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GREMIALES

9 de junio de 2021

El Gobierno provincial aún no ha definido la prórroga de la ley de emergencia

El Poder Ejecutivo aún no ha definido si hará uso de la opción de extender durante 180 días la ley de emergencia solidaria que incrementó impuestos e impuso descuentos a haberes del personal activo y pasivo de la Administración pública para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones y solventar la merma en la recaudación que provocó la pandemia, informaron fuentes oficiales.

La ley de emergencia solidaria fue aprobada por la Legislatura a mediados del año pasado, en pleno desarrollo de la primera ola de la pandemia de Covid – 19 y cuando el impacto del parate para evitar contagios había provocado un agujero en las cuentas públicas provinciales y nacionales.

La norma tendrá vigencia hasta el próximo miércoles 30 de junio. Pero su articulado incorpora la posibilidad de que el gobernador Gustavo Bordet prorrogue su alcance por única vez durante 180 días.

Esta posibilidad es la que está en estudio en el Gabinete provincial. “No hay nada definido todavía”, expresó una alta fuente oficial ante la consulta de esta Agencia. De fondo, está el reclamo de los gremios estatales y docentes que cuestionaron en la Justicia la norma hasta que el Superior Tribunal de Justicia terminó avalando su constitucionalidad y que ahora plantean que no debe prorrogarse.

La ley declara el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las funciones inherentes al Estado provincial y la normal prestación de los servicios públicos.

Los recursos para atender la emergencia fueron tomados del incremento de los aportes de activos a la Caja de Jubilaciones y la imposición de una contribución de los pasivos al organismo, a fin de achicar su déficit, que explica en gran medida el rojo de las cuentas públicas provinciales. También se incrementan impuestos para entidades financieras, explotaciones rurales de más de un mil hectáreas y comercio de medicamentos. (APFDigital)

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