El consejo asesor de juristas que convocó Alberto Fernández para el diseño de una reforma judicial le propuso en un gran dictamen crear un tribunal intermedio que funcione como filtro de los casos que llegan a la Corte Suprema, sugirió poner plazos para que el más alto tribunal dicte sentencias y que tenga deliberaciones públicas, pero esquivó opinar sobre el número de miembros ideal de supremos/as. Sugirió, entre puntos novedosos, que la oficina de escuchas (DaJudeCO) salga del ámbito supremo también. Los juristas plantearon que debe cambiar la integración del Consejo de la Magistratura, subir de 13 a 16 miembros, lo que implicaría menor representación política, ya que les parece que hoy no respeta el equilibrio constitucional. 

Para todo dicen que es imprescindible que se respete la paridad de género, hoy inexistente. Alientan un acortamiento en el mandato del procurador/a a cinco años y que sea elegido con mayoría absoluta, no de dos tercios como es en la actualidad para un mandato vitalicio. Para la remoción sugieren mantener el sistema de juicio político actual. Impulsan, entre otros puntos novedosos, que la designación del o la titular de la Oficina Anticorrupción sea con audiencia pública, a propuesta del Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado. A la vez, plantean una reducción de sus funciones.

El consejo mantuvo deliberaciones durante tres meses y se manejó con un temario específico detallado en un decreto presidencial. El martes por la noche le hizo llegar al Presidente el documento, de casi mil páginas, con sugerencias que podrían ser utilizadas para el envío de distintos proyectos de ley. Quizá en unos días se haga algún acto o reunión. Las posiciones de los juristas no fueron unánimes, en muchos casos quedaron divididas 6 a 5 y en ciertos temas, como en lo que atañe al Consejo de la Magistratura, hubo consensos un poco más altos. Andrés Gil Domínguez y Marisa Herrera se ocuparon de la mayor parte de la redacción y coordinación de todas las posturas. El resto de los integrantes fueron León Arslanian, Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Hilda Kogan, Enrique Bacigalupo, Claudia Sbdar María del Carmen Battaini, Omar Palermo y Raúl Gustavo Ferreyra. Aquí, algunos detalles de las recomendaciones:

Corte Suprema

El consejo no opinó sobre el número de jueces de la Corte, tras discutir si estaba entre sus misiones hacerlo. Al analizar el funcionamiento del alto tribunal, hubo una opinión mayoritaria de que debería obrar como un tribunal constitucional y tratar menos casos al año, al estilo de la Corte de Estados Unidos. Para eso idearon distintos tipos de filtro. El principal sería un tribunal intermedio, que podría asimilarse a una cámara de casación, con competencias múltiples. La mayoría cree que debería dedicarse a revisar, en esencia, las sentencias arbitrarias, las que vienen de cámaras federales y tribunales superiores de las provincias. Sobre este último punto hay posturas variadas. Algunos consejeros prefieren que sólo revise fallos de las cámaras federales. El esquema es una división en salas, que daría una integración de unos 15 jueces/as. Otro filtro que consideran es el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, donde deberían ir --dicen-- las apelaciones de las cámaras nacionales antes de llegar a la Corte.

Los juristas plantean que el Congreso debería sancionar una ley orgánica que regule todo lo que atañe a la Corte y defina, por ejemplo, desde la designación de sus miembros, que la integración garantice paridad de género, pluralidad ideológica y representación federal, pero también la obligatoriedad de audiencias públicas para cierto temas, que haya acuerdos públicos, que los supremos/as tengan un plazo razonable establecido para fallar.

Otras ideas: que la Corte pueda resolver acciones declarativas de inconstitucionalidad “puras”, es decir, sin que haya un caso, por ejemplo, ante el cuestionamiento de una ley. Que pueda responder consultas no vinculantes sobre proyectos de ley. Señalan también que el llamado artículo “280” que se usa para rechazar planteos sin fundamento sea reformulado o que exista una exigencia de fundamentación mayor. De acuerdo un pedido de los organismos de derechos humanos, plantearon la creación de secretarías específicas, también en el Ministerio Público Fiscal, y que la falta de aplicación de las disposiciones de organismos internacionales de derechos humanos y fallos de la Corte Interamericana sean causal de remoción de jueces.

