María Verónica Straccia se había inhibido para tramitar la denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) porque su cónyuge es abogado de Cablevisión S.A., una de las supuestas titulares de fondos no declarados, pero la Sala B de la Cámara sostuvo que la decisión de la magistrada fue ”prematura”.

La cuestión llegó a la Cámara porque el juez Javier López Biscayart, del mismo fuero que Straccia, rechazó la inhibitoria con la que, por razones de “decoro y delicadeza”, la magistrada intentó apartarse de la causa.

Pero, al igual que López Biscayart, la Sala B de la Cámara consideró que el motivo invocado por Straccia –prestación de servicios profesionales de su cónyuge a Cablevisión- no afectarían la imparcialidad de la magistrada.

Los camaristas Marcos Grabivker, Roberto Hornos y Nicanor Repetto destacaron, además, que del expediente “no surge” que el cónyuge de la juez haya sido propuesto y designado para ejercer la defensa técnica de ninguno de los denunciados.
Los camaristas consideraron que las motivaciones para que un magistrado se aparte de una causa “deben ser graves” y “tener una entidad de magnitud tal que, valoradas por el intérprete en forma objetiva, permitan apreciar el peligro de un juzgamiento alejado del mandato de imparcialidad”.

Por eso la Sala B decidió “rechazar la inhibición efectuada por el señora juez titular del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario número 3 y disponer que aquel juzgado continúe entendiendo en la causa principal”.

La causa fue promovida hace un par de semanas, cuando la AFIP denunció penalmente a directivos de la sucursal argentina del HSBC y a más de 4.000 argentinos por ocultar cuentas bancarias en Suiza.

En declaraciones a la prensa, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, precisó entonces que la acción penal da cuenta de la existencia de “una plataforma ilegal montada por tres entidades bancarias, con tres CUIT distintos: el HSBC Argentina, HSBC de Suiza y HSBC de Estados Unidos".

Echegaray recalcó que los directivos de esas entidades ”han intervenido de manera muy activa para ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir el pago de sus obligaciones impositivas".

El funcionario indicó que se informó sobre el contenido de la denuncia al Banco Central de la República Argentina, a la Procelac (fiscales que investigan el lavado de activos) y al Congreso Nacional.

En el marco de la acción penal se pidió a la justicia local que solicite, vía exhorto, informes a Suiza, Panamá y Estados Unidos de Norteamérica, ya que con otros países utilizados para los presuntos ilícitos, la Argentina tiene convenios de reciprocidad en materia de delitos fiscales.