Una fuerte ofensiva se cocina en los tribunales de Comodoro Py para atacar la causa --a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi-- que reveló que en los cuadernos que se atribuyen a Oscar Centeno hay caligrafía de al menos una persona más, 1600 enmiendas y tachaduras, además de que una parte fue escrita de un tirón. 

El allanamiento a la vivienda de Jorge Bacigalupo, el amigo del chofer que tuvo los escritos y se los dio a un periodista de La Nación, enfureció a la fiscala Fabiana León, que estará al frente de la acusación del futuro juicio oral que tiene entre sus acusados a Cristina Fernández de Kirchner. 

En un dictamen que presentó esta semana, se quejó y denostó la investigación que hace tambalear parte de la prueba del caso a su cargo. Dijo que es un expediente "paralelo", que busca lograr "injerencia" y que ella debería ocuparse de evaluar la validez de los cuadernos. El Tribunal Oral Federal 7 se hizo eco y le requirió al juez cuestionado que le mande "urgente" "una amplia certificación del objeto procesal", o sea, quieren revisar si hay coincidencias en los expedientes. 

La realidad es que la fiscala nunca pidió peritar los cuadernos (lo podría hacer en la etapa de producción de pruebas para el juicio oral), algo que tampoco hizo jamás el fallecido juez Claudio Bonadio, ni lo impulsó el fiscal de instrucción Carlos Stornelli, ni lo propuso el juez que siguió, Julián Ercolini. 

Los peritajes solo se hicieron a partir de una denuncia que hizo por su cuenta el empresario Armando Loson, de la firma Albanesi, y que le tocó al juez Martínez de Giorgi. El denunciante pidió que se estudiaran los cuadernos donde él aparece mencionado. El caso de Loson había quedado separado del resto de los más de cuarenta imputados entre poderosos empresarios y exfuncionarios. Él había admitido pagos para las campañas políticas y pedía que lo juzgue la Justicia Electoral. 

El eje de la causa madre son los supuestos pagos de coimas para acceder a licitaciones. La situación actual es que Ercolini elevó su caso para que se incorpore al juicio y la Cámara Federal lo confirmó. El abogado de Loson, Carlos Vela, pidió la nulidad de todo lo actuado y ahora espera que se pronuncie la Sala I de la Cámara de Casación Penal Federal. 

El allanamiento 

Lo que parece haber irritado a León es que, al disponer la semana pasada el allanamiento a Bacigalupo, Martínez de Giorgi afirmó por primera vez de manera categórica que ya está corroborado que algunos cuadernos fueron adulterados. Lo dijo así: “En este proceso se investiga la posible adulteración o modificación de los escritos originales asentados en algunos de los cuadernos que sirvieran de prueba en la causa 9608 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11, Secretaría 21”. Y agregó: “Ello fue corroborado, inicialmente, a través del peritaje scopométrico realizado por este Juzgado, sobre las copias digitales de aquellos a los que pudo acceder por autorización del Tribunal Oral Federal 7, ante el que tramita aquella causa”.

Bacigalupo es un policía retirado, el amigo a quien Centeno le había confiado los cuadernos, y quien se los dio al periodista Diego Cabot, el que a su vez le llevó las fotocopias a Stornelli. En lugar de hacer la denuncia y que fuera a sorteo, el fiscal montó la causa de los cuadernos sobre otra. El juez imputó a Bacigalupo, que será testigo en el juicio oral de los cuadernos, porque sospecha que escribió sobre los textos del remisero. De su casa se llevaron 400 anotaciones de tacos de papel que tenía en un escritorio y dos agendas. Este jueves, informaron fuentes judiciales, el juez ordenó que la División de Scopometría de la Policía Federal haga un nuevo peritaje caligráfico para chequear su letra y cotejar con los cuadernos que se analizan en este expediente. Bacigalupo, que ahora está imputado, podrá poner su perito. 

Las irregularidades en relación con las anotaciones ya habían saltado a la vista con un peritaje privado que mandó a hacer Loson y con otro que hizo la Policía Federal. Ambos trabajaron sobre fotocopias porque ni la fiscala del juicio ni el tribunal oral admitieron el acceso a los originales, que aparecieron sorpresivamente en 2019 cuatro días antes de las elecciones presidenciales (pese a que Centeno había dicho que los había quemado). 

Con su peritaje, Loson denunció “gravísimas irregularidades” que consistían en “adulteraciones y tachaduras de nombres, lugares, direcciones y fechas” en los cuadernos.  Expertos del estudio Latour hallaron "más de 1600 alteraciones del texto original: 1373 sobre escritos y 195 correcciones con líquido corrector, a la vez que pudieron visualizarse 55 enmiendas o testados, entre otras anomalías”. 

El peritaje oficial, de la Policía Científica de la Federal, confirmó que en los cuadernos 7 y 8 hay correcciones hechas por otras manos distintas a las de Centeno (a la vez confirma que la letra original es de él); y 195 casos en los que se utilizó liquid paper, debajo del cual se pusieron cosas distintas al original; y el uso de cuatro tintas diferentes. Es decir, hubo manipulación. También dijeron que entre los primeros cuadernos y los últimos hay un cambio de velocidad en la escritura: los últimos parecen haber sido escritos de corrido, como si alguien le hubiera dictado a Centeno.  

Dictamen picante

En el dictamen que la fiscala le presentó al TOF 7 el  lunes último deja en claro de entrada su cuestionamiento al allanamiento a Bacigalupo. Dice que se enteró por los medios que el juzgado de Martínez de Giorgi "habría registrado el domicilio de uno de los testigos de esta causa y secuestrado documentación y equipos informáticos en pos de 'avanzar' sobre un presunto objeto que, como ya he dicho, resulta difícil de entender como distinto al de estos autos". Luego advierte: "No es la primera vez que toca pronunciarme sobre deformaciones de este tipo, realizadas en escenarios que se pretenden paralelos a este caso". "Hay mucho que se pierde en el afán de algunas magistraturas de gratificarse con el sentido o posición de ciertas partes", cuestiona. "No es esta, como dije, la primera ocasión en que me toca alzarme contra comportamientos procesales a todas luces oblicuos diagramados en jurisdicción y función extraña", agrega en evidente alusión al juez de primera instancia. 

Para León en la causa donde se investiga la adulteración de los cuadernos se pretende someter las pruebas del juicio oral (que aún no tiene fecha) "a una medida de objeto y función desconocida". Ella plantea que si Loson quiere discutir la validez de las evidencias o su situación, tiene que hacerlo ante el TOF 7, y cita el fallo de la Cámara Federal (firmado por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi) que rechazó el pedido de nulidad de las anotaciones como prueba --a raíz de lo confirmado por los peritajes-- que hizo el empresario y confirmó que debe ir a juicio. 

En su presentación, la fiscalía plantea que quiere acceder a la orden de allanamiento y al acta del procedimiento, y que el juzgado diga qué es lo que investiga porque quiere mostrar que es algo que le corresponde al debate oral. Esta discusión ya se dio con anterioridad, cuando Stornelli pidió que las denuncias de Loson se juntaran con el expediente principal, pero Ercolini le dijo que no y la Cámara coincidió. Sin embargo, el TOF 7 se subió a las nuevas objeciones de León y le pidió un informe urgente al juzgado. Martínez de Giorgi responderá y seguirá con sus medidas.