La magnitud del despropósito del crédito otorgado por el FMI al gobierno de Mauricio Macri queda expuesta en el siguiente dato: en el año de la peor crisis  económica, social, laboral y sanitaria mundial de los últimos cien años, este organismo financiero internacional entregó asistencia a 85 países por un monto global de 105.529,23 millones de dólares.

Ese dinero fue desembolsado desde marzo del año pasado, cuando la pandemia irrumpió con toda su fuerza devastadora en todos los rincones del planeta, hasta el 25 de febrero de este año, fecha de la última actualización de ese registro.

La conducción anterior del Fondo, liderada por la francesa Christine Lagarde, que a pesar de su pésima gestión, por esos oscuros laberintos de las finanzas globales, fue ascendida a presidenta del Banco Central Europeo, autorizó un préstamo a un solo país por 57 mil millones de dólares, de los cuales desembolsó 45 mil millones en apenas doce meses.

Los números son elocuentes:

* 85 países = 105.529 millones de dólares

* 1 país = 45.000 millones de dólares.

Macri

Esta comparación exhibe que el crédito a Macri fue una operación política-financiera insólita que tiene costos inmensos para Argentina, de los que el gobierno de Alberto Fernández tiene que ocuparse.

Ante esta situación excepcional resulta oportuno plantear qué hacer con la peor trampa económica que dejó el tercer y fracasado en términos políticos ciclo neoliberal de los últimos 45 años.

Existe un aspecto fáctico: el dinero fue entregado al país y el régimen macrista-radical lo dilapidó con obscena impunidad, facilitando una masiva fuga de capitales antes del naufragio.

Este escándalo financiero es el FMIgate o dólares VIP, sin embargo no aparece el griterío de la impúdica legión de indignados por cualquier cosa que colabore para erosionar la base política del Gobierno.

No se cuestiona en la pira mediática a los responsables políticos de ese préstamo y de la dilapidación de esos dólares, ni aparecen fiscales apurados por investigar uno de los préstamos externos más inmoral desde los autopréstamos de grupos económicos luego estatizados en la última dictadura cívico-militar.

Un dato importante para desmemoriados y preocupados por la moralidad de los funcionarios: el primer acuerdo fue firmado por Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger, luego rubricado por Luis Caputo, y el segundo convenio luego del fiasco prematuro, por Dujovne y Guido Sandleris. Todos ellos gozan de un cómodo retiro de la función pública luego de dejar semejante desastre financiero y económico.

Impagable

El repago de ese crédito se estructuró de tal forma de obligar a una renegociación que, apostando a la reelección de Macri, hubiera implicado avanzar con las tradicionales reformas regresivas que constituyen el proyecto político de la derecha.

El préstamo con el FMI es impagable para la economía argentina actual. Un simple juego con números deja al descubierto la dimensión de ese pasivo en relación al stock de reservas y generación de dólares por vía del comercio exterior.

Cuando el 5 de enero de 2006 el gobierno de Néstor Kirchner canceló 9534,8 millones de dólares de la deuda total con el FMI, las reservas en el Banco Central sumaban 28.054 millones de dólares. O sea, ese pago representaba el 34 por ciento de los dólares de las arcas del Banco Central.

En una relación equivalente, para cancelar los casi 45.000 millones del FMIgate las reservas del BCRA deberían sumar 132.000 millones de dólares. Hoy suman casi 40.000 millones, lo que implica que faltan unos 92.000 millones.

Es un escenario de aumento de reservas imposible de considerar, incluso con el panorama muy optimista de calcular un ingreso genuino de dólares vía un superávit comercial anual de 10 mil millones. Tampoco se hace sostenible sumando la posibilidad de reabrir el acceso al mercado voluntario de crédito internacional.

La exposición de estas cifras sirve para dar cuenta de la catástrofe financiera que dejó la alianza macrista-radical, y la insoportable carga que implicará ese crédito hasta con la probable reestructuración con extensión de plazos y eventuales años de gracia.

Flojo de papeles

Quienes toman distancia del lobby del sistema financiero y del deliberado juego al distraído que despliega la fuerza política de derecha local con la complicidad activa de un inmenso dispositivo mediático plantean, con razón, la opción de desconocer esa deuda.

Existe un vicio de origen en el crédito, puesto que fue político para financiar la campaña electoral de reelección de Macri, además de tener una pésima estructura financiera. A lo que se debe agregar que fue suscripto con marcadas irregularidades administrativas, que están denunciadas en la Justicia y que se tramitan en la causa "Codiani, Eduardo Julio c/en s/amparo Ley 16.986" (expediente 7651/2019).

La causa hoy está en la Corte Suprema de Justicia. En este espacio se detallaron, en mayo de 2019, esas irregularidades. 

El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y la Central para la Integración Financiera habían presentado un amparo judicial reclamando información del stand by. Se comprobó que no hubo evaluación previa, ni dictamen jurídico ni decreto presidencial sobre el préstamo.

La valiosa investigación conjunta arribó a las siguientes conclusiones:

1. Cuando se firmó la Carta de Intención y los Memorandos no había siquiera un expediente iniciado (se hizo exactamente una semana después de que se promovió el amparo).

2. No existen actos administrativos del Poder Ejecutivo, del BCRA ni del Ministerio de Hacienda que ordenaran tomar el crédito del Fondo.

