Mauricio Macri finalmente tuvo que presentarse en el expediente en el que se investiga el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. El expresidente designó a Pablo Lanusse y a Jimena Pisoni como sus abogados y apeló la decisión del juez Martín Bava de prohibirle la salida del país. Macri está citado a indagatoria el próximo miércoles 20, aunque aún no hay certeza de que vaya a comparecer ese día.

En la presentación, Macri le recriminó a Bava haber generado "estrépito" con la convocatoria a indagatoria y la prohibición de salda del país, usando las mismas palabras que empleó la semana pasada la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, al mandarle un mail al juez para avisarle que Macri no iría a la primera fecha de indagatoria que tenía fijada para el jueves 7.

El expresidente también dejó en claro que presentarse no implica reconocerle la competencia a Bava para juzgarlo, por lo que es posible que haya nuevas impugnaciones para arrancar la causa del juzgado de Dolores, al que desde el macrismo definen como un "juzgado anti-PRO" y llevarla a los tribunales de Comodoro Py, un terreno siempre menos árido para el macrismo. Añadió que aun estando fuera del país se presentaba convencido de su "absoluta inocencia" y como derivación de su respeto y sujeción a las instituciones de la República.

Además, de ponerse a derecho --al filo de que cumpliera el plazo para presentarse--, el objetivo de la presentación del expresidente fue apelar la decisión de no dejarlo salir del país, algo que puede obstaculizar su voluntad de mostrarse activo desde el exterior. "La decisión de disponer mi prohibición de salida de país resulta entonces huérfana de toda fundamentación relacionada a mi persona y situación, lo cual conculca los derechos, principios y garantías que me amparan y que informan el debido proceso y la defensa en juicio", protestó Macri en el escrito presentado en la mañana de este jueves ante el juzgado de Dolores.

Bava concedió el recurso de apelación y giró el expediente a la Cámara Federal de Mar del Plata para que defina si estuvo bien dictada la prohibición de salida del país del expresidente, informaron fuentes judiciales. Ese tribunal, además, tiene para revisar la decisión del juez subrogante de Dolores de impedir la salida del país de Gustavo Arribas, el amigo del expresidente que comandó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) entre 2015 y 2019.

La acusación

El 1 de octubre, el juez Bava citó a indagatoria a Macri y le ordenó la prohibición de salida del país por el espionaje a los familiares del ARA San Juan. El expresidente estaba, por entonces, paseando por Miami Beach mientras presentaba su libro Primer Tiempo. Según entiende el magistrado, Macri ordenó y posibilitó las tareas que realizaron ilegalmente desde la AFI entre finales de 2017 y finales de 2018, cuando finalmente se halló el submarino.

Los seguimientos y las infiltraciones entre los parientes se realizaron desde la base de la AFI en Mar del Plata, que durante el macrismo estuvo al mando de Nicolás Iuspa Benítez, que había ingresado a la SIDE durante el menemismo. Junto con Iuspa Benítez fueron procesados cinco agentes que estaban asignados a esa base.

Según reconstruyó el juez, desde Mar del Plata enviaban los informes vía Telegram a la Dirección de Reunión Interior, que estaba a cargo de Eduardo Winkler. Esa información llegaba a las máximas autoridades de la AFI, Arribas y Silvia Majdalani, y al entonces presidente Macri. Las tareas de los espías estuvieron centradas en anticiparle a Macri cuáles serían los reclamos y los próximos movimientos de los familiares.

Los inicios

La causa se inició el 23 de septiembre pasado, cuando la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció el espionaje sobre las familias de los tripulantes del ARA San Juan. En ese momento, Caamaño también denunció a Macri. La investigación tramitó en la justicia federal de Mar del Plata, a cargo del fiscal general Daniel Adler, quien recolectó la documentación que da cuenta de los seguimientos y tomó los testimonios de los familiares.

Sin embargo, el juez Santiago Inchausti consideró que la causa debía ir a Dolores para que pudiera ser investigada como una arista del llamado “Proyecto AMBA”, la iniciativa mediante la cual la AFI desplegó seis bases en provincia de Buenos Aires y usó las tres históricas --entre las que se encontraba la delegación Mar del Plata-- para hacer espionaje político. La Cámara Federal de Mar del Plata convalidó la decisión de Inchausti y la causa pasó a Dolores, donde Bava tomó once indagatorias y dictó nueve procesamientos. Aún resta que el juez resuelva la situación procesal de los dos exdirectores operacionales de Contrainteligencia de la AFI durante el macrismo, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste.

La presentación de Macri en el expediente se dio en simultáneo con una reunión que mantuvo Caamaño este jueves con las madres, esposas, compañeras y hermanas de los tripulantes del ARA San Juan junto con la abogada Valeria Carreras, que las representa. “Fue lo más doloroso que encontramos desde que comenzó la Intervención de la AFI”, les dijo Caamaño a quienes participaron del encuentro.