Nelson, paraguayo
Cuando tenía 8 años, Nelson Santacruz y su familia abandonaron su San Lorenzo (Paraguay) natal. Hoy él tiene 20, y se convirtió en un comunicador de la villa 21-24, ubicada entre Barracas y Nueva Pompeya. Le pide al gobierno nacional que no le ponga "sello de chorro y estigmatizador" a todo el que viene de países limítrofes, como él. "El último DNU es una forma de guiñarle el ojo a Trump", añade.

Para Santacruz, "los que jodemos somos los que venimos de Bolivia, Perú y Paraguay, ya que no escuché que se apunte a las multinacionales. Ellas no son el blanco. Evidentemente somos nosotros los que venimos a robar empleos". Y con su tono paciente pero enojado apuntó: "Le acaba de perdonar 70.000 millones de pesos a un extranjero", en referencia a la condonación al Correo Argentino, ya que Franco Macri es un inmigrante italiano que se nacionalizó argentino.

Cansado de pelear con estas "políticas xenófobas" (asegura que ya las vivieron cuando Macri era jefe de gobierno porteño), opina que "se intenta desviar la atención de la gente de los problemas realmente serios, como los ajustes, la inflación, las represiones, las políticas contra los derechos humanos y los desastres ambientales".

"La patria grande -siguió- queda cada vez más lejos cuando se toman estas medidas. Toda Latinoamérica tiene que juntarse y no dejar que cualquier gobierno neoliberal haga lo que quiera".

Daniela, boliviana
"Soy boliviana e hija de boliviano. Trabajadora e hija de trabajadores", repite Daniela Mérida. Hoy ella vive en el barrio Fátima de Villa Soldati, a más de 2.500 kilómetros de su país. Y esa lejanía de distancia se volvió algo cercano desde que Presidencia presentó el nuevo decreto "que nos afecta a los extranjeros pobres mostrando siempre lo criminal, lo malo de las villas".

El padre de Daniela es albañil. Su madre trabajaba en la limpieza. No se le caen los anillos. "Soy boliviana e hija de boliviano", insiste con orgullo. Está cansada de que generalicen. Así y todo, no baja los brazos. "Hay que revertir esta imagen con la opinión pública", dice.

"Muchos trabajan en negro y contribuyen a la Argentina, pero no son reconocidos. La mayoría de la mano de obra textil es boliviana y peruana. Y paraguaya en la construcción. Siempre estamos en negro y trabajos forzosos. Ellos (por los funcionarios) nos explotan", recalca Mérida, comunicadora y fotógrafa de La Garganta Poderosa.

Julio, argentino
Desde Córdoba capital, más precisamente del Bajo Yapeyú, Julio Pereyra, argentino él, habló con "Crónica" y tildó de "antipopular" el reciente decreto de necesidad y urgencia. "Siempre buscan un culpable y, oh casualidad, es el negrito, el pibe de barrio", grafica. El decreto 70/2017 (que modifica la Ley de Migraciones 25.871) "nos afecta porque tenemos muchos compañeros que sufren el hostigamiento a diario por las fuerzas de seguridad. Si sos de Estados Unidos o Europa no pasa nada". En sintonía con la Constitución, Pereyra recordó que "Argentina tiene las puertas abiertas, pero Macri va contra ello".

Edwin, peruano
Edwin Bautista Guevara, oriundo de Perú, habla desde su casa de Rodrigo Bueno, villa ubicada en Costanera Sur de Capital Federal. "Son medidas erradas", coincide, e intenta explicarle al Presidente que fue mantero "por necesidad. Ocupar la vereda para mí significaba sustentar mi hogar, darles de comer a mis cinco hijos. Tengo 40 años y no terminé la escuela. Cuando toco las puertas para buscar trabajo me las cierran".

Guevara insiste en que "si hablamos de extranjeros, Argentina fue construida por inmigrantes". Por eso dice que la única forma de revertir esta resolución es "levantar la voz, salir a la calle con los compañeros para mostrarle al gobierno de Macri que somos todos iguales".

Por otra parte, Amnistía Internacional sostuvo en un comunicado que "la modificación no respeta los derechos humanos" y que "reducir el fenómeno de la migración a un debate sobre seguridad nacional, que asocia el migrante al delincuente, es un error".

Miradas semejantes tienen el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que solicitaron una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el decreto presidencial por "agravar el escenario".