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21 de noviembre de 2018

CIERRE NORTE; Contaduría dio por superadas las observaciones al proceso

La Contaduría General emitió un dictamen en el que dio por superadas las situaciones que dieron origen a las observaciones hechas sobre el proceso de las obras del cierre eléctrico norte y el gasoducto del noreste, a realizarse con un consorcio chino-argentino, y adelantó que están dadas las condiciones para levantar el freno administrativo que impuso a fines de octubre. Para que todo esto se concrete, el Ejecutivo deberá dictar un decreto que reencauce el procedimiento.

A través un dictamen fechado el martes 20 de noviembre, la Contaduría General de la provincia consideró que deben tenerse como “superadas las situaciones que dieron origen” a la observación del 29 de octubre pasado, que frenaron las obras del cierre energético norte.

Pero supeditó la plena eficacia de la cancelación de las observaciones al dictado de un decreto que reencauce el procedimiento de las obras del cierre eléctrico norte y el gasoducto productivo del noreste, en línea con las recomendaciones que realizó la Fiscalía de Estado.

En caso de que el Ejecutivo dicte ese decreto “quedará automáticamente sin efecto” la observación de Contaduría del mes de octubre y además “quedará enervada la suspensión del procedimiento administrativo oportunamente dispuesto”, es decir, el freno que el organismo de control puso a la continuidad del proceso administrativo que se inició con el dictado del decreto 2776/18, prosiguió con el 2916/18 y tuvo continuidad con la presentación de ofertas para las obras eléctricas y de gas del norte provincial realizada a mediados de octubre.

El 29 de octubre, la Contaduría General emitió una observación que, sintéticamente, cuestionaba que no tuvo intervención en el proceso; que los decretos (2776 y 2916) no se encontraban vigentes porque no habían sido publicados y tampoco habían sido refrendados correctamente (debía haberlos rubricado el ministro de Economía, Hugo Ballay, y no el de Infraestructura, Luis Benedetto, como ocurrió); que el procedimiento debía encausarse por la ley de obra pública y no por la de contrataciones; que se eludían controles y el que el Ejecutivo se excedía en las delegaciones; que no existía crédito presupuestario ni partida para los u$s 100 millones que iban a invertirse en las obras y que el Tribunal de Cuentas no había tenido la intervención previa por ser una obra de gran significación económica.

Sobre esos cuestionamientos avanzó Fiscalía emitiendo el dictamen 480, sugiriendo correcciones, como por ejemplo tramitar los emprendimientos bajo la ley de obra pública.

Además, el Ejecutivo fue subsanando otros aspectos: el 5 de noviembre ambos decretos fueron publicados en el Boletín Oficial, complementando el procedimiento para su vigencia. También se hicieron las adecuaciones presupuestarias a través de la resolución 365/18 de Economía y existe el compromiso de incorporar las partidas en el presupuesto 2019, hecho por Ballay a través de la nota M-163).

Por otro lado, otras aristas se superaron de hecho: tal es el caso de la intervención de la Contaduría, que se efectivizó con el dictado de las observaciones de octubre que trabaron el proceso. “Deberían arbitrarse los medios a efectos de evitar, en el futuro, su reincidencia”, reclamó el organismo de control.

En Fiscalía de Estado entienden que, una vez que se cierre el círculo con el dictamen propio y el de Contaduría (más el decreto que reencauce y perfeccione los actos administrativos) la causa penal que presentaron el senador provincial radical  Raymundo Kisser (Paraná) y su asesor legal Rubén Pagliotto, caerá. (APFDigital)

 

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