La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó hoy que es víctima de una injusticia a raíz de la aprobación de la Cámara de Diputados del juicio político contra ella y sostuvo que está en marcha un golpe de estado del cual participa el vicepresidente Michel Temer, a quien volvió a calificar como "traidor".

En el primer pronunciamiento desde que ayer la Cámara de Diputados aprobara el envío de su juicio político al Senado, Rousseff aseguró que "en democracia" sus sueños están siendo "torturados", y anunció que intenta un modo de relanzar su gobierno con nuevas medidas económicas.

"En mi juventud enfrenté por convicción la dictadura y ahora enfrento por convicción un golpe de estado que no es un golpe como los de antes, es un intento de elección indirecta por parte de quienes no tienen votos, y es importante decir que es extremadamente extraño que el vicepresidente conspire abiertamente contra la presidenta", dijo.

La mandataria, quien aseguró que estaba "triste" pero no "abatida", señaló que confiaba en que tendrá la "oportunidad" de defenderse y demostrar que, en su caso, "se usa la apariencia de un proceso democrático para practicar un abominable crimen, como es condenar a un inocente".

En rueda de prensa, Rousseff insistió en que las maniobras contables que sustentan la acusación no suponen una ilegalidad. "Practiqué esos actos, que son practicados por todo presidente en el ejercicio de su cargo y cuando un presidente practica actos administrativos lo hace basado en toda una cadena de decisión, con análisis técnicos y jurídicos", indicó.

Juzgó "interesante" que no haya en su contra "ninguna acusación de desvíos de dinero, de enriquecimiento ilícito o de ocultar cuentas en el exterior", que sí pesan contra quienes la juzgan, en alusión al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, imputado por esos delitos y aliado político de Temer.

Acerca de los próximos pasos, no descartó denunciar la decisión de la Cámara de Diputados ante el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) y dijo que el gobierno tiene mejor diálogo con el Senado que con la cámara baja.

Si el Senado acepta la denuncia en votación simple, Rousseff debe apartarse del cargo por 180 días hasta la votación final, en la cual puede ser destituida con el voto de los dos tercios de los 81 senadores.

En ese contexto, mientras prepara su defensa también busca la iniciativa política y dijo que esperaba que el miércoles el STF autorice la designación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de gabinete, suspendida por una medida cautelar desde el pasado 18 de marzo.

"Creo que será necesario el relanzamiento del gobierno, tenemos otro gobierno para construir un nuevo camino", afirmó.

Mientras tanto, Temer se mantuvo al margen de la luz pública luego de que la decisión de Diputados le abriera el camino a la conformación de un gabinete en la sombras, que prepara para el caso de que el Senado -de mayoría opositora- destituya a Rousseff.

En el ámbito político, la ambientalista Marina Silva, tercera en la elección de 2014 y favorita con Lula en las encuestas para 2018, se pronunció a favor de la convocatoria a nuevas elecciones luego de haber respaldado el juicio político en la cámara baja, aunque su partido, Rede, votó dividido.

En las finanzas, la Bolsa de San Pablo tuvo una tenue caída, de 0,63%, y la moneda brasileña se devaluó 2,07% frente al dólar.
Los actores económicos se pronunciaron a favor de la victoria del juicio político y de un gobierno de Temer.

"El mercado espera un cambio para que se pueda retomar la confianza y con eso volver a generar empleo e inversion", dijo el presidente de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), Paulo Skaf, afiliado al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer y financista de la campaña en las calles y en la prensa a favor del impeachment a Rousseff.

La Fiesp es la mayor central patronal de América latina y comenzó a hacer oposición al gobierno de Rousseff luego de que en 2014 el gobierno retirara los incentivos y los subsidios que durante cinco años había otorgado para enfrentar la crisis mundial surgida en 2008 en el sistema hipotecario de Estados Unidos.

Temer, quien apuesta a que el Senado va destituir a Rousseff el próximo mes, promueve al financista Arminio Fraga, dueño de un fondo de inversión, como su ministro de Economía, informó el diario Folha de Sao Paulo.

Fraga fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e iba ser ministro en caso de que venciera en 2014 el opositor Aécio Neves.

A la vez, un cambio de rumbo en el gobierno y la liberalización de la economía fueron reclamados por la Confederación Nacional Agropecuaria (CNA), la principal patronal del campo brasileño, el único sector que avanzó en 2015 en la economía de Brasil, que se derrumbó 3,8%.

La Fiesp y la CNA prometieron seguir con la campaña a favor del juicio político en el Senado.

"Lo que se necesita es cortar gastos del gobierno, hacer una reforma del sistema jubilatorio, del sistema de leyes de trabajo", dijo por su parte el presidente del sindicato patronal de construcción civil, José Romeu Ferraz Neto.

En el centro del debate, Rousseff reiteró que los planes sociales implementados por el PT desde 2003 estarán en riesgo con su caída.