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LEGISLATIVAS

31 de mayo de 2018

Con voto dividido de los entrerrianos, la oposición se impuso y convirtió en ley el freno a las tarifas

Tras un debate que se extendió por 12 horas, el peronismo de Miguel Pichetto, el kirchnerismo y otros bloques lograron aprobar, con 37 votos contra 30, el proyecto que retrotrae valores a noviembre pasado y establece un mecanismo de actualización por variación salarial. Cruces, ausencias sugestivas y cambios de último momento. Guastavino y Kunath votaron a favor del freno, De Ángeli en contra.

La oposición ejecutó en la madrugada de este jueves la ofensiva final contra Cambiemos y logró aprobar, con 37 votos contra 30, el proyecto que pone un límite a los incrementos de las tarifas. Con el destino del veto presidencial ya asegurado, el peronismo liderado por Miguel Pichetto, el kirchnerismo y otros bloques le enviaron una señal al Gobierno, que no consiguió imponer su iniciativa para rebajar el IVA de las facturas.
La iniciativa fue sancionada tras un debate agitado, que se extendió durante 12 horas. Si bien circuló durante la jornada la posibilidad de que el texto sufriera cambios y volviera a la Cámara de Diputados, la amenaza se disipó cuando se acordó votar el proyecto en general junto al articulado. Aunque senadores peronistas del interior del país cuestionaron que la ley sólo sea aplicable en el AMBA, donde prestan servicio Edenor y Edesur.
El proyecto, nacido de las usinas económicas del bloque Justicialista y el Frente  Renovador, retrotrae las tarifas a los niveles de noviembre pasado y establece una actualización de acuerdo al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) para los usuarios residenciales y al Índice de Precios Mayoristas para las pymes.
El oficialismo advirtió que el costo fiscal ronda los 75 mil millones de pesos. “Nadie dice de dónde van a salir esos fondos”, advirtió Esteban Bullrich, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y agregó: “Entre hacer las cosas bien y hacerlas para la tribuna hay más o menos 50 mil millones de pesos” de diferencia.
En su dictamen de minoría, Cambiemos proponía reducir el IVA a la mitad para usuarios residenciales (10,5 por ciento) y en seis puntos para las pymes (21 por ciento), con un costo que orilla los 26 mil millones de pesos, compartido entre Nación y provincias. La propuesta había surgido de los gobernadores peronistas Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba). Pero la oposición la consideró insuficiente, y las presiones de Casa Rosada no surtieron efecto.
La flamante ley reunió los votos del interbloque Argentina Federal, con Carlos Menem incluido; el Frente para la Victoria-PJ, referenciado en la expresidenta Cristina Kirchner; la puntana Eugenia Catalfamo; el porteño Fernando “Pino” Solanas; la rionegrina Magdalena Odarda; el neuquino Guillermo Pereyra y dos de los tres senadores por Santiago del Estero -Ada Itúrrez y Gerardo Montenegro-.
El de Pereyra fue un caso particular. El Senador -que preside la Comisión de Energía y Minería y también el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa- había visitado este martes Casa Rosada junto a sus colegas del interbloque Parlamentario Federal, y se presumía votaría en contra. Finalmente lo hizo a favor, aunque reconoció que el texto “tiene un montón de imperfecciones”.
En el seno del bloque Justicialista se consumó la “minirrebelión” del salteño Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador Juan Manuel Urtubey, que tal como había anunciado votó en contra del proyecto del peronismo, sin emitir palabra en el recinto. Su primo, el senador por Catamarca Dalmacio Mera, se pronunció a favor: “Están dadas las condiciones para declarar la emergencia”, puntualizó.
De este modo, al rechazo de Cambiemos se sumaron Urtubey y sus comprovincianos Juan Carlos Romero y Cristina Fiore, además de Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino) y el santafesino Carlos Reutemann. Crexell reveló en plena sesión que negoció su voto en contra ante el propio Macri a cambio de un compromiso del Gobierno para prorrogar la ley de emergencia frutícola, que vence este año.
Otra perlita de la jornada fue la de Adolfo Rodríguez Saá, que en pleno debate regresó a San Luis. En el entorno del legislador omitieron detalles de su intempestiva partida. La compañera de bloque del exgobernador, Eugenia Catalfamo, había defendido en su discurso la necesidad de la ley. Por el contrario, el senador restante por esa provincia, Claudio Poggi, tildó de “injusto” el proyecto por mantener a Edenor y Edesur bajo la jurisdicción nacional.
Además de Rodríguez Saá, se ausentaron la santiagueña Blanca porcel de Ricobelli -antepuso “problemas de salud”-, los misioneros Maurice Closs y Magdalena Solari Quintana, y la sanjuanina Cristina López Valverde (Justicialista).

