Jaqueado por el escándalo que se desató a partir de la revelación de que había ocultado 1,2 millón de pesos en Andorra, Valentín Díaz Gilligan dejó su cargo de subsecretario general de la Presidencia. El funcionario había sido defendido en primera instancia por el Gobierno, pero luego hasta los dirigentes del radicalismo y la Coalición Cívica –socios del PRO- plantearon que debía apartarse de su puesto. Además, en las últimas horas había sido denunciado ante la Justicia por lavado de dinero y omisión maliciosa en la presentación de su declaración jurada. Mauricio Macri finalmente le soltó la mano.

Díaz Gilligan quedó en el ojo de la tormenta luego de que el diario español El País revelara que ocultó un depósito de más de un millón de dólares en la Banca Privada d’Andorra. La cuenta en esa entidad bancaria estaba a nombre de la firma Line Action, dedicada a la compra y venta de jugadores, radicada en Inglaterra pero perteneciente en un 100 por ciento a empresa panameña denominada Nashville North Inc, de la cual el macrista fue director hasta 2014.

La decisión de recurrir al organismo conducido por Laura Alonso formó parte de la estrategia inicial de apoyo al funcionario caido en desgracia que armó el Gobierno. En ese marco, Díaz Gilligan recibió primero el apoyo de su inmediato superior, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis. “No tiene ninguna empresa offshore ni nada que se le parezca, sino que asesoró a distintas compañías argentinas y extranjeras, y ésta es una de ellas”, dijo De Andreis el viernes en Chapadmal, donde horas más tarde el propio Macri defendió a Díaz Gilligan y dijo que se presentaría toda la documentación para dar las explicaciones del caso.

El fin de semana salió a apoyar a Díaz Gilligan el jefe de Gabinete, Marcos Peña, pero también empezaron a oírse voces dentro de la alianza gobernante que advertían que por la situación en la que estaba el funcionario no debía continuar en funciones. Desde el radicalismo Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, declaró que “debería pedir su separación del cargo, ir a la Justicia y aclarar su proceder” y agregó: “No hay que incomodar al Gobierno, sino ayudarlo”, advirtió.

Dirigentes de la Coalición Cívica cercanos a Elisa Carrió también le bajaron el pulgar. Esta misma mañana Fernando Sánchez manifestó que si estuviera en el lugar de Díaz Gilligan daría un paso al costado y se sumó así a Paula Oliveto Lago, quien había expuesto otra diferencia con sus socios macristas: que la investigación del caso no podía recaer en la Oficina Anticorrupción: “El lugar donde se deben presentar los funcionarios a rendir cuentas es la Justicia. Debería tener un rol fundamental la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Hay que respetar la división de poderes.”

Macri empezó así a pagar un costo político que no estaba en sus cálculos. La salida de Díaz Gilligan empezó a vislumbrarse cuando desde la Casa Rosada dejaron trascender esta tarde que el Presidente esperaba “un gesto” de su parte. El macrista dejó el Gobierno pero deberá rendir cuentas a la Justicia: hoy el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade pidió que se lo investigue por presunto lavado de dinero y omisión maliciosa en la presentación de su declaración jurada.