“No se vislumbra la existencia de un ilícito penal”.

Esa es la conclusión del Ministerio Público Fiscal respecto de la denuncia por supuestas irregularidades en el proceso de selección de las empresas contratistas para la ejecución de obras para el desarrollo gasífero y eléctrico en el norte entrerriano, presentada por el senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná) y el abogado Rubén Pagliotto.

La resolución, a la que accedió Página Judicial, lleva la firma de la fiscal Matilde Federik, quien concluyó que “es la propia administración la que, con sus mecanismos constitucionales de control en pleno ejercicio, está actualmente adecuando el procedimiento a la normativa aplicable, para emitir un acto administrativo conforme a la ley”.

Los denunciantes habían señalado una serie de “desprolijidades” e “incumplimientos normativos groseros e inexcusables” en el proceso administrativo de selección de las empresas China National Technical Import & Export Corporation y Yutong SA, de capitales chinos, para la ejecución de las obras de desarrollo gasífero y eléctrico.

El objetivo, según los denunciantes, era “disimular o encubrir una selección amañada de la contratista” e incluso plantearon que “los precios que se les pagaría a las empresas chinas son muy elevados en relación a los costos reales de estas obras”, que consisten en la construcción de una línea de alta tensión, cinco estaciones transformadoras y tendidos fibra óptica, por unos 65 millones de dólares, y un gasoducto, por otros 35 millones.

En un principio, el Ministerio Público Fiscal había dispuesto la apertura de una investigación preliminar, ante la gravedad de los hechos denunciados, y dispuso algunas medidas tendientes a reconstruir el procedimiento administrativo.

Tras analizar la denuncia y la documentación remitida por los organismos públicos, la fiscal determinó que no se advertía la existencia de un delito y que fueron los propios organismos de control (Fiscalía de Estado, Contaduría General de la Provincia y Tribunal de Cuentas) los que advirtieron las irregularidades e instaron a las autoridades a adecuar el procedimiento a las normas que rigen para las contrataciones en el Estado.

La resolución le fue comunicada este martes al senador Kisser y, como lo establece el Código Procesal Penal de Entre Ríos, fue remitida a la Fiscalía General para su revisión.  Juan Cruz Varela -  De la Redacción de Página Judicial