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NACIONALES

12 de mayo de 2015

Casación archivó la denuncia de Nisman a la Presidenta por supuesto encubrimiento de la AMIA

Así se le da el cierre definitivo a la causa.

Luego del dictamen del fiscal Javier De Luca que desistió del recurso de apelación que había formulado su colega Germán Moldes, la Sala le dio el cierre definitivo al caso, en el que estaban acusados la presidenta Cristina Kirchner y funcionarios del gobierno nacional.

La Cámara Federal de Casación Penal dio hoy el cierre formal y definitivo a la denuncia presentada por el ex titular de la UFI AMIA, Alberto Nisman contra funcionarios del gobierno por el encubrimiento del atentado.

Luego del dictamen del fiscal Javier De Luca que desistió del recurso de apelación que había formulado su colega Germán Moldes, la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Luis María Cabral, le dio el cierre definitivo al caso.

"El Tribunal resuelve tomar razón del desistimiento formulado por el sr. Fiscal General ante esta Cámara" por lo que quedó firme el archivo de la denuncia resuelto por la sala I de la Cámara Federal porteña, que a su vez había confirmado el fallo del juez federal Daniel Rafecas.

"En atención a lo manifestado por el señor Fiscal General ante esta Cámara a fs. 863/876vta., en virtud de lo dispuesto por el art. 443, tercer párrafo del C.P.P.N., corresponde tomar razón del desistimiento formulado por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara!", dice el fallo.

De Luca presentó semanas atrás su dictamen en el que desistió de la apelación presentada por su colega Germán Moldes para que se abra la investigación, al considerar que los hechos denunciados por Nisman no constituyen delito.

Al desistir el fiscal de la apelación Casación no tuvo otro camino procesal que cerrar la posibilidad de abrir el caso.

El fiscal fue contundente al señalar en su dictamen fundado que "no es posible avanzar en las propuestas procesales de prueba de algunos hechos de la denuncia, porque tales hechos no configuran delito".

Con respecto a las medidas de prueba que había propuesto el fiscal de primera instancia, Gerardo Pollicita, para De Luca "son totalmente impertinentes porque su producción sólo nos conduciría al mismo punto en el que estamos hoy, a la confirmación de hipótesis no delictivas".

La denuncia de Nisman ya fue desestimada por el juez Daniel Rafecas, resolución confirmada por la Cámara Federal.

"El caso no encaja en el grupo de investigaciones cuya clausura es considerada prematura, porque en autos lo que se pretende es la investigación de conductas que no constituyen delito alguno", concluyó De Luca.

Las presentes actuaciones tuvieron su inicio el 14 de enero de este año a raíz de la denuncia formulada por el entonces fiscal a cargo de la Unidad de Investigaciones del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA, Alberto Nisman.

Tanto el fallecido fiscal, y el fiscal Pollicita, en su requerimiento pretendían la investigación de un supuesto "sofisticado plan delictivo" que habría sido elaborado, negociado y concretado por Cristina Fernández de Kirchner –Presidenta de la Nación–, junto con Héctor Marcos Timerman –Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación–, Andrés Larroque –Diputado Nacional–, Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil, Héctor Luis Yrimia –abogado y ex Fiscal–, Luis Ángel D´Elia, Fernando Esteche y un sujeto identificado como "Allan" que, se trataría de Ramón Allan Héctor Bogado.

Para NIsman todos ellos estarían confabulados para lograr la impunidad de los imputados iraníes de la causa que investiga el atentado a la AMIA, bajo la forma de ayudarlos a eludir la investigación y a sustraerse a la acción de la justicia argentina.

Aquel objetivo se habría llevado a cabo, según Nisman, a través de la suscripción del "Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán.

El mencionado instrumento, para Nisman, lograría el fin de impunidad a través de dos elementos principales: por un lado la creación de una "Comisión de la Verdad", cuyo fin oculto sería la desincriminación de los imputados iraníes y, por el otro, –y éste sería el principal interés iraní en la suscripción del tratado– la negociación por parte del Estado argentino de la baja de las "notificaciones rojas".

Sin sorpresas, De Luca dictaminó en igual sentido que el juez Daniel Rafecas y que la mayoría de los integrantes de la Cámara Federal, que desestimaron la denuncia de Nisman. Ahora el caso quedó definitivamente cerrado.

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