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JUDICIALES

2 de junio de 2023

Lesa humanidad. La Cámara de Casación confirmó la responsabilidad de los médicos en el secuestro de los Valenzuela Negro

La Cámara Federal ratificó la condena que pesa sobre los médicos Miguel Torrealday y Jorge Rossi por ser partícipes del robo y la supresión de la identidad de los mellizos Valenzuela Negro en 1978. Uno de los niños aún permanece desaparecido.

Para la Justicia, los médicos Miguel Torrealday y Jorge Rossi participaron del robo y la supresión de la identidad de los hijes mellizos de les detenides desaparecides Raquel Negro y Edgar Tulio Valenzuela. Así lo confirmó el martes la Cámara Federal de Casación Penal en un fallo que, cuatro años después de la sentencia en primera instancia, no deja lugar para la hipótesis de que los profesionales no supieron lo que ocurrió con aquellos bebés. Torrealday y Rossi eran dueños y jefes del servicio de Neonatología del Instituto Privado de Pediatría de Paraná, adonde en marzo de 1978 fueron trasladades Sabrina Gullino Negro Valenzuela y su hermano, tras nacer en el Hospital Militar de Paraná. Desde esa clínica privada fueron entregados y enviados a destinos diferentes a los de sus familias biológicas. Sabrina restituyó su identidad en 2008, pero del “melli” se desconoce paradero. “La confirmación de la condena revitaliza la búsqueda de mi hermano, vuelve a encender las preguntas y la exigencia para que estas personas rompan el silencio y cambien el lugar que todavía siguen teniendo en esta historia, el de cómplices del genocidio”, concluyó Sabrina. 

A fines de octubre de 2018, y tras casi tres meses de debate, el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Torrealday, Rossi y David Vainstub, quien falleció, a entre 6 y 9 años de prisión. Los consideró partícipes necesarios y secundarios, según el caso, de la sustracción y la supresión de la identidad de les bebés que Raquel Negro en cautiverio en plena dictadura cívico militar. La causa avanzó sobre la pata civil en la comisión de crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado, en este caso la apropiación de les hijes de víctimas del genocidio. La responsabilidad militar en el robo de les mellizes Valenzuela Negro se había investigado, juzgado y probado en 2011. Aunque resultaron condenados, Torrealday y Rossi continuaron libres. Lo siguen al día de hoy, a la espera de que el Tribunal fije una nueva pena, por orden de la Casación. 

 

“Por eso esta confirmación es importante”, resaltó en diálogo con este diario Sabrina Gullino Valenzuela Tulio, una de las bebés víctimas de los crímenes de Torrealday y Rossi, en relación a la decisión de la Sala II de la Casación, difundida este martes. “Más allá del monto de la pena que recibieron y recibirán, la confirmación de la responsabilidad de estos médicos suma un eslabón más al proceso de memoria, verdad y justicia que estamos construyendo colectivamente sobre la participación de civiles en el terrorismo de Estado y sus crímenes”, amplió y concluyó: “Contrariamente a la versión de los hechos que quisieron imponer, estas personas sabían de dónde veníamos mi hermano y yo y supieron lo que ocurrió con nosotros. Saben todavía en dónde está mi hermano. Necesitamos que lo digan”.

Una hipótesis descartada

Las defensas de Torrealday y Rossi apelaron la sentencia de 2018. La consideraron “injusta” y “abusiva” ya que los médicos eran "ajenos" al plan sistemático de apropiación de bebés desplegado durante la última dictadura. Se basaron en que los condenados eran dueños de la clínica, pero que no había elementos para probar sus vínculos con las fuerzas armadas dictatoriales ni con la entrega de los bebés.

El expediente llegó a la Sala II de la Casación. Para el camarista que lideró el análisis y el voto, Guillermo Yacobucci, los planteos no tuvieron asidero. “La entrega de los menores por parte de las autoridades del IPP a quienes no se mostraban investidos jurídicamente de ninguna competencia legal para retirarlos indica que, desde el inicio de la recepción de los niños, las autoridades de la clínica, al menos, conocían la situación irregular en la que estaban interviniendo y que se explica a partir de su vínculo con comportamientos cualificados en la condena”, esbozó el juez.

Raquel y “Tucho” Valenzuela fueron secuestrados en enero de 1978 en Mar del Plata y llevados en cautiverio al centro clandestino Quinta de Funes, en las afueras de Rosario. Estaban con Sebastián, el hijo mayor de ella, que cursaba un embarazo de siete meses. El Ejército intentó utilizar a Tucho como carnada para matar a la cúpula de Montoneros, que se encontraba en México, pero no lo logró. El militante denunció la maniobra. Raquel, en tanto, quedó bajo custodia de la fuerza represiva. La trasladaron entre febrero y marzo al Hospital Militar de Paraná a la espera de su parto –la identificaron falsamente como la sobrina del dictador Leopoldo Galtieri–. Custodiada por decenas de gendarmes e internada en una sala especial Raquel parió a sus mellizes 15 días después. Al día siguiente del nacimiento, les tres desaparecieron del hospital.

De Raquel no se sabe más. Pero hay pruebas testimoniales –en su mayoría enfermeras, la parte fundamental de la estructura probatoria de la causa– y documentales que confirman que les bebés pasaron por la flamante clínica de Torrealday y Rossi. “Hay una enfermera que lo vio llegar a Torrealday con mi hermano en brazos”, indicó Gullino Valenzuela Negro. También hay un libro de registro de ingresos y egresos de la clínica, en la que está indicado la llegada y el alta de les mellizos: la fecha de ingreso de ambos, sus identificaciones –Soledad López en el caso de ella, “NN López en el caso de él– su procedencia del Hospital Militar, el pago que se abonó por su cuidado y la fecha de egreso del lugar: 27 de marzo de 1978. Ese día, a Sabrina la dejaron en el Hogar del Huérfano, en Paraná, y luego fue adoptada por la familia Gullino. De su “melli” no se sabe más nada. Ella, Sebastián y su otro hermano, Matías –hijo de Valenzuela y su pareja anterior a Raquel– lo buscan sin cesar.

“Tanto por su rol de socios, como por su carácter de jefes y sus funciones en el área de neonatología del IPP, Torrealday y Rossi estaban formal y materialmente en una posición jurídica que implicaba la intervención –necesaria y secundaria, respectivamente- en los hechos atribuidos”, concluyó Yacobucci. Para el camarista Alejandro Slokar también está probada la responsabilidad de los médicos, aunque sostuvo, como plantearon las querellas en la causa, deberían ser considerados vectores en lugar de partícipes.

Para la hija restituía de la pareja Valenzuela-Negro, los médicos condenados “saben quién se quedó” con su hermano mellizo. “Mi mamá estuvo muy cuidada antes de nuestro nacimiento, ¿quién cuida tanto de una subversiva entre comillas? ¿para qué van a cuidar tanto de ella y de sus bebés si los van a dejar abandonados en un orfanato? Mi hermano es el botín que se quedaron a cambio”, sostuvo Sabrina, quien aseguró que “hasta último momento” sostendrá “la esperanza de que digan dónde está mi hermano y reviertan su lugar en esta historia. Estamos buscando al melli y alrededor de 300 personas que tiene su identidad incompleta. De este lado, están sus familias que los buscan y una sociedad entera que necesita una reparación a este delito terrible”. 

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