El Plan Ahora 12, que vence el próximo viernes, es posiblemente, junto con Precios Cuidados, uno de los legados exitosos de la gestión kirchnerista. De ahí que, en pos de alentar el consumo, el Gobierno anunciará la semana que viene que lo renovará hasta enero. Lo hará luego de largas negociaciones con los bancos, que advirtieron que lo mantendrán vigente siempre que no se apruebe en el Congreso el proyecto que busca eliminar los aranceles que cobran a los comercios por el uso de tarjetas de débito.

"Si aprueba la ley en el Congreso nosotros nos corremos", dijo a LA NACION un banquero, con la condición de no ser identificado. "Si sale la ley, es obvio que el programa se replantea porque es insostenible", coincidió el ejecutivo de otra entidad, también al tanto de negociaciones con la Secretaría de Comercio.

Según explicaron en los bancos, el contrato de Ahora 12, aun en los tiempos de Axel Kicillof, incluyó siempre una cláusula que permitía rescindirlo comunicándolo con 10 días de anticipación. En tal sentido, aseveran, de aprobarse al ley del Congreso no harían falta mayores tramites para salirse del contrato.

Consultados al respecto, en tanto, fuentes de Comercio afirmaron que "el programa Ahora 12 es de carácter voluntario y es muy valorado por los consumidores y por los comercios. Ninguna tarjeta de crédito está obligada a participar y si alguna de las actuales decidiera dejar el programa, sólo debe notificarlo a la secretaría".

En las entidades advierten que el proyecto de ley en el Congreso, que baja del 3% al 1,5% las comisiones por compras con tarjetas de crédito y elimina las que se pagan por las de débito, que están en el 1,5%, pone en riesgo no sólo el Ahora 12, sino también todos los planes de promociones para el pago con plásticos.

El costo de financiar las compras en 12 cuotas sin interés se asumía hasta ahora en forma conjunta entre el Estado y los bancos. Ya que, por un lado, las entidades financian a los comercios que venden en cuotas a una tasa mucho más baja que la de mercado y el Banco Central, por el otro, les reduce en esos casos las exigencias de capital (y por ende, les baja el costo financiero a los bancos).

"Ese arancel que cobramos es lo que después volcamos en promociones. A partir del proyecto de esa ley, por ejemplo, en las operaciones de débito iríamos a pérdida. No podemos en tal caso financiar más promociones", explicó otra fuente del sector financiero. "Acá esta ley lo que busca es transferir una ganancia de un sector a otro, pero no va a redundar en una mejora para el consumidor: no creo que ningún comercio baje los precios porque les bajaron el 3% de arancel", deslizó.

Según detallaron desde una tarjeta de crédito no bancaria, el arancel promedio que, en la práctica, se cobra hoy es del 2,7%. Ese porcentaje, asegura la fuente, contempla un 0,45% para el financiamiento de promociones; 0,83%, de costos de recaudación; 0,14%, del impuesto a los Créditos y débitos y 0,6% de morosidad, entre otros ítem. "El margen no es grande, además los costos para una tarjeta no bancaria son diferentes a los de las bancarias", dijo.

La realidad es que no sólo los bancos no avalan el proyecto que ya tiene media sanción en el Congreso, sino que tampoco el Gobierno estaría de acuerdo con la propuesta, aunque sí considera que la industria financiera debería bajar sus costos. De hecho mientras se discute en el Congreso el proyecto que fue impulsado por la Confederación Argentina de Mediana empresas (CAME), en la secretaría que encabeza Miguel Braun trabajan en una propuesta que contempla una baja gradual de comisiones, a lo largo de un plazo de entre tres y cinco años.

"La politica del Banco Central y de Comercio es la de no regular aranceles, pero sí fomentar la mayor competencia posible para que bajen solas", explicó una fuente del Central.