Un comunicado distribuido por la Cancillería argentina -y replicado en las otras capitales- señala que los ministros de los 4 países le comunicaron a la administración de Nicolás Maduro “el cese del ejercicio de los derechos inherentes a la condición de Estado Parte del Mercosur” de Venezuela.

Apenas un rato antes de que se formalizara la anunciada suspensión, la canciller bolivariana, Delcy Rodríguez, había considerado nula esa medida y dado por seguro que caracas seguiría ejerciendo la presidencia del bloque y participando "con derecho a voz y voto en todas las reuniones como Estado parte".

"Venezuela no reconoce este acto írrito sustentado en la Ley de la Selva de unos funcionarios que están destruyendo el Mercosur", sostuvo la diplomática, que se quejó por el hecho de que "ciertos medios han dado a conocer la falsa notificación de suspensión" del país. "Esa notificación no existe", aseguró.

Para entonces la suspensión era inminente y algunos medios, entre ellos el Folha de San Pablo, ya manejaban parte de la carta en la que se oficializó la medida. Venezuela, miembro del Mercosur desde el 2012, tenía hasta el jueves plazo para aprobar varias resoluciones internas del bloque que aún adeuda, según habían decidido Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

“Venezuela contó con cuatro años para incorporar la normativa vigente del Mercosur y se le otorgó un plazo adicional para honrar sus obligaciones, que finalizó el 1 de diciembre de 2016, y la medida adoptada regirá hasta que los Estados Partes signatarios del Tratado de Asunción convengan con ese país las condiciones para restablecer el ejercicio de sus derechos como Estado Parte”, explica el comunicado.

En Brasil, el canciller José Serra no se explayó sobre la cuestión, pero confirmó la medida: “ya se había anunciado si no cumpliera ciertos requisitos, y así fue", señaló. La polémica de fondo se había abierto por la decisión de Caracas de asumir la jefatura pro témpore en agosto, cuando terminó el mandato de Uruguay, paso que rechazaban sobre todo Brasil, Argentina y Paraguay, al considerar que en el país no se daban las condiciones de institucionalidad.

Los tres países, a los que se sumó luego Uruguay, encontraron entonces el camino para zanjar la situación: dispusieron de una presidencia pro-témpore colegiada y apuraron a Venezuela a que apruebe en casi dos meses los 112 instrumentos y casi 300 parámetros requeridos para integrar el bloque.

Este viernes, en su cuenta de la red Twitter, la canciller Rodríguez llamó a los pueblos del grupo "a no dejarse arrebatar sus mecanismos de integración, secuestrados por burócratas intolerantes" e insistió en que Venezuela "seguirá ejerciendo la presidencia legítima y participará con derecho a voz y voto en todas las reuniones como Estado parte".

El diario Estado de San Pablo, en tanto, escribió que los cancilleres se reunirán el 14 de diciembre, cuando se definirán las "sanciones" contra Venezuela. La suspensión formal de Caracas se dio pese a que el jueves Venezuela activó el "mecanismo" para la "resolución de controversias" por "agresiones y hostigamiento" en contra de su presidencia pro témpore del bloque.

La misma canciller Rodríguez difundió anoche un documento en el que se solicita "iniciar las negociaciones directas con respecto al cumplimiento de la República Bolivariana de Venezuela conforme el Protocolo de Adhesión suscrito en julio de 2006 y vigente a partir de agosto de 2012".

También se critica, en este documento, "el desconocimiento ex profeso" por parte de los miembros del Mercosur de la jefatura pro-témpore del bloque que, según el texto, le correspondía plenamente a Venezuela "sin que hubiere elementos legales y jurídicos que imposibilitaran tal función".

En otro mensaje, la ministra de Exteriores dijo: "Requerimos de igual forma a los países que vulneran la institucionalidad de Mercosur que se abstengan de cualquier acción contra nuestro país".

El pasado lunes la canciller convocó a los ciudadanos a acudir el jueves a las embajadas venezolanas en los países socios del Mercosur para expresar su apoyo a la permanencia del país caribeño en el bloque subregional, y por eso hubo algunas manifestaciones menores frente a las sedes diplomáticas. En la misma línea de queja, el representante permanente de Venezuela ante el Mercosur y la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), José Félix Rivas, aseguró que el plazo que otorgó el bloque regional a Venezuela para adaptarse es "totalmente inventado" y fue planteado "dentro de un marco de ilegalidad".

En Montevideo, el diplomático alertó que la decisión de suspender a Caracas "involucra un acto de discriminación política utilizando una serie de tecnicismos para justificar lo injustificable, legitimar lo ilegitimable". También el jueves, el Parlasur fue más ambiguo al aprobar una iniciativa en "reafirmación del respeto a las normas y la institucionalidad del Mercosur" consensuada por el oficialismo y la oposición venezolana, texto que reafirma "la importancia de que los Estados parte preserven y protejan las normas fundacionales y la institucionalidad" del acuerdo.