La comunidad mapuche Lof en Resistencia de Cushamen se pronunció en contra del documento emitido por el ministerio de Seguridad con el cual el gobierno lanzó un comando unificado para combatir la “lucha insurreccional” de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en las provincias patagónicas. En un comunicado público, en el que pidieron “justicia por el compañero Santiago Maldonado” y la “libertad de su lonko Facundo Jones Huala y de todos los presos políticos mapuche”, repudiaron “la creación de listados de personas, mapuche y no mapuche, que están siendo criminalizadas por ser conscientes de la necesidad de sostener y reivindicar la recuperación territorial; este tipo de accionar apunta a mostrar a supuestos ‘terroristas encapuchados’ como ‘personas peligrosas’, los elementos secuestrados en los distintos allanamientos y represiones son siempre herramientas de trabajo”. 

Hace un año, la Pu Lof en Resistencia de Cushamen fue escenario de una feroz represión que causó heridos de gravedad, además de dejarlos imputados en causas penales. No era la primera vez ni sería la última. El 1 de agosto cuatro escuadrones de Gendarmería desalojaron la ruta 40 donde protestaban por el encarcelamiento de Jones Huala, y avanzaron sobre el territorio recuperado a balazos. Junto a jóvenes mapuches que escapaban de esa cacería estaba Maldonado, quien fue visto por última vez con vida a orillas del río Chubut. El 18 de septiembre el entonces juez de la causa, Guido Otranto, encabezó un operativo allí y en la comunidad de Vuelta del Río, en el que acusó a los mapuches de ser responsables de la desaparición de Santiago, y mantuvo bajo tortura doce horas a dos de los testigos clave de la causa Maldonado. Otranto fue apartado pero sigue instruyendo otra causa, en la cual los gendarmes son querellantes por el corte de la ruta, y en ese expediente imputó precisamente a Matías Santana, testigo fundamental en la investigación por la desaparición y muerte del tatuador. Santana acudió al defensor oficial Fernando Machado, se puso a disposición de la justicia, y será indagado el 9 de febrero.

En la conferencia de prensa que dio a fines de diciembre, Bullrich definió a la RAM como un grupo “etnonacionalista que practica una violencia extrema, que no reconoce al Estado, ni a la Constitución, ni a las provincias”. Los mapuches de Cushamen manifestaron que “la Resistencia Ancestral Mapuche existe y existirá mientras el Pueblo Mapuche siga siendo oprimido por el estado argentino. Ninguna resistencia ha sido pacífica porque siempre hemos tenido que defendernos de los desalojos de nuestros territorios, de la represión, de la muerte y judicializacion constante en los últimos 130 años”.

Cushamen se alinea en el Movimiento Mapuche Autónomo de Puel Mapu (MAP), que reconoce la existencia de la RAM pero aclara que “no es aquella de la que habla el mediocre informe del Ministerio, que pretende seguir con la estigmatizacion del Mapuche como terrorista y un posible enemigo interno”. También expresaron que “las acciones realizadas por la RAM fueron reivindicadas con comunicados donde expresan que no se llevan a cabo en ciudades ni tienen como objetivo atacar a los argentinos pobres como tampoco poner en riesgo a las personas”.

En respuesta al gobierno, enunciaron: “No pretendemos crear un estado paralelo, nuestra lucha es contra los que pretenden enriquecerse a costa de la sociedad. Somos Mapuche, no somos anarquistas, no pertenecemos a ningún partido político de izquierda pero compartimos con estos sectores el mismo sentimiento revolucionario y, como nosotros, entienden que el sistema capitalista atenta contra los territorios y los pueblos que conviven en él. Y reiteramos que no recibimos financiamiento de ninguna organización nacional ni internacional”.