Derrumbe del consumo, caída de la facturación y aumento del contrabando son las principales consecuencias que, según la empresas tabacaleras, está sufriendo el sector luego de la decisión del Gobierno de incrementar de manera agresiva presión fiscal a la venta de cigarrillos.

Esta determinación, adoptada en abril, llevó a las principales fabricantes, Massalin Particulares y Nobleza Piccardo, a subir los valores de sus marcas hasta un 50%, aunque luego retocaron $ 5 para abajo esos mismos precios para evitar el derrumbe de las ventas. Sin embargo, no lo lograron. De hecho, los propios datos oficiales avalan el escenario descripto.

Según el último informe de la Secretaría de Agricultura de la Nación, el volumen de cigarrillos comercializados en mayo fue casi un 45% menor al de abril, primer mes de vigencia del nuevo esquema impositivo que se aplica a los atados. Es así que el mes pasado se vendieron en el circuito legal 98,5 millones de paquetes, contra 177 millones del anterior mes.

De hecho, en los meses anteriores el volumen se había ubicado en 162 millones (enero); 155 millones (febrero) y 169 millones (marzo), lo cual revela que antes del impuestazo se habían recuperado los niveles de comercialización. Pero la caída de mayo frente a abril equivale a una baja exacta de 44,3% que las tabacaleras atribuyen precisamente a la suba del 70% al 80% del componente impositivo sobre los precios de los cigarrillos definida por el Ministerio de Hacienda y Finanzas con el argumento de lograr una mayor recaudación fiscal y derivar esos fondos a las provincias productoras de tabaco.

Sin embargo, en el mercado advierten que el efecto buscado por las autoridades no se logró y que, por el contrario, la recaudación "se desplomó". Es decir, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) obtendrá ingreso menores a los $ 30.000 millones recaudados el año pasado por la venta de cigarrillos.

Incluso se asegura que los ingresos del Fondo Especial del Tabaco (FET), que se destina a las provincias ya cayó 25% en tan sólo un mes. Cuando se anunció el nuevo componente fiscal para los cigarrillos, el Gobierno había asegurado que se recaudarían $ 1100 millones más a las regiones productoras.

En este sentido, fuentes del sector en el cual participan Massalin Particulares y Nobleza Piccardo, señalan a El Cronista que el negocio "está en caída libre" y que el efecto lineal es menores aportes al fisco. También argumentan que, por los aumentos en los precios de los atados legales, se duplicó la venta ilegal. Para apuntalar esta opinión, hacen referencia a la cantidad de decomisos que está llevando a cabo Gendarmería en las fronteras. Y también utilizan una solicitada del Sindicato Único de Empleados del Tabaco en la que se asegura que los manteros comenzaron a vender marcas oficiales a precios muy inferiores a los que se encuentran en los quioscos.

La solicitada sostiene que en la estación Once se pueden conseguir atados de marcas de primera línea por $ 25 cuando en el circuito legal cuestan entre $ 40 y $ 45. "Es que la gente se está volcando por los atados más baratos o busca en el comercio ilegal", argumentan desde una de las dos fábricas de cigarrillos más importantes del mercado.

En esa misma empresa sostienen que están evaluando los resultados oficiales para tomar medidas al respecto, aunque reconocen que el sector todavía "está sorprendido" por el impacto en el consumo que tuvieron la suba del componente fiscal y el incremento de los precios. Entre los kiosqueros el panorama es similar.

Además de sostener que la medida del Gobierno les quitó rentabilidad también reflejan que los consumidores están dejando de fumar como antes. Explican que antes percibían un ganancia de 7% por paquete, mientras que ahora ese porcentaje se redujo al 4%. "Los aumentos generaron una fuerte retracción en las ventas pero también nos obligaron a definir precios propios sobre los atados", explicaron en un local del barrio de Belgrano, que vende los atados con un sobreprecio de $ 5 que no está implícito en la etiqueta fiscal y que, por lo tanto, no tributa.