El inventario  que realizan policías y delegados judiciales sobre los elementos secuestrados en el Depósito de Tribunales, resulta cada vez más extenuante y cada día parece que el trabajo demandará más tiempo del que estaba previsto. A su vez, cada estante que es revisado confirma que faltan armas de fuego, principalmente que deberían estar allí como efectos secuestrados vinculados a causas penales.

Ayer fue entrevistado informalmente por el fiscal Ignacio Aramberry el dueño de la armería ubicada en la zona del Parque Gazzano, donde el Superior Tribunal de Justicia tiene una cuenta para la adquisición de municiones para las pericias. A este lugar iba el perito balístico del STJ, Antonio Daniel Vitali, imputado por el robo y venta de armas incautadas. El comerciante dio precisiones acerca del movimiento de su negocio y acerca de la presencia de los sospechosos en su local.

No hubo nuevos allanamientos en otros lugares para buscar elementos probatorios, pero no se descarta que los hubiera en los próximos días. Se están analizando lugares de la ciudad donde existen cámaras de vigilancia (tanto del 911 como privadas) que podrían haber registrado movimientos o encuentros entre los acusados, que podrían referir a los acuerdos o pasos para la comisión del delito.

Según la imputación, Vitali era el jefe de la organización, el empleado judicial Maximiliano Bertoni quien sacaba las armas, Javier y Horacio Brítez (padre e hijo) quienes las aguantaban en una vivienda, y mario López y Eduardo Borgogno se dedicaban a venderlas. Georgina Vega es la única acusada de comprar un arma, y el encargado del Depósito, Fabricio Santapaola, sospechoso de omitir sus funciones básicas. Vitali, Bertoni, Borgogno y López están con prisión preventiva por 30 días, los demás libres pero con restricciones.

Mientras tanto, las autoridades judiciales iniciaron sumarios administrativos que ya fueron comunicados a Vitali, Bertoni y Santapaola, y hasta que se resuelva la causa cobrarán la mitad del sueldo, como lo establece la ley.