LOCALES
16 de noviembre de 2017
Sanción definitiva a la derogación del descuento a policías retirados; aprobó el Senado Provincial
Con la totalidad de los senadores de la provincia, se llevó a cabo una nueva sesión de la Cámara Alta entrerriana y tuvo sanción definitiva la derogación del descuento del 2% en los haberes de policías retirados y el proyecto de ley que declara de interés provincial a la apicultura. Además y en bloque se aprobaron los acuerdos constitucionales pedidos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos en el Poder Judicial de la provincia.
Además, se informó que los senadores Angel Giano, como titular, y Roque Ferrari, como suplente, serán quienes representen a la Cámara de Senadores en el Jurado de Enjuiciamiento.
Sobre tablas se trató el proyecto de ley, con media sanción de Diputados y con dictamen favorable de la Comisión de Peticiones y Milicia del Senado, por el que se deroga el artículo 243 bis de la ley 5654.
La senadora Nancy Miranda expresó que “se trata de un derecho que le fue quitado a los policías retirados puesto que se les descuenta un 2 por ciento, cuando a otros jubilados provinciales no se les aplica”.
En tanto, el presidente del bloque de Cambiemos, Roque Ferrari, adelantó el voto favorable de su bloque y fundamentó esta decisión al manifestar que “es un tema muy injusto por el que los policías retirados de la provincia vienen luchando hace muchos años”. Y agregó: “Durante mucho tiempo, los policías no han tenido el reconocimiento que hoy le vamos a brindar. Sabemos el trabajo y el esfuerzo de la Policía de Entre Ríos en procura de nuestros bienes y nuestras vidas”.
Finalmente el senador por el departamento Victoria subrayó: “Es un reconocimiento a la igualdad porque es una cuestión de injusticia que se les descuente ese 2 por ciento cuando a otros jubilados y pensionados no se les efectúa ese descuento”.
Se aprobaron los acuerdos constitucionales
En bloque se aprobaron los acuerdos constitucionales pedidos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos en el Poder Judicial de la provincia.
El senador Lucas Larrarte informó que “se realizaron todos los pasos estipulados por la Constitución provincial y hemos dictado despacho favorable en cada uno de ellos y para los que hoy damos el acuerdo a los 16 cargos judiciales”.
Las contravenciones
Las contravenciones en los ámbitos de la salud y la educación serán consideradas como faltas graves
El Senador Angel Giano, como autor de la iniciativa junto a la Senadora Nancy Miranda, fue quien explicitó a los presentes los considerandos y fundamentos del proyecto que se estaba impulsando y que finalmente recibió la aprobación por unanimidad de todos los Senadores que conforman los diferentes Bloques.
Se trata del Expte 11.813, por el cual se incorpora a la Ley Nº 3815 -de contravenciones policiales- el Título "Contravenciones en establecimientos de salud", y del mismo modo con los ámbitos educativos..
Contravenciones en el ámbito de salud
Esta iniciativa de ley de los Senadores Angel Giano y Nancy Miranda, se propone –a través de una reforma parcial a la Ley 3815 de Contravenciones Policiales-, incorpora un capítulo especial destinado a regimentar las contravenciones en el ámbito de los establecimientos de salud, que afectan el desempeño de los profesionales y/o trabajadores de la actividad.
Tal como lo explicara el Dr. Giano a los presentes, además de ser una realidad bastante conocida, “las contingencias que confluyen en los establecimientos de salud -públicos o privados- han generado una serie de situaciones disvaliosas y complicadas para el ejercicio de la actividad y profesión”. En ese sentido basta consultar “las estadísticas de denuncias policiales y actuaciones judiciales, donde son los profesionales médicos o enfermeros quienes resultan perjudicados por situaciones de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, mientras ejercen sus artes”, y esas situaciones “son el emergente, sin dudas de una conflictividad considerable, donde el Estado no puede ser omiso a la situación, y mucho menos cuando también se encuentran afectados sus propios empleados, como en el caso de los establecimientos públicos”.
Entre las afirmaciones se puso a consideración que, no sólo se perjudica a los trabajadores de la salud, sino “al desarrollo de uno de los principios básicos de la conformación de actividades del Estado, que es nada menos que el cuidado y atención de la salud de su población. Y en esto, va claramente la necesidad de proteger en todos sus órdenes a los operadores de dicho principio fundamental, como son los médicos y demás trabajadores de la salud”.
Contravenciones en el ámbito escolar
Esta otra iniciativa de Ley aprobada en la fecha, propuesta por los Senadores Angel Giano, Lucas Larrarte y Pablo Canali propone incorporar a la Ley Nº 3815 (de contravenciones policiales), el título "Contravenciones en el ámbito escolar". Con esa reforma parcial a la ley, se pondrá a resguardo la seguridad de quienes llevan adelante actividades relacionadas con el ámbito educativo, por parte de personas que intenten agredir, insultar y toda una serie de considerandos previstos, estableciendo una sanción.
En los fundamentos los legisladores señalan que “la cantidad de noticias, informaciones e inclusive actuaciones de índole administrativa en la cual se exponen situaciones de violencia en el ámbito educativo, en la persona de los padres o representantes legales de los alumnos ante los trabajadores de la educación, viene indicando una curvatura estadística alarmante. Agresiones verbales, insultos, faltas de respeto y escándalos de diferente monta se han observado en los diferentes establecimientos educativos tanto de gestión pública como privada. En ese sentido, el Estado no puede estar ausente, y es por ello que este proyecto de Ley apunta a reformar la ley de Contravenciones con vigencia en la Provincia de Entre Ríos”, aclaró Giano.
Cabe aclarar que los senadores al hablar de ‘protección de los trabajadores de la educación’, refieren tanto a docentes como no docentes, de situaciones que ocurran dentro del establecimiento educativo o en las inmediaciones del mismo, sean estos de gestión pública o privada; y cuando se habla de sanciones a los agresores, se estipula la intervención policial y judicial, a fin de garantizar estrictamente la integridad de los educadores.
(Prensa Vicegobernación Entre Ríos)