Mientras crece la tensión política en Paraná por el procesamiento del intendente de Cambiemos, Sergio Fausto Varisco, acusado de formar parte de una organización dedicada al narcotráfico, sus abogados apelarán ante la Cámara Federal el fallo dictado la semana pasada por el juez Leandro Ríos.

Lo cierto es que en paralelo al plano judicial, la crisis institucional podría llegar a dirimirse esta misma semana en el Concejo Deliberante, donde Varisco debería presentarse más que para dar explicaciones, para dar un paso al costado mientras la causa sigue una marcha que parece ser inexorable.

Como se sabe, Varisco está acusado de formar parte de una organización criminal dedicada a la compra, venta y distribución de estupefacientes utilizando recursos y la estructura del Estado municipal. El auto de procesamiento, de 298 carillas, como adelantó PáginaI12, describe en detalles lo que el juez Ríos define como una asociación ilícita que surge de un “acuerdo político” entre Varisco y Daniel “Tavi” Celis, el jefe narco detenido, procesado en esta causa junto con el intendente y otros funcionarios. De Varisco se dice que era el “financiador/adquirente” de la cocaína que comercializaba la banda.

 Horas después del procesamiento, en coincidencia con la incorporación del mediático abogado Mariano Cúneo Libarona al equipo de abogados de Varisco (Miguel Cullen y Rubén Pagliotto), la defensa hizo el vano intento de lograr que el juez revocara su propio fallo; ahora no les queda más que apelar ante la Cámara. Más que vano, el intento de revocatoria fue banal porque se fundamentó en una declaración a la carta del multiprocesado Celis, quien pidió ampliar su indagatoria para exculpar al intendente Varisco de culpa y cargo. Celis, señalado como líder de la organización criminal, lejos de defenderse, salió a exculpar en forma directa a Varisco y se refirió a la relación que tenía con sus también co-procesados la subsecretaria de Seguridad del municipio y miembro de la Policía de Entre Ríos, Griselda Bordeira, el concejal de Cambiemos Pablo Hernández y el inspector municipal Alan Nicolás Viola. 

En la inesperada ampliación de la indagatoria, Celis aseguró ante el secretario del juzgado federal que el intendente Sergio Varisco “no tiene ninguna vinculación con la causa que se me imputó, y desconozco si es adicto o no”. En forma sintética y directa, sostuvo que sobre Griselda Bordeira  podía decir que cumplía “la función que tenía sobre mi familia, (que) era la de entregar por parte de la Municipalidad un dinero todos los meses, desconociendo la procedencia de ese dinero”.

Respecto de Hernández, “Tavi” Celis precisó que “tenía la misma función que Griselda Bordeira, la de acercar a mi familia el dinero de la Municipalidad, todos los meses, sin saber de donde venía ese dinero”. Por último, el detenido se refirió muy brevemente al inspector municipal Viola, de quien se limitó a manifestar que mantenía con él “una relación laboral”. Esto es difícil de explicar porque Viola estaba en funciones, mientras que Celis está preso desde 2016 por el robo violento a una estancia. A eso se suma que está procesado en otras dos causas, la primera por el hallazgo de una narco-avioneta en Colonia Avellaneda, y la segunda en la que está imputado junto con Varisco, Hernández, Bordeira y Viola, entre otros.

Pero lo principal, lo que dijo supuestamente a favor de Varisco, en un intento de desligarlo de la causa, entra en grave contradicción, porque no explica por qué razón Hernández y Bordeira enviaban mensualmente a su familia dinero procedente del municipio. Celis en ningún momento explica por qué recibía su familia ese dinero cuya procedencia dijo desconocer y que no era, está claro, un subsidio, una ayuda social. Es obvio que la defensa de Varisco va a tener que aportar argumentos mucho más fuertes que la declaración de Celis, para tratar de que la Cámara de Apelaciones revea lo dispuesto por el juez Ríos en su escrito de 298 páginas.

El magistrado procesó a Varisco, Celis, Hernández, Bordeira, Viola, Luciana Ernestina Lemos (esposa de Celis), Eduardo Humberto Celis, Nahuel Jonatan Eduardo Celis, Wilber Figueroa Lagos,  Jonathan Jesús Heintz, Juan Manuel Gómez y Ernesto Ramón González. En el auto de procesamiento afirma que los nombrados “entre los primeros días del mes de septiembre de 2017 y el 2 de mayo de 2018, comercializaron de manera conjunta y organizada cocaína en diversas cantidades, asumiendo y ejerciendo diversas funciones de organización”. A Varisco le atribuye el rol de “financiador/adquiriente”, y a Bordeira el de “adquiriente/colaboradora”, de igual manera que al concejal Hernández, ambos detenidos por decisión del juez federal y enviados a unidades penitenciarias.

 En otro párrafo del texto se afirma que en los allanamientos que se realizaron en los domicilios de los procesados “se encontraron 3,493 kilogramos de cocaína, y otros elementos como armas de fuego y varios celulares y chips” que ahora son analizados. Ríos dice en su fallo que “la cocaína era  suministrada desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por expresas indicaciones y/o solicitudes de Daniel Andrés Celis, quien al momento de los hechos se encontraba detenido en la Unidad Penal Nº 8 Federal, quien adquiría el estupefaciente,   financiaba la actividad de comercialización con fondos provenientes del acuerdo celebrado los primeros días de septiembre de 2017 con el intendente Sergio Fausto Varisco, secundado por el concejal municipal Héctor Pablo Hernández y la Sargento 1º de la Policía de la Provincia de Entre Ríos -activo efectivo afectada en comisión de servicio al Área de Seguridad de la Municipalidad de Paraná- Griselda Noemí Bordeira”.

 En forma complementaria “con fondos propios generados por la actividad ilícita de la organización que dirigía (Celis) y luego encomendaba el transporte de las distintas remesas del   estupefaciente a diversas mujeres de mediana edad cuya identidad aún no ha podido establecerse”, quienes participaban en la distribución de la droga en Paraná, Concordia y otras ciudades de la provincia de Entre Ríos. Sobre la función que cumplía Luciana Ernestina Lemos, la mujer de “Tavi” Celis, se afirma que era la de “mantener la comunicación entre Daniel Andrés Celis y el intendente Sergio Fausto Varisco, mediante  el concejal municipal Héctor Pablo Hernández y la funcionaria policial Griselda Noemí Bordeira, de manera permanente, fluida y secreta, en especial en lo referido a los pagos de dinero y entregas del tóxico que los mencionados funcionarios municipales adquirían, en particular los días 1/12/2017 y 27/4/2018”.

 En el escrito se precisa que Varisco, con la “asistencia y colaboración del concejal” Hernández y la subsecretaria Bordeira “proporcionó periódicamente los recursos económicos necesarios en favor de Daniel Celis para la adquisición y comercialización de estupefacientes (cocaína) por intermedio de los empleados municipales Ernesto Ramón González  y/o Alan Viola y/o Luciana Lemos y otros cuya identidad aún no ha podido establecerse”. Por lo demás, se deja constancia que Varisco, Hernández, Bordeira y González “adquirieron, entre los días 20 de abril y 2 de mayo de 2018, la cantidad de al menos seis panes o ladrillos de cocaína al precio de entre 150 mil y 165 mil pesos por cada uno de ellos, con la finalidad de distribuirlos” en las mencionadas ciudades.

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