Los comerciantes y los empresarios vienen presionando para que los bancos dejen de cobrarles estos cargos en las compras de los clientes con los plásticos. El senador Alfredo Luenzo, del bloque Chubut Somos Todos, fue el legislador que presentó el proyecto para modificar el artículo 15 de la Ley 25.065, más conocida como la Ley de Tarjetas de Crédito.

El texto se refiere específicamente a dos cargos, correspondientes a los de tarjetas de crédito y débito:

1. La comisión que cobra el banco al comercio por transacciones con tarjetas de crédito pasaría del tres  al 1,5 por ciento.

2. La comisión que cobra el banco al comercio por transacciones con tarjetas de débito crédito pasa del 1,5 por ciento al cero por ciento. De esta forma, se establece la “gratuidad del medio de pago”.

Además, el proyecto propuso que la acreditación de los importes correspondientes a las ventas canceladas con tarjetas de débito en los comercios adheridos se haga en un plazo máximo de tres días.

El sistema financiero local tiene 21,9 millones de titulares de tarjetas de crédito, según datos del primer trimestre del año del Banco Central (Bcra). Y en total, hay 54 millones de tarjetas de crédito, de las cuales el 67% son bancarias y el resto no bancarias, de acuerdo a estadísticas de la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compras (Atacyc).

Los emisores -tanto bancarios como no bancarios- tienen otra visión. Sostienen que en esa comisión se incluyen las “percepciones de impuestos nacionales, IVA y Ganancias, como provinciales y municipales”. Por ejemplo, Ingresos Brutos, por el que no reciben una compensación, pese a a que implican gastos de administración, cobro, seguridad, que en algunos casos representan casi dos de cada 3,5 pesos cobrados.

Los emisores regionales no bancarios (como Tarjeta Naranja, Carta Sur, Credigala, Credibel), el margen neto que reciben para afrontar el costo de cobranza y recupero de deudores que se mantiene debajo del uno por ciento para el plazo de 90 días de la venta, no llega a cubrir el 40 por ciento del costo operativo.

Con todo, el 60 por ciento restante del negocio se financia con la prestación de servicios adicionales a los clientes, como seguros de todo tipo y publicaciones con ofertas y promociones, entre otros. En este sentido, dicen que una reducción abrupta de la comisión total impactaría tanto en los consumidores como en los trabajadores del sector.