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SALUD

13 de septiembre de 2021

INFADER S.A. LA DROGUERIA ESTATAL ENTRERRIANA

La Cámara Entrerriana de Droguerías y Distribuidoras de Productos Médicos se declaró en estado de alerta tras conocerse que el Gobierno provincial ingresará al mercado de medicamentos a través de la figura de laboratorio, que también tiene como objeto realizar la actividad de venta y distribución de medicación. Posiblemente la droguería estatal buscaría bajar los precios a los medicamentos al consumidor.-

La preocupación es por la creación de INFADER SA (Industrias Farmacéuticas de Entre Ríos S.A), proyecto provincial que se realizará con capital estatal del Instituto Autárquico Provincial de Seguros de Entre Ríos (IAPSER) y el Instituto a Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS). La empresa se instalaría en el Parque Industrial de Concepción del Uruguay.

Desde la entidad que agrupa a las droguerías entrerrianas afirman que IINFADER realizará una actividad que en la actualidad llevan a cabo droguerías y distribuidoras de productos médicos que proveen al sistema de salud público y privado. Además, sostienen que se pone en riesgo la fuente laboral de más de 20 pymes entrerrianas.

En diálogo con Entre Ríos Ahora, Claudio David, secretario de la Cámara de Droguerías, sostuvo: “Nosotros somos una Cámara formada por prácticamente el 80% de las droguerías que existen en la provincia y proveemos todo lo que tiene que ver con salud a los hospitales, clínicas, centros de salud, sanatorios y farmacias. Cada comercio genera empleo genuino. En nuestro rubro el empleo en negro no existe”.

Sobre el proyecto de INFADER, señaló: “Cuando tomamos conocimiento de INFADER sabíamos que era un laboratorio provincial que iba a fabricar medicamentos para distribución en efectores públicos y eso nunca nos preocupó, lo que sí nos preocupa es cuando se hace el cambio de objeto a comercializadora, logística y distribución. Ahí nosotros nos preguntamos: ¿no era que iban a armar un laboratorio?”.

En ese sentido, David manifestó que pidieron una audiencia con autoridades del Ministerio de Salud y de Producción, con el fin de despejar dudas sobre la actividad que desplegará INFADER. “Nos sorprende que toman posición IAPSER e IAFAS y el ministerio de Salud no está involucrado, ya sea centralizando compras o lo que fuere. Acá sucede que dos empresas autárquicas arman una sociedad anónima que se pone a hacer lo que hacemos nosotros. Uno no cuestiona que lo hagan, simplemente queremos saber cómo lo van a hacer y si nos va a afectar”.

El representante de las Droguerías resaltó que la entidad no “está en contra de INFADER, sino que estamos en alerta porque somos generadores de empleo”. “Queremos claridad. Por ejemplo, si mañana tengo que tomar un vendedor, cómo hago si no sé si tengo que empezar a despedir personas. Esto te pone en alerta para decir cómo vamos a ir para adelante”, explicó.

“No es fácil esta situación. Queremos que nos convoquen para dialogar y ver cómo quedamos parados nosotros. Si no fuera injusto, nosotros ni nos movilizamos”, agregó.

Por último, el secretario de la Cámara de Droguerías reiteró que las pymes entrerrianas del rubro “llegan a los hospitales de toda la provincia y que el Estado no puede meter la pata de ir contra las empresas privadas”.

“Tenemos leyes que nos protegen, como la Ley de Lealtad Comercial que dicen que si se entra en el circuito, hay cosas que no pueden suceder. Por ejemplo, si yo facturo y me pagan a los 160 días y a INADER le pagan a los 30 días. Eso podría ser un beneficio”, aseveró.

Más allá de las dudas y especulaciones en torno a lo que pueda pasar con el eventual funcionamiento de INFADER, David reiteró que la firma estatal “no va a hacer magia con una comercializadora comprando en el mismo lugar que nosotros. No va a ser nada distinto a lo que venimos haciendo”.

El antecedente de Tierra del Fuego

A fines de agosto, la Cámara de Droguerías emitió el primer comunicado en el que alerto sobre la situación. Allí, señalaron que “para comprender la urgencia y gravedad de lo que está sucediendo, es clave remontarnos a julio de 2003, cuando el ex gobernador Sergio Montiel procedió a la creación de INFADERSA, con el objeto de “dedicarse por cuenta o de terceros y/o asociada a terceros a la organización, explotación de un laboratorio de productos para medicamentos genéricos y realizar contrataciones y/o cualquier otra actividad que sea menester para el cumplimiento del fin propio, bajo el régimen de la legislación nacional y provincial vigente”.

Además, agregaron que “en marzo de 2013, la Asamblea General Extraordinaria realizada en las instalaciones del IAPSER modificó el Estatuto y estableció un nuevo objeto social donde “la sociedad se dedicará por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, a la organización, gerenciamiento y gestión de sistemas parciales e integrales de control, provisión, logística, distribución y comercialización de medicamentos, drogas e insumos de farmacias y de establecimiento de salud pública de Entre Ríos, pudiendo extender su oferta de bienes y servicios a otras jurisdicciones de la República Argentina. Podrá asimismo importar y exportar bienes y servicios vinculados a su actividad, y participar de licitaciones y demás procedimientos de contrataciones nacionales e internacionales, privadas y públicas en nuestro país y en el extranjero. Queda facultada para que, por cuenta propia o de terceros y/o asociados a terceros, explote productiva y comercialmente, laboratorios de especialidades medicinales para uso humano y/o veterinario, como así también desarrolle e impulse toda actividad vinculada a la investigación y desarrollo de productos, insumos, drogas y todo elemento y proceso que implique su aprovechamiento y utilización en la industria del medicamento y la salud humana y animal”.

Más adelante, advirtieron que la iniciativa podría tener similitudes con un proyecto en Tierra del Fuego. “Es una situación compleja y vemos con asombro la similitud de esta maniobra con la ejecutada en Tierra del Fuego con el Laboratorio del Fin del Mundo; donde crearon la figura de un laboratorio y lo que menos hicieron fue fabricar medicamentos; comenzaron a comprar y a tercerizar a precios desorbitados y perjudiciales para el Estado, lo que provocó una denuncia e investigación por presunta estafa es casi 55 millones de pesos y tiene imputados a todos los directivos del Laboratorio”, señalaron.  De la Redacción de Entre Ríos Ahora.

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