Pusieron en tela de juicio también que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que contiene a la oficina de escuchas, continúe en la Corte. Sugieren evaluar su traspaso, aunque no dicen a dónde. También advirtieron que el famoso fondo anticíclico (el ahorro millonario que tiene la Corte) se debe utilizar para mejorar los sistemas con una innovación basada en inteligencia artificial.

Procuración y Ministerio Público

Es un tema candente porque está en pleno debate en el Senado y, de hecho, el oficialismo allí esperaba la postura de la comisión. La idea de limitar el mandato del Procurador/a tuvo diez adhesiones y se propuso una duración de cinco años. Gil Domínguez fue el único que sostuvo que debe quedar como está, sin límite. Algunos agregaron la posibilidad de reelección. Las diferencias aparecieron en la mayoría necesaria para la designación. Kogan, Weinberg, Battaini, Gil Domínguez y Bacigalupo se inclinaron por sostener el acuerdo de dos tercios actual. Beraldi, Arslanian, Ferreyra, Herrara, Palermo y Sbdar prefieren mayoría absoluta. Para la remoción hubo coincidencia en sostener el juicio político, con acusación de dos tercios en Diputados, y destitución por dos tercios del Senado.

El proyecto plantea que la selección de fiscales también debería ser con audiencias públicas y criterios de paridad de género. Dicen que se debe apurar la implementación del sistema acusatorio. Sugieren crear una policía judicial que trabaje con el Ministerio Público Fiscal. 

También analizaron las funciones de la Oficina Anticorrupción y la posibilidad de que se contemple su traspaso al Ministerio Público, algo que no definieron. Sí postulan que el o la titular de la OA sea elegido a propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado y que siga en la estructura del primero pero con menos funciones. Los asuntos penales debería derivarlos a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Debería enfocarse a la prevención y control.

Consejo de la Magistratura

Para el consejo asesor, la composición actual de trece miembros no es equilibrada y no respeta la Constitución. Esbozaron un consejo de 16 integrantes (4 jueces/as, 4 abogados/as, 4 académicos/as y 4 representantes políticos). Deben tener dedicación exclusiva, por lo tanto si son legisladores/as podrían tener representantes. La propuesta es que haya audiencias públicas para elegirlos también y que se respete también la paridad de género.

Dentro de las reformas plantean que los concursos se deben realizar por anticipado, por materias (no para un cargo) y tener un plazo de cuatro años. Los jurados deben ser elegidos públicamente y debe haber criterios de paridad para garantizar el acceso de mujeres y de la comunidad LGBTIQ + a los cargos. En cuanto a los exámenes, señalan que la entrevista no puede valer más de 20 puntos, porque eso es lo que permite manipular ternas. También sostiene que es necesario que el plazo de trámite de una denuncia contra jueces o juezas no dure más de un año (hoy dura tres).

Un tema que podría traer roces con la Corte, como ocurre históricamente, es que el consejo asesor plantea que se debe respetar la Constitución y los fondos del Poder Judicial tienen que ser administrados por el Consejo de la Magistratura. Creen que una ley debe ordenar eso.

Juicio por jurados

El sistema de juicio por jurados se debe implementar en todo el país. Los juristas recomiendan jurados de 12 miembros con paridad de género. La mayoría sostiene que debe ser para casos de delitos con penas superiores a 15 años. Gil Domínguez planteó que se debe incluir a los delitos de corrupción y también algunos procesos civiles (por ejemplo, sobre marcas, servicios de comunicación, salud y acciones colectivas). No hubo acuerdo sobre si puede ser una elección del acusado/a ser juzgado por un jurado popular.

Otro tema espinoso sobre el que no hubo consenso es el modo en que puede hacerse el traspaso de la Justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires y las posibilidades de que lo jueces nacionales pasen al fuero federal (lo que chocaría con el reciente fallo de la Corte sobre Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia). Se señala que debe haber un convenio de transferencia para que pasen prioritariamente a CABA y que no dure más de tres años.