La sesión fue iniciada a las 11.17 por el presidente de la Corte Suprema, quien dirige los trámites en su condición de garante constitucional de un proceso en el que Rousseff responde por unas supuestas irregularidades fiscales que la defensa niega y la acusación ha considerado "completamente probadas".
Para que se apruebe la destitución, era necesaria una mayoría calificada de dos tercios, equivalente a 54 votos entre los 81 senadores, una cifra que se presumía accesible para los favorables a la salida de la mandataria por la proporción de discursos que se oyeron desde que comenzó el juicio político.

De los 63 senadores que participaron en el debate, que se prolongó hasta la madrugada del miércoles, 42 anunciaron que votarán a favor de que la mandataria pierda el cargo, 18 se pronunciaron en contra y tan sólo tres no aclararon sus intenciones, pero dieron indicios de que se inclinarán por la marcha de Rousseff.
Los únicos legisladores que no aclararon sus intenciones fueron el ex presidente Fernando Collor de Mello, quien renunció a la Presidencia en 1992 durante un proceso similar al que afronta Rousseff, el laborista Acir Gurgacz y Rose de Freitas, correligionaria del presidente interino, Michel Temer.

Tras la votación, Rousseff fue destituida como presidenta por 61 votos contra 20, en el final de un largo proceso de juicio político, que confirma a Michel Temer como mandatario hasta el 2018.
Una vez proclamado el resultado por el presidente del Supremo, Rousseff estará fuera del poder y confirma a Michel Temer como mandatario hasta el 2018.

Destituida y sin participación

La votación final sobre el juicio político fue separada en dos rondas, una para decidir sobre la destitución de la mandataria, y otra sobre la inhabilitación política por un lapso de ocho años.
En una primera votación, el pleno del Senado decidió destituir a Rousseff y prosigue la votación sobre la prohibición de ejercer cargos públicos en los próximos años.

Entre tanto, el presidente interino, Michel Temer, permanecerá a la cabeza de mando del gigante suramericano hasta finales de 2018, pese a la enorme aura de antipopularidad que le rodea por la implementación (en el poco tiempo que lleva en el poder) de políticas económicas profundamente marcadas por recortes presupuestarios y privatizaciones de servicios y beneficios para el ciudadano común.

Movimientos sociales y políticos, activistas y sectores de la sociedad civil acusan al líder del centrista Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de golpista. Pero Temer también es señalado de retrógrado, esto por echar marcha atrás en las reivindicaciones sociales alcanzadas por los más desfavorecidos, políticas que habían refrendado los líderes del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff.

¿Qué pasó?

Rousseff fue suspendida de sus funciones el 12 de mayo porque el Senado decidió juzgarla por presunta manipulación de las cuentas públicas en 2014 (año de su reelección) y a inicios de 2015.
El proceso fue abierto en diciembre de 2015, y tras recorrer un largo camino por la cámara baja y la cámara alta del Congreso, de recolección de pruebas, presentación de testimonios y otras diligencias por parte de una comisión especial del Senado; Rousseff fue hallada culpable y destituida definitivamente por más de 54 votos (dos tercios del Senado).

Para nadie en Brasil era un secreto que el impeachment contra Rousseff se trataba de un "golpe blando", tal como lo calificó el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel: "Los golpes blandos ya se pusieron en práctica en el continente en países como Honduras (con Manuel Zelaya) y Paraguay (con Fernando Lugo). Ahora, la misma metodología, que no necesita a las Fuerzas Armadas, se está utilizando aquí en Brasil", manifestó.


Una gran farsa
El abogado de defensa de Rousseff, José Eduardo Cardozo, calificó el proceso judicial como "una gran farsa" y un golpe contra la democracia. Durante el proceso, incluso se filtraron grabaciones secretas en las que se desprendía la premisa de que el impeachment solo fue un intento de frenar las investigaciones del megaescándalo de corrupción en la estatal Petrobras que golpeó tanto al partido de Rousseff como al de Temer.

Involucrados 
Por el caso Lava Jato, como se le conoce a las investigaciones anticorrupción en Petrobras, algunos de los acusados por el partido PMBD fueron Renan Calheiros, titular del Senado y primero en la línea de sucesión presidencial después de Temer; el senador Romero Jucá, exministro de Planificación de Temer; el expresidente brasileño José Sarney (1985-1990), de 86 años; así como Eduardo Cunha, el suspendido jefe de los Diputados.


Las grabaciones
"Hay que resolver esa mierda. Hay que cambiar el gobierno para cortar esta sangría", afirmaba en las grabaciones el exministro de Planificación, Romero Jucá, que debió renunciar tras revelarse el audio. El entonces ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, también cayó tras otra filtración en la que se evidenciaba que criticaba la investigación de la corrupción en Petrobras.

Aunque la defensa de Rousseff solicitó a la comisión del Senado incluir tales grabaciones entre las pruebas a ser analizadas para demostrar que el impeachmet carecía de fundamento; el senador Antonio Anastasia (encargado de elaborar el informe final y favorable al impeachment) rechazó el pedido y consideró los hechos "ajenos al objeto del proceso".