli se aferró al discurso contra las retenciones para rechazar el proyecto oficialista. Eduardo Kueider (FdT) le replicó a De Angelis al recordar el respaldo que hizo en el mismo recinto del Senado. Eso sucedió cuando Macri repuso el aumento en pesos a los derechos de exportación en dólares y todo en medio de la crisis económica y financiera desatada por su propio gobierno.
Después se sucedió una extensa lista de oradores que alcanzó a casi 35 senadores. Contrapuntos oficialistas y opositores que ya no modificarían la suerte del proyecto que bien entrada la madrugada se convitió en ley.
