Resultó difícil, o más bien imposible, ubicar a Caputo Hermanos y a los dos fideicomisos que le mandaron 12 millones de pesos al neonazi Jonathan Morel. Los mandaron de una dirección a otra, les dijeron que en realidad era otra y terminaron mencionando una tercera en la que ni el encargado del lugar ni los vecinos dicen que funcionan los empresas de la familia tan vinculada a Mauricio Macri. Pero tampoco parece del todo creíble la fabricación de los muebles, colchones y otros elementos que se habrían mandado a cambio de los 12 millones de pesos: eran casas de familia, pequeños talleres, construcciones precarias, galpones diminutos sin cartel identificatorio y apenas tres locales en los que efectivamente se fabrica o, más bien, se venden cortinas, lámparas o colchones.

La pesquisa que hizo la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a pedido del juez Marcelo Martínez de Giorgi refuerza la idea de que la operación de provisión a los fideicomisos de los Caputo es sospechosa y el objetivo fue hacerle llegar semejante suma de dinero a Morel y Revolución Federal. Pero la causa sigue arrojando novedades. Ayer, el juez solicitó a su colega María Eugenia Capuchetti que le remita copias de algunos elementos de la causa del atentado contra CFK con el objeto de establecer posibles vínculos entre la copito Brenda Uliarte y la organización de Morel. Es un pedido en el que insiste la querella de la Vicepresidenta que exige la unificación de las dos causas. Hasta ahora Capuchetti no quiso hacerlo, pero el pedido de Martínez de Giorgi finalmente lo hace de hecho. Entre los argumentos del pedido están los chats, apariciones públicas en televisión y charlas en Twitter Space que marcan una sincronización escalofriante entre copitos y federales. El día del primer intento de atentado, Morel dice: “Quédense viendo las noticias que capaz nos enteramos de algo bueno y llega un avión a lo de Cristina” (ver aparte).

Once visitas de los investigadores

Martínez de Giorgi le ordenó a la PSA que de manera discreta averigüe de dónde salieron los elementos que, supuestamente, Morel le entregó a Caputo Hermanos y, sobre todo, a dos fideicomisos: Santa Clara al Sur y Espacio Añelo. O sea, quién hizo el trabajo a cambio de 12 millones de pesos, que Morel confesó que no tiene capacidad de hacer. Además, el juez pidió que ubiquen a Caputo Hermanos. La investigación arrojó un informe de 12 páginas y 14 fotos donde todo luce extraño y poco claro.

¿Dónde queda Caputo Hermanos?

El juez le dio a la PSA la tarea de averiguar el funcionamiento de los dos fideicomisos. La búsqueda no fue sencilla. Para el juez, las oficinas estaban en la avenida Córdoba al 1400, pero “arrojó como resultado que se habían mudado a otra dirección, Avenida Santa Fé al 1300. En esta oficina se constató que funcionaba una escribanía de nombre Caputo y allí declararon que la administración funciona en avenida Sucre 1767 de San Isidro, en la oficina 8”.

Cuando fueron a la dirección indicada tampoco pudieron verificar ni la existencia de Caputo ni de los fideicomisos. “Se trata de una construcción de dos plantas con un cartel que reza Las Lomas Park y en el que hay un local de artefactos de baño y otro de alarmas. Además, hay oficinas que no son de acceso público, sino que se entra con llave atravesando puertas de madera”. También se accede por el portero eléctrico, que tiene algunas denominaciones, según señalaron, pero ninguna correspondiente a las buscadas. En internet figura Caputo Hermanos en esa dirección por lo cual se entabló una conversación con el encargado que desconoció el funcionamiento de los fideicomisos o de Caputo Hermanos. Hubo diálogos discretos con personal de la oficina 8 (la indicada en la escribanía Caputo), pero siempre con “resultado negativo”.

¿Quién fabricó los muebles por 12 millones?

Jonathan Morel y Revolución Federal recibieron 12 millones de pesos de Caputo Hermanos -la empresa de la familia vinculada al macrismo- para fabricar muebles, cortinas, lámparas, sillones. La carpintería de Morel no estaba en condiciones de fabricar casi nada, lo admitió él, por lo tanto el referente neonazi dijo que todo lo mandó a hacer. El juez le pidió a la PSA que recorra las supuestas empresas proveedoras.

• En un domicilio de Arregui 4648 no fabrican muebles sino únicamente patas de muebles en una construcción más bien precaria.
   
• En otro sobre la calle Gorriti de Boulogne habrían fabricado banquetas y sillas. “Se observó una morada sin características propias de un local comercial y sin cartelería a la vista. Vecinos dijeron que se dedicarían a comercializar trabajos de madera”.
   
• En otro domicilio de la calle Asunción de Martínez tampoco había cartel que refiera a una carpintería. Pero igualmente hubo vecinos que consignaron que allí se trabajaba madera.
   
• En otros cuatro domicilios sí se detectó una fábrica de colchones en un galpón, una fábrica más sólida de cortinas en la calle Cucha Cucha, otra empresa dedicada a sillones, una casa particular en la que venden banquetas por Internet y un comercio a la calle -no fabricante- de lámparas en la calle Nogoyá de CABA.

El conjunto no parece que esté en línea con lo que un fideicomiso y una emprendedora de la envergadura del Grupo Caputo requiere para amueblar un edificio. Luce como un team más bien precario de pequeños fabricantes o comerciantes que, sin embargo, habrían entregado 144 respaldos de cama, 144 mesas de luz, 24 mesas de comedor, 24 barras de desayuno, sillas, sillones de dos cuerpos, 144 colchones, almohadas y centenares de otros elementos. No encaja que a un novato carpintero se le entregue semejante cantidad de dinero, sabiendo que no puede hacer los trabajos, y para que tercerice lo que hay que producir. O sea, suena más a “te doy estoy para que te quedes con buena parte”.

Menos aún suena creíble que los Caputo no estuvieran al tanto de las actividades de la organización neonazi. La versión -insostenible- es que la hermana Rossana Pia Caputo andaba por la calle y de casualidad se encontró con la carpintería de Morel y le dio trabajos. Justito se dio también la casualidad que Morel era la cabeza de un grupo violento, ferozmente anti-peronista, en la que aparecieron los que quisieron matar a la vicepresidenta. Y que, por supuesto, se dedicaron a atacar la Casa Rosada, el Instituto Patria, escrachar a Sergio Massa y a Silvina Batakis. En alguna de esas actividades y en una fiesta estuvieron Brenda Uliarte y Fernando Sabag y en los vivos de las redes sociales sólo se hablaba de matar a Cristina para lo cual necesitaban un héroe.