Otro magistrado de Federal, el titular del Juzgado de Garantías, Maximiliano Larocca Rees, impidió que prosperara esa denuncia y dictó el sobreseimiento de la delegada departamental del Copnaf, Josefina Micaela Bonomi. Como informó Entre Ríos Ahora, la tramitación de la causa puso al descubierto los errores en los que suelen incurrir los magistrados cuando no tienen un conocimiento acabado de la legislación vigente, en este caso la que protege a la minoridad, según observó el defensor de Bonomi, José Velázquez.

Luego de haber conseguido el sobreseimiento de la funcionaria del Copnaf, el abogado José Velázquez decidió acudir con una presentación a la Comisión de Acuerdos del Senado -donde se dan aprobación a los pliegos de jueces, fiscales y defensores del Poder Judicial- y puso al corriente al titular del organismo, el senador Horacio Amavet, de esa situación enojosa, pero también de otras resoluciones judiciales que generarían resquemor e impavidez. En su escrito, que firma Bonomi y patrocina Velázquez, se habla «de la problemática de la aplicación de la Ley Procesal de Familia Nº 10.668 y el paradigma integral de protección de niñas y niños por parte de la Jueza de Familia»

En su presentación ante el Senado, el abogado sostiene que «la Jueza de Familia María Soledad Villalonga de la ciudad de Federal con sus resoluciones instala escollos insalvables a la aplicación de la normativa vigente y además, dificulta el cumplimiento del rol del Copnaf». Y apunta: «Las medidas de excepción planteadas por el organismo (Copnaf) ante situaciones de vulnerabilidad para la restitución de derechos son la principal tensión al momento de hacer eficiente la aplicación de la Ley 10.668. Pero no solamente hay una tensión acerca de la jurisprudencia de criterios para el abordaje de situaciones de excepción con el Copnaf, sino que también, con el resto de los distintos actores sociales de nuestra comunidad».

Pero además, Velázquez aporta que «dicha tensión se presenta  también en  procesos de distinta naturaleza -trátese de procesos judiciales en el ámbito de las violencias familiares o de género-  con otros actores de la comunidad; así el caso de los municipios locales del Departamento Federal,  quienes a diario son oficiados a fin de que garanticen, mediante la proporción de recursos económicos, con distintas acciones que le son impuestas, que lejos están de ser especificadas en el detalle de los medios y formas para llevarlas a cabo, desconociendo asimismo los recursos existentes en cada jurisdicción local, dejando lugar a la improvisación, o lo peor, de todo el fracaso de la protección intentada».

Y agrega: «Mandas  judiciales  que dan lugar en lo cotidiano al agotamiento exhaustivo, incluso, de los recursos humanos con los que cuentan los diferentes organismos de la comunidad, atento que en una misma orden judicial se llega a la superposición de intervenciones de distintas áreas, quienes en la realidad abordan la situación dada en razón del marco legal que se presenta en el caso particular y en razón de diferentes estamentos de intervención, sin llegar a una distinción clara de los niveles de intervención».

Y plantea que «es de suma importancia» que la Comisión de Asuntos Constituciones y Acuerdos del Senado «tome conocimiento de esta situación, acerca de su  incumplimiento o indiferencia a la normativa vigente por parte de los actores judiciales, cuyo principal rol, es garantizar la aplicación de la ley».

«Es difícil pensar en el mejoramiento de las instituciones entrerrianas que son perfeccionadas a través de leyes aprobadas por la Legislatura, cuando hay actores judiciales que son indiferentes a la normativa vigente», subraya el abogado.  De la Redacción de Entre Ríos Ahora