3. No hubo dictámenes previos a la toma de deuda con el FMI, ni jurídicos ni del BCRA.

4. No hubo información alguna sobre la existencia de cláusulas de prórroga de jurisdicción para el caso de que hubiera un distracto (extinción de obligaciones) entre la Argentina y el FMI.

5. En los expedientes entregados por el Ministerio de Hacienda no existe acuerdo alguno firmado entre las partes, así como tampoco acto aprobatorio del FMI respecto de los Memorandos acompañados con las Cartas de Intención.

Poder de veto

La responsabilidad de ese fiasco es del gobierno de Macri pero también de las autoridades del FMI, desde Lagarde y el board hasta los miembros de la tecnoburocracia de Washington que lo avalaron.

Aquí aparece la gran trampa del crédito con el FMI. Se concretó con un organismo multilateral en el cual Argentina es socio y el resto de ese consorcio mundial está integrado por países; no por bonistas privados. Y los socios-países dominantes son potencias económicas, sobresaliendo Estados Unidos.

Este último es, en los hechos, "el dueño" del FMI porque tiene poder de veto implícito, atributo que no tiene ningún otro país de la institución. El veto se constituye al poseer el 16,5 por ciento de los votos y los acuerdos financieros especiales como modificaciones estructurales del organismo necesitan el 85 por ciento de los votos.

Una observación sencilla de esas cifras revela el dominio absoluto que tiene Estados Unidos en el FMI. No se puede hacer nada si no es con su aprobación. Por eso, más allá de que el cargo de director gerente correspondió siempre a una figura europea, el espacio de mayor poder efectivo es para el número dos de la institución, que siempre es estadounidense.

Hoy ese puesto está a cargo de Geoffrey Okamoto, pero quien lo ocupó en el momento de la aprobación del inaudito crédito a Macri fue David Lipton. El 1 y 2 del FMI (Lagarde y Lipton) responsables de ese desastre ya no están.

La descripción de cómo está organizado y cómo se reparte el poder en el Fondo Monetario sirve para considerar que un eventual default argentino no sería con una deuda en bonos en carteras de fondos de inversión, sino que sería de un préstamo que tiene como principales acreedores a Estados Unidos y otras potencias.

Postular esa posibilidad sin tomar en cuenta esa cuestión básica en un contexto internacional que no se presenta nada amigable a esa decisión sería ir a chocar contra el muro de un callejón sin salida. No es realista especular con un eventual apoyo de China o Rusia –dos potencias en competencia con Estados Unidos y Europa-, puesto que esas naciones también son parte de esa sociedad global acreedora de Argentina.

Ajuste tradicional

La presión del establishment por un rápido acuerdo apunta a que el gobierno de Alberto Fernández acepte las condiciones tradicionales que exige el FMI: más rápido reducción del déficit fiscal, mayor restricción de la política monetaria, meta más ambiciosa de acumulación de reservas y avanzar en reformas regresivas en materia laboral y previsional.

El bloque de poder económico local ha utilizado al Fondo como instrumento de extorsión a los gobiernos que resisten las políticas de ajuste.

Tan descarado resulta este chantaje que uno de sus voceros estrella publicó que el FMI incluye en las negociaciones con el Gobierno la marcha de las causas judiciales del lawfare. Un disparate que ignora los procesos burocráticos, operativos y técnicos para la definición de un acuerdo financiero con el Fondo Monetario.

Si la cuestión es investigar y evaluar hechos de corrupción, el propio FMI se encontraría en aprietos porque debería brindar respuestas a los motivos que lo llevó a autorizar un crédito violando sus propios estatutos y los límites de asistencia a un país, entregado por razones políticas, sin un procedimiento transparente y que, en definitiva, resultó una operación financiera oscura.

Negociar

Con el camino inviable del default al FMI y eludiendo el sendero del ajuste tradicional, la opción es negociar con firmeza poniendo en la mesa la sucesión de anomalías de ese préstamo.

Pese a lo que publicitan voceros del establishment, el Gobierno tiene la capacidad de explicar y probar que la gestión Macri se endeudó sin cumplir con los procedimientos que exige el derecho argentino y que el FMI lo autorizó sin estudiar la capacidad de repago.

Las evidentes irregularidades son herramientas de negociación para conseguir una tasa más baja, un extenso cronograma de pago, años sin cancelación neta y flexibilidad en las condicionalidades del acuerdo.

La excepcionalidad del préstamo a Macri habilita una renegociación especial de Fernández, quien va recogiendo respaldo a nivel internacional para fortalecer su posición política en la negociación con el FMI, que es lo mismo que decir con Estados Unidos.

El economista Emmanuel Álvarez Agis hizo el siguiente cálculo entre un acuerdo clásico a 10 años y uno especial a 20. Con el primero significaría que Argentina en vez de pagar esa deuda entre 2021 y 2024 lo haga entre 2026 y 2031, con vencimientos anuales de capital de 7500 millones de dólares durante esos seis años. Sumando los vencimientos con acreedores privados en ese lapso, los pagos de intereses más capital sumaría 16.500 millones de dólares promedio por año, "lo cual luce claramente como inviable", sentenció.

Con un esquema de repago a 20 años, los pagos serían de 12.500 millones de dólares por año.

Estos montos muestran que, con mayor o menor elasticidad en el período de pago (10 o 20 años), lo cierto es que el legado más pesado del gobierno de Macri ha sido el FMIgate, que amarró a la economía argentina por años a esa pesadísima ancla política y financiera.