La sanción a Claudio Bonadio pedida por el representante del estamento académico Jorge Daniel Candis, pudo avanzar con el apoyo de los consejeros que representan al oficialismo, y con el voto definitorio de la presidenta del Consejo, la jueza Gabriela Vázquez.

El secretario de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en ese cuerpo del Poder Judicial, Julián Alvarez, había pedido al inicio del plenario la remoción y suspensión de Bonadio, para lo que era necesario dos tercios de los votos (9 votos).

"Hay una nueva acción. Un nuevo hecho. Son varios los motivos que permiten a este Consejo avanzar en este expediente", dijo el representante del Poder Ejecutivo al plantear el pedido de remoción del juez federal.

Alvarez presentó el jueves último una nueva denuncia contra Bonadio, que se convirtió en la décima que el magistrado lleva acumuladas en ese órgano del Poder Judicial encargado de seleccionar, controlar y sancionar jueces.

"Es la primera vez que el plenario está en condiciones de tratar este expediente y de resolver", dijo el consejero representante del Poder Ejecutivo, que se preguntó luego cuál sería "la razón por la que no se sancionaría a un magistrado que avaló la defraudación del Estado y les garantizó impunidad a sus responsables", al dejar prescribir dos causas por fraude como fueron Yoma y Tandanor (años 90).

El representante del estamento de jueces en el Consejo, Luis Cabral, planteó una moción opuesta a la de Alvarez, al pedir la desestimación de las causas contra Bonadio, en base a argumentos técnicos de prescripción (porque llevan más de tres años sin resolución), sin que sean analizados los aspectos de fondo de las denuncias que son el mal desempeño del magistrado en varias causas, entre ellas las emblemáticas Yoma y Tandanor, por defraudación al Estado, y la de los hemofílicos.

Apenas planteadas ambas mociones, el representante del estamento académico, Daniel Candis, hizo una propuesta superadora que se basó en la iniciativa de Alvarez, pero con una corrección, que fue la aplicación de una multa en vez de su remoción, lo que logró los apoyos necesarios para que resultara la elegida.

"No elevemos a juicio la denuncia. Démosle una multa del 30 por ciento sobre sus haberes", dijo Candis al presentar su propuesta, a lo que Alvarez agregó: "Cambio la moción y la rectifico con la propuesta de Candis".

A favor de la multa al juez Bonadio votaron los consejeros Alvarez, Candis, Pablo González (senador Frente para la Victoria), Héctor Recalde (diputado FpV), Eduardo "Wado" de Pedro (diputado FpV), Ruperto Godoy (senador Fpv) y Gabriela Vázquez (jueza).

En contra de la multa y a favor de la desestimación del expediente votaron Luis Cabral, Leónidas Moldes ((juez), Gustavo Valdes (diputado Unión Cívica Radical), Angel Rozas (senador UCR), Graciela Donato (abogados), Miguel Piedecasas (abogado).

Los que votaron en contra de la multa dejaron claro que el accionar del juez es cuestionable, pero explicaron que se basaban en argumentos técnicos para rechazarlo ya que había pasado más tiempo del que la ley establece, y elegían no tratar el fondo de la cuestión que es el mal desempeño del magistrado.

La multa es del 30 por ciento sobre los haberes del magistrado, aplicándose por única vez, según lo dispone la ley, pero fuentes del Consejo de la Magistratura indicaron que la sanción "puede ser apelada por el magistrado ante la Corte Suprema de Justicia, como ya lo hizo en otra oportunidad, que resultó favorable al magistrado".

Las fuentes estimaron que en el caso de Bonadio la multa sería de unos 20.000 pesos, teniendo en cuenta el sueldo que percibe el magistrado, y también advirtieron que "la acumulación de multas también da lugar al pedido de juicio político".

Durante la jornada que se desarrolló en el segundo piso del edificio de Libertad 731, sede del Consejo de la Magistratura, se realizaron reuniones de comisión que permitieron avanzar en los procesos de selección de jueces para ocupar puestos vacantes en el Poder Judicial, como concursos y ampliación de listas de jurados, integración de subcomisiones que mantengan el equilibrio necesario entre oficialistas y opositores, y designaciones, en un clima de "consenso" y "acuerdos".