La medida fue decidida en una reunión que mantuvieron el sábado pasado los directores de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (Feabv) junto al Comando Unificado de Operaciones y los jefes de los cuerpos activos.

En un documento emitido luego de ese encuentro, la Feabv lamentó que durante la actual gestión del Gobierno provincial no se registraran avances en el tratamiento de un proyecto de ley presentado por la Federación para reemplazar a actual ley N° 8105, de Bomberos Voluntarios.

La iniciativa establece “claramente el financiamiento a las Instituciones de 1° grado y a la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios como entidad representativa y organismo ejecutivo de la Junta Provincial de Defensa Civil” y también la cobertura de obra social, el reconocimiento a los 25 años de servicios para los integrantes de los cuerpos activos y la adhesión a la Ley Nacional N° 27.629, de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.

“Venimos escuchando sólo promesas de funcionarios y legisladores para el tratamiento del proyecto”, acusaron los bomberos. “El gobernador Gustavo Bordet nunca nos atendió ni ha demostrado interés en mantener ningún tipo de diálogo con nuestro sistema”, lamentaron en el texto enviado a esta Agencia.

Denunciaron también que “todos los Gobiernos han hecho caso omiso al cumplimiento” de la ley actualmente vigente. Por ejemplo, mencionaron que al artículo 24 de la ley N° 8105 establece que “los miembros de los cuerpos activos tendrán derecho a afiliarse al Instituto de Obra Social de la Provincia (Iosper), beneficio extensivo a cónyuge y parientes hasta el primer grado” y que “los aportes correspondientes a los miembros de los cuerpos activos serán abonados por el Gobierno provincial”. Sin embargo, jamás se cumplió este punto.

Por otro lado, señalaron que la provincia de Entre Ríos “se destaca a nivel nacional por ser la que menos aporta al sistema de Bomberos Voluntarios”. El monto que otorga a cada una de las 65 Instituciones “promedia los 40.000 pesos mensuales”, cuestionaron.

Ante esta situación, la Federación se declaró en estado de “alerta y movilización”.