• Un debate intenso
Al inicio del debate, se puso al hombro la defensa del proyecto el formoseño José Mayans (Justicialista), quien pronosticó que “si no ponemos límite, esto no va a terminar bien”. Remarcó que “hay una emergencia cuando la gente no puede pagar” y acusó al Gobierno de “querer imponer un plan económico que ya fracasó”.
“Más del 90 por ciento de la población está de acuerdo con que votemos este tema de tarifas, porque la gente está saturada con la situación económica, entonces obviamente si la propia coalición no puede juntar los votos en Diputados, ¿qué nos puede reclamar el presidente a nosotros de un programa económico que tiene muchas falencias?”, se preguntó.
Por parte del kirchnerismo, Anabel Fernández Sagasti alertó que “la política energética de Macri es una gran estafa nacional” porque “transfiere millones de pesos del bolsillo de los ciudadanos a un grupo de empresarios amigos del poder”, en particular “Nicolás Caputo, Marcelo Midlin y Joe Lewis”.
María de los Ángeles Sacnun, otra integrante del Frente para la Victoria-PJ, remarcó que “se considera pobre energético al que destina más de un 10% al pago de las tarifas”. En ese sentido, detalló que “a diciembre de 2015, se destinaba el 6% de los ingresos al pago de las tarifas, y a mayo de 2018, sin contar la última corrida cambiaria, es el 21 el porcentaje que se utiliza para dicho pago”.
Por su parte, Norma Durango, del PJ La Pampa, sostuvo que “estos aumentos han trastocado todos los presupuestos y todas las previsiones, justo en este momento de mucha incertidumbre y de crisis, donde hay un dólar altísimo, una suba que cómo siempre se traslada a los precios y lo vemos en el día a día en el supermercado”.
Gladys González sumó su voz en contra. “Hasta el último minuto pensé que los senadores de la oposición iban a elegir la responsabilidad, que iban a dejar de lado sus intereses electoralistas y cortoplacistas. Yo puedo pensar que hay senadores que no les importa, pero la mayoría tiene conciencia. En este Senado hay una expresidenta hay funcionarios que saben lo que es gobernar y lo que significa el efecto negativo de aprobar esta ley”, sugirió la senadora del PRO.
Muy duro fue el cordobés Carlos Caserio, hombre del gobernador Juan Schiaretti, que enfatizó que “el Gobierno se ha encerrado en sí mismo”, y en ese marco sostuvo que “se pudo mejorar esto y se pudo hablar, pero no hubo una decisión firme del Gobierno nacional para buscar una alternativa”.
“Les pido que no rompamos todo. Estuvieron hasta último momento tratando de lograr que no votemos esto. Si para ustedes eso es la política, bárbaro, pero no jueguen con fuego porque nos necesitamos todos”, advirtió Caserio, desafiante.
En la discusión se coló un furcio del tucumano José Alperovich, quien dijo que “nadie quiere que le vaya bien al presidente”. El legislador se corrigió luego, pero su comprovinciana Silvia Elías de Pérez no se la dejó pasar: “Un acto fallido de uno de los senadores nos puso el título de lo que quieren que sea esta sesión: están queriendo que le vaya mal al presidente, pero somos más los que estamos empeñados en hacer lo correcto para que de una vez por todas la Argentina salga adelante”.
Fernando “Pino” Solanas, de Proyecto Sur, subrayó que “este proyecto es un paliativo necesario para poner freno a una política de abusos que castiga a los sectores más carenciados, a las pymes y a grandes sectores de las capas medias”, y denunció que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, “actúa más como representante de las multinacionales que como defensor de los intereses de la Argentina”.
Hacia el final habló Cristina Kirchner, quien se excedió casi 20 minutos del tiempo establecido. “Es mentira que se hayan eliminado los subsidios: se eliminaron los subsidios que financiaba el Tesoro Nacional, pero ahora son los ciudadanos los que están subsidiando la rentabilidad de las empresas”, retrucó la expresidenta, publicó Parlamentario.
Además, Cristina se defendió de las críticas a su gestión, al recordar: “Si no hubiéramos votado la nacionalización de YPF, Vaca Muerta sería de Repsol. Por eso creo que hicimos mucho por la soberanía energética”.
La sucedió Pichetto, quien insistió en que por parte del oficialismo “no llegó ninguna propuesta” alternativa sobre tarifas. El rionegrino aprovechó para meterse en la interna de Cambiemos: afirmó que perdieron la votación en la Cámara de Diputados porque “devaluaron” a su presidente, Emilio Monzó, y cuestionó que “todo lo controlaban en Jefatura de Gabinete esos dos ministros sin cartera”, en alusión a Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.
El jefe del bloque Justicialista pidió “desdramatizar” el debate y aseguró que “nadie está en campaña” con el tema de las tarifas. “No me gusta votar leyes para el veto”, aclaró y recordó: “Este debate no lo empezamos nosotros”.
Al final del debate, el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, le enrostró al kirchnerismo: “Ustedes eligieron otro camino, y tienen que hacerse cargo de la disciplina y el silencio. De los 12 años del colapso energético tienen que hacerse cargo, porque ustedes sabían las consecuencias de pisar tarifas, de subsidiar indiscriminadamente, de perder el autoabastecimiento energético”.
El radical criticó que se haya llegado a esta instancia para “enviar un mensaje” al Gobierno, y sugirió: “Los mensajes en Argentina del 83 a la fecha tienen otra connotación. Cuando la mirada es apocalíptica y un gobierno comienza a transitar los dos años y medio de su mandato y es una coalición opositora que no tiene una raíz peronista, es una señal de alerta”. (APFDigital)

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