Eduardo Cunha, jefe de la Cámara de Diputados de Brasil, aceptó este miércoles un pedido de juicio político contra la presidente Dilma Rousseff por adulteración de las cuentas públicas.

"Es autorizar la apertura, no dar un juicio de mérito; será la comisión especial la que podrá acoger o rechazar el pedido de impeachment", manifestó a periodistas el presidente de la Cámara baja.

Cunha anunció su decisión en una rueda de prensa, en la que aclaró que no encontró ninguna objeción para rechazar la acusación y en la que dijo lamentar haber autorizado un proceso que, en su opinión, el país necesitaba enfrentar.

"No hago esto con ninguna felicidad, sé que es un gesto delicado en un momento en que el país atraviesa una situación difícil" desde el punto de vista tanto económico como político, añadió Cunha.

Los partidos de la oposición que buscan que Rousseff abandone el cargo presentaron el pedido en septiembre. Acusan a la presidente de violar las leyes fiscales del país y manipular las finanzas públicas para lograr la reelección el año pasado.

La decisión del legislador, quien también está investigado por corrupción en el caso Petrobras, ahora será analizada por una comisión de diputados. Si ésta le da luz verde, será votada en el plenario de la Cámara baja.

Con 342 aprobaciones del total de 513 diputados, Rousseff puede ser apartada de su cargo a poco de haber asumido su segundo mandato, el 1 de enero pasado.

El paso inicial para un eventual juicio político a la presidente, cuya gestión es aprobada apenas por un 10% de la población, sumerge a la séptima economía del mundo en una crisis de final incierto tras un año turbulento. A esto se suma una profunda crisis económica: Brasil atraviesa una recesión que durará dos años consecutivos según todo pronóstico, la más larga desde 1930-1931.