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15 de diciembre de 2017
Los defensores, con más suerte que los fiscales
El Senado dictó resoluciones favorables para prestar Acuerdo a cuatro integrantes del Ministerio Público de la Defensa. La suerte de los conducidos por Maximiliano Benítez hizo que pronto tengan cumplimentado el proceso senatorial. Una muestra de la profunda crisis que vive en los tribunales de Paraná. Los pronunciamientos de la Asociación de Magistrados, mucho que desear.


En la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado se analizó la resolución aprobada este miércoles en el pleno y en la que se determinó la suspensión del tratamiento de los pedidos de acuerdo de los 18 fiscales auxiliares tras la medida cautelar de no innovar interpuesta por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Quiénes tienen mejor suerte, aparentemente, son los defensores oficiales auxiliares, según reconstruyó Página Judicial. Este jueves los senadores dictaron resoluciones favorables para prestar Acuerdo a cuatro de ellos: Alejandro María Giorgio; Pablo Jorge Allende Garrera; Juan José María Giorgio; Eduardo Javier Garay. Los tres primeros designados para Concordia.

Sólo los opositores Roque Ferrari y Raymundo Kisser se opusieron al considerar que los procedimientos de selección fueron idénticos a los de los fiscales auxiliares.

Juan Carlos Arralde, que fue quien hizo el planteo que derivó en la suspensión del proceso senatorial (audiencias públicas), atacó el artículo 50 de la Ley 10.407 reglamentaria del Ministerio Público que autoriza al procurador general, Jorge Amílcar García, a realizar concursos para nombrar los fiscales auxiliares, una figura que aparece en el nuevo sistema acusatorio y que hace muy poco se incorporó al Consejo de la Magistratura, pero aún no se están concursando. Un detalle no menor: el concurso en cuestión fue abierto.

La petición del radical exceptuó del previo paso por el Consejo de la Magistratura a quienes eran secretarios titulares de juzgados que se convirtieron en fiscales auxiliares. Para Arralde y su representada, no obstante, el tema violenta con claridad la Constitución Provincial. “El precedente que puede crear esta situación es de una gravedad institucional pocas veces vista porque se pretende que una ley del Ministerio Público que es de jerarquía inferior se imponga nada menos que a las disposiciones de la Constitución de Entre Ríos, que es la norma primaria y fundante de todo el ordenamiento jurídico provincial”, escribió quien fuera convencional constituyente.

La preocupación del STJ no alcanzó a los defensores auxiliares, quienes gozan de dos cuestiones: del descuido de Arralde y tener como jefe a Maximiliano Benítez, un amigo para todos los vocales.

La figura de defensor oficial auxiliar también fue incorporada con el nuevo Código Procesal Penal, por lo tanto también fue un descuido de los convencionales constituyentes, entre ellos Arralde, que no la introdujeron en la Constitución q8ue cuando se reformaba se estaba a un paso de poner el marcha el nuevo sistema acusatorio.

Este doble estándar es un elemento más que viene a aprobar lo narrado en este sitio en la nota publicada el lunes. Esto es la interna que se vive en los tribunales de Paraná y que tiene en una vereda a un sector del STJ y enfrente al procurador García.

Una voz en el viento

La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos decidió expresar su posición ante un tema trascendente como es la apertura de un proceso de Jurado de Enjuiciamiento a uno de sus representados, como es en este caso el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Rossi.

La entidad, que puede tener una parte de razón, cuestionó que el magistrado en cuestión sea sometido a una investigación “por el contenido de sus pronunciamientos, cuando ellos resultan estrictamente cuestiones jurídicas opinables y enmarcadas dentro del ejercicio de la función constitucional que el cargo le otorga” y, además, “implica una clara injerencia en la labor que diariamente debe asumir el Poder Judicial”.

En la Justicia de Entre Ríos han sucedido cuestiones de magnitud que incluso llegaron a conocer a sectores ajenos a la comunidad judicial, los pedidos de Jury nada más ni nada menos que a dos vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ): Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak. La entidad no dijo una sola palabra ante tamaño proceso que terminó con la eyección de uno de los integrantes del alto cuerpo de justicia.

El caso de la titular del Juzgado del Trabajo Número 2 de Paraná, Viviana Edith Murawnik, quien tuvo mejor suerte que Rossi, no mereció ningún llamado de atención de la asociación pese a que la doctora haya aparecido en su perfil de Facebook con una boleta de Cambiemos. El mal desempeño por el que vocales hicieron la presentación ante el Jury excede a la mera pose de la señora en la red social con una papeleta de un partido político, claramente prohibido por la ley. Es casi unánime el comportamiento de la magistrada. Lo dicen sus colegas en los pasillos, pero quizás no haya llegado a oídos de algún integrante de la entidad. Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial 



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