Juan José Aranguren daba las últimas declaraciones de la conferencia de prensa que compartió con Marcos Peña y Germán Garavano en la Casa Rosada cuando la cartera que dirige recibió una visita inesperada: funcionarios judiciales acompañados de efectivos de las fuerzas de seguridad. No fue un allanamiento en sí, sino una "orden de presentación con allanamiento en subsidio", es decir un procedimiento en el que se requiere la entrega de material y en caso de una negativa se procede a hacerlo por la fuerza.

La orden la dictó el juez Luis Rodríguez, a raíz de una denuncia presentada por los diputados massistas Graciela Camaño y Marco Lavagna. El caso había sido adelantado por Infobae el martes y refiere a posibles irregularidades en el comercio de gas.

Los legisladores apuntaron contra el decreto 893/2016, publicado en el Boletín Oficial el 26 de julio. Esa resolución determinó que "la autorización de exportación de gas natural será emitida por el Ministerio de Energía", en el caso de que sean temporarias y estén destinadas a brindar asistencia ante situaciones de emergencia. A su vez, posibilita la utilización de la infraestructura de los países vecinos en el transporte del gas natural al mercado interno argentino.

Según Camaño, detrás de ello puede que exista un negocio en el intercambio de gas natural con Chile a través del complejo Methanex, líder mundial en la producción de metanol.
"Aranguren va a hacer el negocio con su empresa Shell. Esto es una especie de triangulación", afirmó la diputada la semana pasada, y aseguró que "el ministro tiene alguna cuestión con Chile y la exportación de gas".
En el procedimiento, el juez Rodríguez requirió documentación relacionada a esa medida.