El enojo y la rebeldía tienen una contracara obvia: los caciques necesitan que la economía se enderezca para asegurar su futuro político sin quedar pegados a las consecuencias más duras de una recesión que dan por descontada. La mayoría jugará su reelección el año que viene, cuando las restricciones económicas a las que obligue el pacto con el Fondo estén plenamente vigentes.

El principal argumento que agitan los jefes provinciales es que el grueso del déficit fiscal (un 90 por ciento del total) es responsabilidad de la Nación. El cordobés Juan Schiaretti y el salteño Juan Manuel Urtubey lo pusieron en números esta semana, en medio de nuevos planteos por los desequilibrios en la política tarifaria, mientras el debate por los aumentos se dirime en el Senado. El salteño se jactó además de que el equilibrio de su provincia le permite seguir cumpliendo con sus obligaciones "normalmente" y pagar sueldos sin retrasos.

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, fue taxativo: "No soy ni seré el gobernador del ajuste", aseguró. La contundencia no es arbitraria. Su provincia no tiene déficit ni deuda en dólares, una de las herramientas con las que la Casa Rosada cuenta para presionar a los gobernadores. En una situación similar está San Juan. No por nada, el gobernador Sergio Uñac advirtió anteayer que no apoyará el acuerdo con el FMI "hasta no saber cuáles son los condicionamientos". Pero en la Casa Rosada argumentan que muchas provincias están más oxigenadas gracias a una mejora en la coparticipación y a la devolución del 15 por ciento de la Anses. Por eso, entienden, ahora es momento de solidarizar los recortes.

Los gobernadores todavía no tienen claro cómo se concretará el recorte de 30.0000 millones de pesos del gasto en obra pública que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció hace dos semanas. Es otra carga que nadie sabe cómo se va a repartir. “Acá, en lo que va del año, solo ejecutaron el 10 por ciento del presupuesto para obras. El ajuste está hecho en la práctica”, se quejó el ministro de Hacienda de una provincia del norte.

El panorama incluye un último elemento común: la presión para reabrir paritarias que los gremios estatales ya se hacen sentir en varias provincias. Los gobernadores dieron aumentos salariales en torno al 15 por ciento, pero se comprometieron a revisarlos si la inflación superaba ese porcentaje.

Distinta es la posición de los gobernadores cuyas provincias están en situaciones menos holgadas. Advierten que todavía no se recuperaron del ajuste que debieron hacer el año pasado después de firmar el Pacto Fiscal y que no tienen margen para recortar más. El congelamiento de las contrataciones y de los sueldos en el sector público fueron las principales vías de ahorro.

Hay distritos con las cuentas en rojo, como Chaco (prevé cerrar el año con un déficit de 5.000 millones de pesos), que, en cambio, preparan nuevos recortes. El gobernador Domingo Peppo abrirá un plan de retiro voluntario que espera que acepten unos 7.000 agentes, el 10 por ciento de los empleados públicos. Impulsará otras medidas de "austeridad", como el recorte de viáticos, autos y alquileres, y la creación de una comisión para controlar el gasto de los Ministerios. También están complicadas las provincias patagónicas, aunque el aumento del dólar y la suba del petróleo les traerá algo de alivio vía regalías. La situación es particularmente compleja en Chubut, que tiene un déficit de 700 millones de pesos mensuales, y en Santa Cruz.

La ausencia de un líder que aglutine a los gobernadores los obliga a negociar de a uno, como pretende el gobierno. Saben que la dispersión les saca fuerza, aunque también priva a la Casa Rosada de un único interlocutor que facilite los acuerdos. Pese a sus realidades económicas dispares, los gobernadores están de acuerdo en el discurso. “Gobernabilidad sí, ajuste no”, repiten mientras esperan la negociación con Macri. Saben que la puja es ineludible.