"De acuerdo con el análisis de los datos, los documentos y las informaciones relativas al Plan Safra, no fue identificado ningún acto intencional por parte de la Presidenta de la República que haya contribuído directa o inmediatamente para que ocurrieran atrasos en los pagos", señala el documento. 

El texto hace referencia a la acusación de que el Gobierno de Rousseff transfirió con atraso, a bancos públicos, recursos destinados a beneficiarios del Plan Safra, un programa estatal de subvención a productores agrícolas. 

El atraso del envío de fondos a los bancos, que cumplieron en tiempo y forma con los beneficiarios del programa, constituye una especie de préstamo de las instituciones financieras al Gobierno, lo que viola la Ley de Responsabilidad Fiscal. 

Según los peritos, si bien no hubo dolo por parte de Rousseff, la demora en la transferencia de fondos a los bancos viola esa ley. 

"Los atrasos en los pagos adeudados al Banco do Brasil constituyen una operación de crédito que tiene a la Unión (Gobierno central) como deudora, lo que viola lo dispuesto en el artículo 36 de la LRF (Ley de Responsabilidad Fiscal)", señala el documento, divulgado parcialmente por el portal del diario "Folha de Sao Paulo". 

La defensa de Rousseff, sostiene el medio, usará el laudo para concluir que la mandataria no cometió delito de responsabilidad. 

Respecto al segundo delito que se le imputa a Rousseff y también dio base para la apertura del juicio político, el peritaje ratifica parcialmente lo expuesto por la acusación. 

Se trata de la apertura de líneas de crédito suplementarias, que Rousseff autorizó por decreto, sin pedir autorización al Congreso, lo que también puede configurar delito de responsabilidad. 

De acuerdo con los técnicos, tres de los cuatro decretos de crédito que son objeto de denuncia contra Rousseff eran "incompatibles" con la meta fiscal de 2015, año en que fueron promulgados. 

"Existe acción intencional de la Presidenta de la República en la edición de los decretos", señalaron los peritos. 

Agregan en el texto que esos créditos deberían haber tenido previa autorización por parte del Congreso debido a que alteraron la meta fiscal. 

El laudo fue elaborado por tres técnicos del Senado a pedido de la comisión especial de la Cámara Alta que se encarga del juicio político contra la mandataria. 

Esta semana, defensa y acusación presentan sus descargos y testimonios ante la comisión. 

Se estima que la votación final del plenario del Senado, que deberá decidir si Rousseff es absuelta o condenada, se realizará después del 22 de agosto. Se precisan 54 votos, en un total de 81, para que resulte destituida.