"Las medidas que tomemos tienen que enmarcarse en una política económica del gobierno nacional, que en última instancia es llevar la inflación a un dígito". La frase pertenece al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, al finalizar el martes su primera conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada para declarar la emergencia del sistema eléctrico, decreto que se oficializó ayer en el Boletín Oficial.

Sin embargo, no todas las decisiones que toma la administración de Mauricio Macri parecen estar en sintonía con el objetivo último o al menos algunas tornan más fangoso el camino. El levantamiento del cepo anunciado el miércoles, con una devaluación del 40% como consecuencia, tiene su "lado b" en la economía, al trasladarse a los precios y generar así más inflación. El sector de los combustibles no sólo no es la excepción sino que es una de las pocas industrias que estrictamente debe guiarse por los vaivenes cambiarios a la hora de fijar precios. La razón es simple: las petroleras compran su producto en dólares y lo venden en pesos.

En medio de anuncios antipáticos para los consumidores como una inminente suba de tarifas a la luz y al gas, desde el Ministerio de Energía intentan ahora que las empresas contengan los valores en las estaciones de servicio y no trasladen de un solo golpe la devaluación a los surtidores. Para eso, Aranguren se reunió el miércoles con las principales petroleras y las convocó a una nueva reunión para hoy. La idea, según pudo saber El Cronista de fuentes oficiales es "discutir las bases de un acuerdo anual de precios".

No será una tarea sencilla. El flamante ministro siempre se pronunció a favor del libre mercado y fue el primer (y único) petrolero que en su momento se enfrentó abiertamente a Néstor Kirchner "desobedeciendo" a un congelamiento de precios. Sus ex colegas conocen en detalle esa secuencia. El esquema que busca acordar, a su vez, no difiere mucho del implementado por la gestión de Axel Kicillof, cuando negoció a principios de 2015 un sendero de precios que permitiera dosificar los aumentos a lo largo del año. A cambio, concedió beneficios impositivos, como una rebaja de retenciones a la exportación.

En el sector especulan con que se podría llegar a un acuerdo si el Gobierno resuelve, por ejemplo, bajar el costo del barril interno que hoy cotiza hasta un 80% más que el internacional y reducir así los costos de las refinadoras. Tampoco resultará fácil ese consenso. El sector del upstream necesita precios elevados para sostener la actividad petrolera, que hoy ya presenta signos de alerta con planes de contingencia en el sur del país. Aranguren, además, se comprometió a sostener los valores internos.