"Creemos que es esencial que nuestras conclusiones se hagan públicas y que se permita a los miembros del comité hablar libremente", explicaron ambos en una declaración común.
Stiglitz y Pieth recibieron a finales de julio una carta del gobierno panameño en la que se indicaba que únicamente el presidente de Panamá podía decidir si se publicaban estas conclusiones. 

Ambos expertos renunciaron el viernes. "Durante nuestra primera reunión (a comienzos de junio, en Nueva York) dejamos entender claramente que no podríamos llevar a cabo este trabajo si no había un compromiso del gobierno de difundir públicamente nuestro informe, pero (el gobierno) rechazó comprometerse" a ello, dijo Stiglitz.

"¿Cómo se puede formar un comité de transparencia si uno mismo no es transparente?", se preguntó. En su comunicado, Stiglitz y Pieth estimaron que las restricciones que les fueron impuestas "se acercaban a la censura". "Tuvimos un problema con el gobierno de Panamá, no con los otros miembros del grupo", explicó Pieth a la AFP. En su declaración, Pieth y Stiglitz estiman que las "divergencias irreconciliables" son tan grandes que, en su opinión, la comisión "debería ser disuelta".

Profesor en la universidad Columbia de Nueva York y ganador del Nobel de Economía en 2001, Stiglitz manifestó a la AFP su "gran decepción". Él y Pieth, dijo, eran "muy reticentes" a la idea de renunciar, dijo.

En una entrevista con el diario suizo "SonntagsZeitung", Pieth, que ejerce como docente de derecho en la Universidad de Basilea, se refirió a su vez a la carta reimitida por el gobierno panameño como "bastante grosera". "No redactamos informes secretos. La transparencia es la primera regla para contar con una plaza financiera limpia", señaló.

"El gobierno hace promesas, pero no tienen efecto, no se aplican. El gobierno de Panamá está bajo la presión del mundo de los negocios, está dando marcha atrás", lamentó.

El gobierno del istmo creó el Comité Independiente de Expertos para el Centro de Servicios Financieros y Corporativos de Panamá el pasado 29 de abril, en respuesta al escándalo de los Panama Papers, con el objetivo de evaluar las prácticas financieras vigentes y proponer medidas para fortalecer la transparencia y la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.