A través de un pedido de acceso a la información, el Ministerio de Gobierno informó a esta Agencia que 25 oficiales y suboficiales de la Policía de Entre Ríos recibieron 50 días de arresto por su participación en los sucesos registrados entre el 7 y el 9 de diciembre de 2013 en Concordia.

En esa oportunidad, los uniformados tomaron la Jefatura Departamental y dejaron sin servicio de seguridad a la ciudad, generando las condiciones para que se produzcan saqueos en comercios y supermercados que tuvieron el saldo luctuoso de tres jóvenes muertos.

Además, 18 policías fueron cesanteados de la fuerza por haber sido parte de esos mismos hechos.

· Diferencias

El número total de 43 sancionados con medidas administrativas, así como su integración con oficiales de alto rango, dejó en evidencia a la acusación penal y a la posterior condena que recibieron los 17 uniformados en 2015 donde hay un solo oficial de bajo rango (Carlos Zaragoza) y 16 suboficiales.

De los condenados judicialmente, y cuya sentencia aún no está firme dado que resta la audiencia de Casación y resolver un pedido de prescripción, trece recibieron la sanción más dura: la cesantía en la fuerza. Se trata de Juan Pedro Lacuadra; Carlos Rosas; Luis Gómez; Ricardo, Luis y Maximiliano Andrés Paredes; José María Biderbos; Daniel Chávez; Romeo Fabián Valdéz; Alfredo Imaz; Diego Differding; Luis Carlinoy Manuel Leandro Coutinho.

Por otro lado José Orlando Troncoso y Juan Manuel Rosas recibieron una sanción menor: cincuenta días de arreto.

En el informe del Ministerio de Gobierno no figuran sanciones administrativas contra Carlos Daniel Zaragoza (cuyo apellido le dio nombre a la causa penal) ni a Hugo Fabricio Troncoso.

Zaragoza fue acusado de ser quien golpeó en el rostro al entonces jefe departamental, Lucio Villalba, al momento en que los uniformados ingresan por la fuerza a la sede policial. En filmaciones posteriores, apareció con la mano vendada, pero no hubo pruebas para sostener la acusación y el cargo de lesiones fue dejado de lado.

· Otras sanciones

Además de los mencionados, recibieron arresto por 50 días:

- Oficial Sub Inspector Ramiro Martín Zaragoza;

- Oficial Sub Inspector Edilberto Cabrera;

- Oficial Sub Inspector Matías Ricardo Miranda;

- Oficial Sub Inspector Claudio Luis Geminiani;

- Ex oficial Sub Inspector Omar Rastelli;

- Sub oficial principal (RE) Antonio Moreno;

- Sargento Ayudante Raúl Orlando Ruiz Díaz;

- Sargento 1° Ramón Alberto Zarza;

- Sargento 1° César Marcelino Tupone Zacur;

- Ex sargento 1° Sebastián Matías Irutta;

- Sargento Esteban Eliseo Cendra. Su sanción fue apelada y está pendiente de resolución. En la causa penal fue absuelto.

- Sargento Julio César González;

- Cabo 1° Hugo Daniel Moreira;

- Cabo 1° Edgardo Fabián Villanueva;

- Cabo 1° Germán Emanuel Vázquez;

- Cabo 1° Luis Sebastián Bonfiglio;

- Cabo 1° José Manuel Martínez;

- Cabo 1° Miguel Alberto Zabala;

- Cabo 1° Fulvio Fermín Paiz;

- Cabo Hugo Osvaldo Godoy;

- Cabo Cristian Enrique Repetto;

- Cabo Marcelo Fabián Rojas

- Cabo Juan José Cardozo.

A los que tuvieron condena penal se les sumaron como cesanteados:

- Sargento 1° Rodolfo Alcides Chávez;

- Sargento 1° Valentín Fernández;

- Sargento 1° Fernando Javier Ojeda;

- Sargento 1° Gerardo Leonel Gómez;

- Cabo 1° Matías Sebastián Aldaz.

Corresponde mencionar que Fulvio Paiz, a quien se le impuso una sanción de arresto, es uno de los uniformados que aparece junto al ex gobernador Sergio Daniel Urribarri en la foto tomada en la sede de Cafesg al momento en que se firmó el acta acuerdo con las exigencias de los uniformados rebeldes para volver a la actividad. En esa toma también aparece, con la ropa policial, Gerardo Gómez, que recibió la cesantía.

· Palabras y hechos

A pocos días de los hechos, el Procurador General Jorge García afirmó en declaraciones a El Diario que esa imagen y el documento que se firmó eran “prueba del delito, del chantaje a punta de pistola en el sentido de que se extorsionó, se forzó un acuerdo a partir de la situación que reinaba en las calles”.

En esa misma entrevista indicó que formaron parte del acto sedicioso entre 60 y 70 policías. De ese total, una treintena estaba “más comprometido” y una docena aparecía “directamente implicados en delitos más graves”.

Sin embargo, a juicio oral fueron llevados uniformados sin mayor peso en la fuerza. Entonces la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche deslizó a esta Agencia que podría haber otro juicio para avanzar sobre los cabecillas, un “Sedición 2” que nunca se llevó adelante y que, según comentan en Tribunales, a esta altura sería imposible dado que ante la falta de investigación penal y de imputación los cargos habrían prescripto.

Tras la condena en primera instancia, las condenas fueron agravadas por la Cámara de Casación Penal de Paraná. Esta decisión fue dejada sin efecto por el Superior Tribunal, que ordenó que se realicen nuevas audiencias de segunda instancia. Estaba previsto que se concreten a principios de año, pero debieron postergarse. En el mientrastanto, la defensa de Rosas pidió la prescripción de la acción penal. (APFDigital)