El ex gobernador Sergio Urribarri tuvo que hacer un movimiento judicial de urgencia en las últimas horas, coordinado con sus abogados Raúl Barrandeguy y Marcos Rodríguez Allende. Sucede que cuando se enteraron que los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa -coordinados por el procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge García- decidieron su imputación e indagatoria por las graves irregularidades de la Cumbre del Mercosur, no les quedó otra opción que pensar una salida rápida para la opinión pública, más en tiempos electorales. Así fue que sus letrados concurrieron este miércoles por la mañana a dejar un escrito en el edificio de calle Santa Fe, firmado por el presidente de la Cámara de Diputados, donde el ex gobernador queda “a disposición, ofrece colaboración y anticipa su voluntad de declarar" en la causa que investiga las desprolijas contrataciones en el encuentro latinoamericano de diciembre de 2014. Se entiende que lo hará sin consulta alguna al cuerpo, tal como lo hiciera el diputado provincial Pedro Báez (FpV-Paraná) o José Ángel Allende (FpV-Nogoyá), en la causa por enriquecimiento ilícito.

El movimiento de pinzas lo tuvieron que adoptar después de la indagatoria al diputado provincial Pedro Báez (FpV-Paraná), quien en su carácter de ex ministro de Comunicación y Cultura de la gestión anterior, reveló que las decisiones en torno a la Cumbre del Mercosur “se adoptaban en altas esferas del gobierno”, lo que provocó preocupación y malestar en los propios abogados de Urribarri y en particular en Barrandeguy, que es del mismo espacio político de Báez, por la forma en que complicó la situación judicial del ex mandatario.

Si bien en un primer momento no se iba a imputar aún al ex gobernador, los dichos de Báez aceleraron los tiempos. Sucede que en principio se entendió que el ex ministro podría hacerse responsable de las imputaciones que le habían hecho, pero no fue así y por ende hubo que adoptar otra estrategia. Por eso fue que se decidió imputarlo también a Urribarri y citarlo a indagatoria para el 31 de agosto. También serán indagados el ex coordinador general de la Unidad Operativa Cumbre Mercosur (UOCM), Hugo Céspedes, histórico funcionario del Ministerio de Economía de la provincia y desplazado por Gustavo Bordet el año pasado, como coletazo de los primeros allanamientos de la justicia en ámbitos gubernamentales, al igual que su colega Gustavo Tórtul, quien oficiara de colaborador directo.

En el escrito -enviado a ANÁLISIS DIGITAL- Urribarri consideró que “estamos todos en peligro si la interpretación de un contenido comunicacional puede constituirse en la base de una acusación penal", en referencia a la contratación de publicidad a través de la empresa Nelly Entertainment SA, propiedad de Jorge Corcho Rodríguez y Facundo De Vido, hijo del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. "He tomado conocimiento que desde el Ministerio Público Fiscal se ha iniciado una investigación que procura determinar si en el curso de aquella gestión se han producido irregularidades encuadrables en algún tipo penal. Desde ya rechazo tal posibilidad. Pero a los efectos de dejar en claro mi actuación legítima, ofrezco mi colaboración en los términos del artículo 16 del Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos. Téngase presente", acotó luego Urribarri.

Más adelante, tras dar toda una serie de explicaciones formales, en torno a cómo se diagramó la Cumbre del Mercosur y cuáles fueron los elementos legales con los cuales contaron, indicó que "lógicamente tuvo un capítulo comunicacional cuyas piezas se confeccionaron y difundieron bajo la misma cobertura legal. Además, específicamente en el tema de avisos televisivos, la temática de los mismos fue claramente institucional y de promoción de valores y activos provinciales, no muy diferentes a decenas de avisos protagonizados por gobernadores hablando de su provincia a lo largo de las últimas décadas".

Cabe recordar que Urribarri ya está imputado también en la causa denominada “madre” por enriquecimiento ilícito, que comprende a su hijo, el actual ministro de Gobierno, Mauro Urribarri; a su cuñado, Juan Pablo Aguilera y a otros familiares directos, que tendrán que desfilar por despachos tribunalicios para dar cuenta de cómo engrosaron sus respectivos patrimonios en los últimos diez años.